Está todo dado como para que el Correo Argentino siga dilatando el pago de su millonaria deuda con el Estado. En el proceso concursal en la Cámara Comercial el tema central dejó de ser por estos días el acuerdo pendiente para que la empresa de la familia Macri abone los 4000 millones de pesos que adeuda y pasó a ser si se le concederá al Estado una suspensión de los plazos por 120 días hasta sentarse a conversar otra vez en una audiencia. Hasta ahora, al ser convocados por el tribunal para opinar, el Correo y dos de los síndicos se pronunciaron a favor de postergación. Cuando le tocaba a la fiscal Gabriela Boquín –que fue quien denunció el carácter abusivo y ruinoso del convenio original– le notificaron que debía seguir esperando su turno ya que por los decretos que reglamentaron los conflictos de interés en las contrataciones públicas deberá intervenir de ahora en más la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Estado), que pidió el expediente completo.  

Sólo para que la Cámara decida si va a admitir la suspensión de todo el trámite por 120 días, habrá que esperar alrededor de un mes más. Ese pedido de prórroga fue la carta que, en sintonía con las necesidades del Correo, el Gobierno jugó el día que estaba convocada una audiencia solicitada por sus propios representantes para reformular el acuerdo para el pago de la deuda que la empresa acumula desde hace quince años. Esa audiencia, que duró cuestión de minutos, era la famosa vuelta a “foja cero” anunciada por Mauricio Macri con la intención de dejar el mensaje de que el Poder Ejecutivo se había equivocado y estaba dispuesto a revisar lo pactado. Pero todo sigue en veremos. La excusa para postergar fue la publicación de los decretos sobre conflictos de interés y el informe que –por insistencia del Gobierno y pese a que no está en sus estrictas funciones– realizará la Auditoría General de la Nación, a la que la Comisión parlamentaria Revisora de Cuentas le dio, precisamente, cuatro meses (días hábiles).  

Si las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini conceden el impasse requerido, del acuerdo del Correo no se volverá a hablar hasta después de las elecciones legislativas, con suerte. De todos modos, antes de tomar una decisión, debieron pedir opinión a todas las partes. 

Como para que no queden dudas, el Correo Argentino presentó un escrito en el que dice que le parece muy bien esperar a las conclusiones de la AGN, a la que el Congreso le encomendó una “auditoría de gestión de los intereses del Estado” (si fueron bien defendidos), en las negociaciones de la deuda de la empresa postal de parte del Ministerio de Comunicaciones. También analizará el origen de los créditos concursales y posconcursales, las metodologías de cálculo, los mecanismos de actualización, los costos judiciales, entre otras cosas. “Comprendemos la necesidad del Estado Nacional en solicitar la prórroga”, afirma el Correo. Luego introduce en su escrito una frase que revela su poca inclinación a rever el acuerdo: “No debe descuidarse que el Estado Nacional ha prestado conformidad expresa la última propuesta de acuerdo, tal como se dejó constancia en el acta labrada en la audiencia celebrada el 28 de junio de 2016”. 

La sindicatura general del concurso está a cargo de Raúl Miguel Guelman y con patrocinio de Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios ambos del Colegio de la Ciudad de Buenos, también conocido como “Colegio de la calle Montevideo”, famoso por respaldar golpes de Estado y llevar la impronta de José Alfredo Martínez de Hoz. Enseguida, de manera directa plantearon que no tienen objeciones a la prórroga y argumentaron que ningún acreedor se presentó a la audiencia del 16 de marzo último, aunque la realidad es que no habían sido convocados. Insistieron en que el Estado además de acreedor es deudor, teniendo en cuenta que el Correo también le inició juicios en reclamo por la estatización en 2003, entre otras cosas.

La sindicatura controlante parece diseminar algunas críticas, en especial al Gobierno, respalda a la empresa y termina admitiendo la prórroga. Cuestionó los decretos de transparencia y conflicto de intereses de Macri con el argumento de que “pareciera que se pretende legislar hacia atrás, más allá de que el decreto no modifica la ley de fondo aplicable”. Los controlantes (José Obes, Juan Alberto Krimerman, Atilio Rubén Morossi y Javier Espiñeira) critican el plazo de 120 días y la intervención de la AGN, pero no se oponen a la prórroga. Por último, la sindicatura verificante (Francisco Rovira, del Estudio Cupito y Asociados) dijo que “no tiene objeciones”. 

Ahora el expediente pasará a la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, que deberá revisarlo íntegro. Por los decretos de Macri, ese organismo tiene 15 días para adentrarse en el tema y sacar conclusiones. Recién después la fiscal podrá dar su opinión y análisis sobre la prolongación del proceso a pedido del Estado. Boquín es la fiscal que con su dictamen obligó al Gobierno a asumir el escándalo y frenar el acuerdo que consideraba sumamente desventajoso para las arcas públicas. También fue quien hizo otro dictamen en el que planteaba como una falta ética el hecho de que el Correo hubiera iniciado una demanda al Estado unos pocos días antes de la firma del acuerdo, el año pasado. Y en otro mostró mecanismos dudosos del propio Correo para comprar la deuda a otros acreedores privados. 

Un problema de base es que las propias juezas se mostraron dispuestas a estirar los tiempos, sin avanzar la audiencia para arribar a un acuerdo desde el año 2011.