La Cámara de Diputados de Salta avanzó con la media sanción en la implementación del sistema provincial de Promotoras y Promotores Territoriales destinadas a prevenir y combatir la violencia de género, diversidad y familiar, que se aprobó tras un largo debate hasta que consensuaron el texto final de la norma.

Esta iniciativa es de autoría de la diputada Jorgelina Juárez (FdT) y tuvo un largo recorrido por las comisiones desde que lo presentó a principios de año, lo que quedó en evidencia ante la diversidad de dictámenes que se presentaron, incluido uno de Hacienda, que lo quiso convertir en una declaración.

Justamente eso fue expresado por el presidente de dicha comisión, Javier Diez Villa (STF), quien explicó que el dictamen solicitaba al Ejecutivo Provincial que realice un convenio con el Ministerio de la Mujer de la Nación para implementar el sistema, y de esta manera obtener los fondos necesarios, que podían surgir principalmente en el marco del Plan Nacional contra la violencia de Género que tiene un presupuesto de 18 mil millones de pesos.

Diez Villa consideró que la Provincia no está en condiciones de poder sobrellevar la erogación que el sistema de promotoras necesita, pese a reconocer la difícil situación provincial en cuanto a la violencia de género que existe en Salta. Finalmente, el referente del oficialismo accedió a votarlo como proyecto de ley luego de escuchar el debate.

Entre las tareas que tendrán las promotoras, deberán actuar como nexo entre la comunidad y todos los funcionarios y ámbitos públicos que actúen en la materia. También tendrán labores de difusión de los derechos que asisten a las víctimas de violencia, generar espacios de participación comunitaria a través de cursos, charlas, talleres y diversas actividades para ayudar en la detección temprana de casos de violencia y su posterior acompañamiento.

Además, se les solicitará llevar un registro de los casos de violencia de los que haya tenido conocimiento en su actuación y acompañar a las víctimas durante la instancia de denuncia.

Juárez subrayó que justamente busca trabajar principalmente en la prevención de los casos, y que en realidad ya existen personas, principalmente mujeres, que cumplen estas tareas de forma voluntaria y sin recibir ninguna remuneración, ni ayuda monetaria de parte del Estado. Algo que sí está previsto con esta iniciativa y lo que motivó las objeciones de algunos diputados del oficialismo.

Santiago Godoy (PJ) indicó que con la iniciativa se busca avanzar en un trabajo territorial que hasta el momento no se había contemplado en leyes. “Tenemos un buen marco legal con varias leyes que se aprobaron en estos años, también se probó con una emergencia aún vigente y sin embargo seguimos con el problema de la violencia y los femicidios, entonces probemos ahora con el abordaje territorial para ir a detectar los casos antes que pasen a situaciones irremediables”.

"Ejército de buchonas"

Otro punto polémico en el debate fue la postura de Andrés Suriani (STF), el único que votó en contra, y que afirmó que las leyes vigentes “hicieron aumentar los casos de violencia”, según lo que pudo hablar con jueces amigos, aunque sin brindar mayores precisiones.

También señaló que tiene hijas mujeres por lo que “me sensibilizo con el tema”. Pero consideró que los 18 mil millones que destina Nación en medio de una pandemia no se justifican, y que para mitigar la violencia propone llevar a la práctica “los valores familiares”. “Son 18 mil millones destinados a la ideología de género, no quiero un ejército de buchones al servicio del feminismo radicalizado”, dijo Suriani con respecto a las promotoras territoriales.

Cristina Fiore (PARES) descartó que la iniciativa tenga que ver con la denominada ideología de género ni con armar un ejército, “la violencia de género existe y Salta está siempre entre las provincias con más alto índice al respecto”. Además manifestó no estar de acuerdo en que la solución económica para llevar adelante la ley sea exclusivamente con fondos nacionales: “Trabajar en violencia de género es invertir. El Estado tiene la obligación de llevar adelante políticas activas al respecto”. Finalmente, destacó a la autora del proyecto y que haya hecho concesiones con respecto al texto original con el objetivo de buscar consensos para que se apruebe.

El debate se extendió durante casi cuatro horas, y el apoyo al proyecto fue prácticamente unánime, sin embargo, se estancó al momento de votarlo en particular ya que los referentes del oficialismo, Diez Villa y Socorro Villamayor, insistían en incluir en el articulado la firma del convenio con Nación por los fondos.

Finalmente, la mayoría de los diputados optaron por insistir tal como estaba en el dictamen, y consideraron que independientemente del proyecto, el gobernador puede gestionar esos fondos sin necesidad de que se lo digan por ley, así como el sistema de promotoras se puede llevar adelante con fondos provinciales. La iniciativa pasó ahora al Senado.

Recetas electrónicas

Ayer se convirtió en ley la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.553 para validar el uso de Recetas Electrónicas o Digitales, que llegaba desde el Senado con media sanción.

Dicha normativa establece que “la prescripción y dispensación de medicamentos, y toda otra prescripción, puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales”.

También señala que pueden utilizarse plataformas de teleasistencia en salud. Sobre este aspecto la diputada Isabel De Vita (FdT) advirtió que se deberán tomar los recaudos para resaltar el valor de la tarea de los farmacéuticos y evitar que dichas plataformas terminen supliendo la tarea que realizan con el consiguiente riesgo para la salud que eso significa.

Contra las agresiones

En la sesión también obtuvo media sanción el agregado al Código Contravencional de un artículo (74 quater), por el cual se sanciona con 20 días de arresto o equivalente en multa al que ejerciere “actos de discriminación o violencia contra cualquier persona con motivo de alguna enfermedad contagiosa”.

El proyecto presentado por la diputada oranense Amalia Acosta (PJ Sáenz), apunta principalmente a proteger al personal de la salud que sufrió agresiones o actos de dsicriminacion por estar afectados al cuidado de personas con covid.

Homenaje a Humacata

En el segmento de homenajes, además de un minuto de silencio en su memoria, se anunció que la sala de reuniones de la comisión de Salud pasará a denominarse “Sergio Humacata”, en homenaje al recientemente fallecido secretario de Salud por coronavirus.

Varios legisladores también hicieron extensivo sus respetos a los demás fallecidos en la provincia y a todo el personal de salud, seguridad y de aquellas actividades esenciales que se exponen a diario para cumplir con sus tareas.

Intervención a Aguaray

Además, se confirmó que en la próxima sesión finalmente se tratará el proyecto de intervención del municipio de Aguaray, cuyo tratamiento fue propuesto en reiteradas oportunidades por los diputados opositores, pero que los bloques oficialistas bloqueaban.

Si bien se desconoce si contará con los votos suficientes para su aprobación, por lo menos se garantizó el debate en el recinto. Allí se definirá la suerte del intendente municipal Jorge Prado, investigado por la Justicia por haber facilitado el robo de caños del gasoducto Nea, valuados en miles de dólares cada uno.