En 1996 se aprobó en Barcelona la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, que retoma importantes antecedentes establecidos años antes en el Convenio 169 de la OIT. Un llamado a la acción es la realización del Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032), promovido por la UNESCO. Sin embargo, en Argentina, donde la representación de un país monocultural y monolingüe se ha instalado desde la consolidación del Estado-Nación, los derechos lingüísticos no constituyen un tema de debate y muy pocas leyes o resoluciones abordan tal dimensión.

La diversidad lingüística en el país es una realidad silenciada. Las preguntas por cuántas lenguas originarias y migrantes están vigentes a la par del español, cuáles son sus entornos espaciales y comunicativos, cuántas personas conforman las comunidades hablantes, no tienen respuestas consensuadas en las estadísticas. Incluso se clasifican con estatus de “extintas” y parte de un pasado remoto lenguas que los pueblos mantienen o se encuentran revitalizando. También se las suele ubicar en entornos rurales cuando es en las ciudades donde reside un gran número de hablantes. Esta invisibilidad es otra expresión de discriminación y desigualdad social, económica y política.

La coyuntura actual del COVID-19 es propicia para replantearnos los derechos lingüísticos, no sólo como parte de una reparación histórica a los pueblos preexistentes a la conformación del Estado-Nación, sino como una política pública inclusiva que atienda con protocolos plurilingües y pluriculturales la actual emergencia sanitaria y socioeconómica. ¿De qué manera la población accede a la información pública en sus propias lenguas? ¿Cómo reposicionar las lenguas socialmente minorizadas, en otros espacios además del educativo?

Desde 2018, integrantes de los pueblos nucleados en el Tejido de Profesionales Indígenas, en colaboración con lingüistas, antropólogos e investigadores de diversas universidades nacionales, vienen organizándose para exigir al Estado la incorporación de la pregunta por las lenguas en el próximo Censo. Tal como se expuso en el Seminario Internacional “Pueblos Originarios en el Censo 2020 Argentina” (setiembre de 2019), la evidencia demográfica en términos de comunidades lingüísticas (de lenguas originarias, migrantes, de señas) habilitará a contar con datos oficiales que coadyuven a la implementación de políticas lingüísticas, en particular, y políticas públicas, en general. En este sentido, la pregunta por la lengua no solo está relacionada con un aspecto identitario y de preservación de las culturas; sino, en una conceptualización de la lengua como herramienta fundamental para el acceso a otros derechos: educación, salud, justicia, territorio. Se trata, llanamente, de la posibilidad concreta del pleno goce de los derechos constitucionales.

Por cierto, la propia invisibilización estadística lleva a Argentina a presentar una importante demora en materia de derechos lingüísticos, respecto de otros países latinoamericanos. Un reciente documento de la CEPAL recomienda que se incorpore por lo menos una pregunta relacionada con la lengua hablada, la lengua materna o los idiomas que se aprendió a hablar, la que debería aplicarse a toda la población, e incluir otras lenguas minorizadas además de las indígenas. Las rondas de censos de la última década muestra que la gran mayoría de países con población indígena (México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú) incluyen preguntas al respecto. En Argentina, por el contrario, no se cuenta con evidencia equivalente, sino solo con datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (2004-2005) que sesgó hablantes de más de cinco años, y autorreconocidos como integrantes de esos pueblos.

La incorporación de la pregunta sobre las lenguas en el próximo Censo ‒tema sobre el que aún no se ha expedido públicamente el INDEC‒ permitirá diseñar y gestionar políticas concretas que garanticen los derechos lingüísticos de todas las personas y, sobre todo, apuesten a construir sociedades más justas e inclusivas, que pongan en igualdad de condiciones a colectivos, pueblos y lenguas hasta ahora subalternizados. Esto constituye, sin dudas, un paso más, dirigido a desactivar el racismo que aún persiste en nuestras sociedades.

Silvina Corbetta (UNSE), Sofía De Mauro (UNC), Máximo Farro (UNLP), Ana Carolina Hecht (UBA) y Marisa Malvestitti (UNRN)