El ministro de Educación de Brasil, Milton Ribeiro, deberá responder a un interrogatorio de la policía por un posible delito de homofobia relacionado con unas declaraciones en las que vinculó a la homosexualidad con las "familias desajustadas". El juez Antonio Dias Toffoli, miembro de la Corte Suprema, pidió que la policía federal determine una fecha para interrogar al ministro, un pastor evangélico que es el cuarto en ocupar de la cartera de Educación desde enero de 2019, cuando asumió la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro.
En una entrevista publicada a fines de septiembre por el diario Estadão, el ministro de Educación había dicho que a veces los adolescentes "optan por el camino del homosexualismo". Agregó que esto se debe a que son hijos de "familias desajustadas, donde falta la atención del padre o de la madre". Tras recibir una ola de críticas, Ribeiro dijo en una nota oficial que "jamás" quiso "herir o incentivar alguna forma de discriminación". Sin embargo, la Fiscalía General consultó a la Corte Suprema sobre la posibilidad de iniciar una investigación por un posible delito de homofobia, y el caso quedó en manos del juez Dias Toffoli. El delito de homofobia existe en Brasil desde el año pasado, cuando el Tribunal Supremo Federal lo equiparó al delito de racismo. Las penas pueden llegar a los cinco años de cárcel en los casos más graves.
Ribeiro fue nombrado ministro de Educación en julio pasado. El pastor sustituyó al economista Carlos Alberto Decotelli, quien estuvo en el cargo sólo cinco días y renunció en medio de escándalos académicos y políticos por una serie de falsedades descubiertas en su currículum. Antes de Decotelli, había dirigido ese despacho el economista Abraham Weintraub, un polémico agitador de ultraderecha que renunció por fuertes presiones de la base parlamentaria del gobierno. Weintraub había sucedido a su vez al filósofo colombiano naturalizado brasileño Ricardo Vélez Rodríguez, quien también impuso una fuerte carga ideológica a su breve gestión. Rodríguez duró apenas tres meses. Su renuncia era exigida hasta por sectores afines al gobierno.