El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una nueva Ley de Educación Superior (LES), en remplazo de la actual 24.541/95. La norma ya tiene 25 años y tuvo tres modificatorias parciales con las leyes 25.573/02, 25.754/03 y 27.204/15. Si bien al momento de su sanción el texto recibió diversas críticas, se debe reconocer que la LES fue lo suficientemente amplia al punto de que no fue un impedimento para implementar el programa universitario iniciado en 2003. Caracterizar a la LES como meramente neoliberal es una simplificación y para ser más exactos, la norma articuló aspectos de las tres tradiciones universitarias del siglo XX que son el liberalismo, el reformismo y el nacionalismo popular.

El liberalismo sancionó la Ley 1597/85 que tenía solamente cuatro artículos y que se complementó con la 1420/84 de Educación Común. La universidad era arancelada y los docentes eran designados por el Poder Ejecutivo en base a una terna enviada por las Facultades. La institución era elitista y tenía como finalidad profundizar las desigualdades sociales. De ejemplo sirve mencionar que en 1885 concurrían a las universidades de Buenos Aires y de Córdoba solamente 775 estudiantes.

Los reformistas de 1918 promovieron la formación de una cultura humanista, social y sudamericana, y los jóvenes exigieron formar parte de las decisiones del cogobierno. Reivindicaron la importancia de la autonomía en los planos académicos y políticos institucionales. La vocación autonomista no favoreció la sanción de leyes, sino más bien cambios de los estatutos de cada universidad.

El nacionalismo popular universitario fue implementado por el Justicialismo, que elaboró Planes Quinquenales e inscribió el programa educativo y científico como parte del desarrollo nacional. El peronismo sancionó las leyes universitarias 13.031/47, 14.297/54 y la 20.654/74 que estuvieron orientadas a articular más estrechamente la labor de las instituciones, con la búsqueda de la independencia económica, la justicia social y la construcción de un nuevo Estado. Las instituciones fueron regionalizadas y se creó un Consejo Nacional Universitario de coordinación con participación del Ministro de Educación y de los rectores. La regionalización universitaria indujo la creación de la Universidad Obrera Nacional (UNO) que ofertó carreras de ingenierías vinculadas a la producción de cada provincia. El Justicialismo concibió a la educación como parte de la justicia social y en 1947 sancionó la legislación protectora del trabajo docente (dedicación exclusiva y carrera docente) y no docente. Estableció por ley las becas de estudiantes e instauró la gratuidad de la universidad (Dto 29.337/49) y del conjunto de la educación (Dto 4.493/52).

La nueva LES deberá ser parte de un amplio debate nacional con los representantes de la producción, el trabajo y la cultura; tendrá el desafío de articular armoniosamente la autonomía, con la necesaria planificación federal y estratégica del desarrollo; deberá educar en el compromiso social de sus miembros y por la formación de un ideario nacionalista y sudamericano; y tendrá que crear condiciones para que estudien los sectores populares y para el efectivo cumplimiento de los derechos laborales docentes y no docentes.