Sobrepoblación, hacinamiento e imposibilidad de aplicar políticas de reinserción y resocialización fueron los principales problemas que presenta la red de las cárceles y espacios destinados al encierro de personas con diferentes conflictos con el sistema penal y condiciones mentales, entre otras, según indicó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en su informe anual correspondiente al período 2019-2020. En la exposición, que estuvo a cargo del presidente Juan Manuel Irrazábal y el resto de los comisionadas y comisionados del organismo, también detallaron las tareas que desarrollaron entre mayo del año pasado y el mismo mes del corriente para poder revertir esa situación y compartieron recomendaciones para los tres poderes del Estado que contribuirán al mismo objetivo. En tanto, advirtieron que pedirá al Consejo federal de prevención de la tortura que conforme los Mecanismos Locales de Prevención en aquellas provincias que a marzo del año próximo aún no los hayan integrado, que son poco menos de la mitad en el país.

“Venimos a contar lo que vimos, lo que hicimos y lo que queremos hacer”, inauguró Irrazábal durante la exposición remota que desarrolló el Comité ante la Ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo; el titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda; algunos diputados y senadores y referentes de organismos y organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Por ley, debía hacerlo ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, pero aún no está creada. “Lo que podemos decir es que la realidad de los espacios de encierro en el país tiene que ver con la sobrepoblación, el hacinamiento y la imposibilidad de aplicar políticas de reinserción y resocialización”, puntualizó el titular del Comité, panorama que retomó al cierre de la exposición: “Sabemos que esta realidad que debemos transformar nos interpela como sociedad. Y que Estados nacional y provinciales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el resto de los actores del sistema compartimos un objetivo que va a ser valorado en el tiempo cuando la conciencia social esté a la altura de la exigencia de la dignidad humana”.

El CNPT es el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, conformado por comisionados y comisionadas de todo el país y encargado de monitorear la situación de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro. Cárceles, comisarías y alcaidías, pero también centros de retención de chicos y chicas adolescentes y jóvenes, instituciones de salud mental e incluso geriátricos. “Este comité va teniendo poco a poco el rol que la ley le impone y el que nosotros queremos que tenga”, apuntó su titular durante la presentación del informe anual que luego desmenuzaron los y las comisionadas Diana Conti, Rocío Alconada Alfonsín, María Laura Leguizamón, Gustavo Palmieri y Diego Lavado, coordinados por el secretario ejecutivo del organismo, Alan Iud.

Losardo agradeció el informe “muy amplio y abarcativo”, en tanto que aseguró que dentro de la cartera que dirige “este documento va a ser releído y estudiado, en tanto que les pedimos que nos acompañen a realizar avances”. Entre ellas, recogió el guante que dejó el Comité en relación a las modificaciones de las leyes de Ejecución penal de la pena y de Flagrancia, cuyo impacto “negativo” en la situación de las cárceles fue señalado por la institución.

Fresneda, en tanto, expresó su “preocupación” por “el poco acompañamiento de las provincias en relación a sancionar sus mecanismos” locales de prevención de la tortura. .

Temas centrales

Conti señaló que la conformación actual del CNPT, integrado por primera vez en 2017, recibió “una situación de sobrepoblación y hacinamiento en lugares de encierro que es facilitadora y promotora de situaciones de tortura”. La primera conclusión del informe apunta esto: “La cantidad de personas privadas de la libertad está en constante crecimiento desde hace más de una década, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y hacinamiento”, mientras que la tendencia se vio pontenciada “exponencialmente en el trienio 2016-2018”.

Luego, añadió que la pandemia de coronavirus sumó un factor que complicó “aún más” el respeto de los derechos de las personas alojadas en esos espacios, y que si bien la expansión del virus en cárceles pudo ser “controlado”, la situación “explotó en los geriátricos”. Por último, mencionó la necesidad “urgente” que las provincias que aún no conformaron sus mecanismos locales de prevención --estamentos estatales que componen el Sistema de Prevención de la Tortura y que cada territorio debe crear por ley-- lo hagan. De hecho, advirtió que si para marzo de 2021 no avanzaban en el tema, le pediría al Consejo Federal de Prevención de la Tortura “que genere las designaciones que por ley estamos habilitados a hacerlo”. Surge del informe presentado esta mañana que son 14 las provincias que cuentan con mecanismos locales creados por ley o designados, pero solo la mitad se encuentran operativos. Dos han perdido operatividad por falta de designación de sus miembros, cinco fueron creados por ley, pero aún no se han constituidas. El resto de las provincias no avanzó en la cuestión.

Palmieri hizo algunos comentarios sobre los informes de situación en los que pudo trabajar durante el año el CNPT. Entre ellos, se destaca el comienzo de la realización de un registro de casos de tortura que incluyera lugares de detención y cantidad de personas detenidas. “Hemos cumplido con una obligación que el Comité tenía desde hace años”, remarcó, aunque aseguró que el registro ya se estaba trabajando desde diferentes organismos es decir que la principal tarea fue un entrecruce de registros. El objetivo es no solo tener información sobre el estado de situación, sino “poder fijar cuáles son los criterios mínimos de habitabilidad en espacios de encierro, darle razonabilidad discusiones sobre hacinamiento en el país”.

En ese sentido, su colega santafesina Alconada Alfonsín lanzó una aseveración anclada sobre el estado de situación de los espacios destinados al encierro de personas en su provincia, pero que bien vale para el resto del país: “No sabemos de cuánto se trata la sobrepoblación carcelaria. Las plazas se van ampliando por cantidad de camas y colchones, cuando lo que debería establecerse serían las condiciones de habitabilidad de un lugar para desd allí definir los cupos disponibles”, señaló.

Y aquí, la primera y más importante conclusión del informe: hacinamiento. “Hay hacinamiento (en las cárceles y lugares de encierro del país) que hace que no se cumpla con la finalidad de la pena: resocialización, visitas dignas, acceso a estudios y talleres, entre otros”, soltó Alconada Alfons. El comisionado Lavado añadió un punto más: la “debilidad” del Ministerio de la Defensa a la hora de “aportar a cambiar el estado de situación”. “El Ministerio público de la defensa es la parte más débil de nuestro sistema de Justicia. No hay capacitación ni incremento de personal ni recursos” para ese estamento del Estado, lo cual lo vuelve “un convidado de piedra un ausente absoluto en la supervisión de cumplimiento de pena”, describió.