Con una olla popular, vecinos y vecinas del “Hotelito”, en el barrio Mugica -ex villa 31- reclamaron este miércoles “por el derecho una vivienda digna”, ante la denuncia penal que la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad radicó en agosto, cuando las once familias ocuparon el predio. “No estamos de paso, queremos un lugar para quedarnos”, advirtió Rosalyn Purizaga, que se encarga del comedor que funciona en el lugar. Este lunes 5 de octubre se vencía el plazo para que las familias se retiraran de forma voluntaria pero, como se quedaron, advierten que “pueden desalojarnos en cualquier momento”. El Comité de Crisis del Barrio Mugica y otras organizaciones sociales acompañaron el reclamo.
El predio, que en el barrio es conocido como el “Hotelito”, es un edificio de tres pisos con once departamentos, ubicado en la Manzana 7, junto a la autopista, en el sector de La Containera del Barrio Mugica. La propiedad pertenece al Gobierno de la Ciudad, que la utiliza para alojar de forma transitoria a las familias que tienen que abandonar sus casas durante las obras previstas en el programa de mejoramiento de vivienda, que forma parte del plan de urbanización que la Ciudad tiene para el barrio. “Cuando llegamos estaba todo abandonado, era un juntadero de basura”, relató a Página/12 Purizaga y reclamó que “si nos desalojan no tenemos donde ir”. Su departamento, en el que vive con sus seis hijos, fue el único al que la Policía de la Ciudad logró entrar el viernes pasado, cuando se presentó en el Hotelito. “Yo no estaba pero los vecinos se encargaron de que se fueran porque no traían ninguna orden de allanamiento ni de desalojo”, explicó la mujer.
En el departamento que ocupa Natalia Luna junto a su hijo de tres años hay una habitación con un colchón, un baño sin ducha ni inodoro y una sala vacía, donde la estructura de una cama vieja hace de alacena, con algunos productos de limpieza y unos pocos alimentos. “Para ir al baño usamos el balde”, indicó Luna mientras señalaba un tacho rojo debajo de una canilla de plástico. Ella fue una de las primeras en llegar a la toma del predio, durante la semana de 11 de agosto. “Hacía tres semanas que estaba viviendo en la calle. Cuando alguna conocida podía, me dejaba dormir en su casa, o dejaba a mi hijo y yo me iba por otro lado. Cualquier opción es mejor que volver a dónde estaba”, afirmó Luna. En la casa donde vivía antes, junto a su hermano y su padre, vive también su cuñado, a quien Luna denunció por violencia de género. “Mi hermana vive con él por miedo a lo que puede pasar si lo denuncia o lo deja, pero sufre la misma o más violencia que yo por parte de él”, relató la mujer, que vivió durante un tiempo en La Plata, en lo de su madre, pero ahí tampoco se pudo quedar, y advirtió: “si me voy de acá me quedo de nuevo en la calle”.
De las catorce familias que llegaron en agosto, solo tres aceptaron retirarse de forma voluntaria, con la propuesta de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad: un subsidio habitacional para costear un alquiler, o bien la inclusión en el plan de mejoramiento de vivienda, en los casos en que tuvieran una propiedad a la que recurrir. “En todo momento quienes mantenían la toma fueron advertidos de las consecuencias legales y judiciales del caso”, afirmaron fuentes del organismo porteño y advirtieron que, si bien al principio el diálogo con los vecinos y vecinas fue fluido, luego de que la fiscalía les notificara sobre la intimación de desalojo, “las respuestas fueron evasivas y aquellos acuerdos que se habían planteado en los días anteriores no prosperaron”. Lo que plantean los habitantes del Hotelito, donde viven 35 chicos y chicas con sus respectivas familias, es que el subsidio que propone la Ciudad no alcanza para pagar un alquiler, y que además esas viviendas no estaban siendo utilizadas.
“Con chicos casi no te reciben acá en la villa, se complica mucho conseguir casa por debajo de los 14 mil pesos si sos una familia grande”, relató Rocío, que ocupa uno de los departamentos del tercer piso junto a su madre, sus cinco hermanas y sus dos sobrinos. Cuando llegaron faltaba arreglar el inodoro y limpiar, pero las instalaciones, a diferencia de la mayoría de las viviendas, estaban en condiciones habitables. “Como me redujeron el trabajo por la pandemia, ahora gano sólo 12 mil pesos, que es el único ingreso que tenemos en la familia. Estábamos viviendo de prestado, en lo de una amiga, pero hacía varios meses que ella me había pedido que nos fuéramos: aunque teníamos buena relación, ella necesitaba alguien que le pagara un alquiler y yo ni siquiera podía ayudarla con una colaboración”, señaló Carolina, la madre de Rocío, que trabaja como empleada doméstica en una casa de familia, tres veces por semana, y advirtió que “nosotros entendemos lo que nos explican las autoridades de la Ciudad pero ellos no entienden nuestra necesidad”.
Durante la semana cada mediodía las vecinas y vecinos se organizan para salir a buscar alimentos a los comedores y cocinar para todos. Los fines de semana, en cambio, recurren a donaciones o hacen vaquitas para poder comprar lo necesario. Después de la intimación de desalojo que recibieron las familias el 6 de septiembre, empezó a crecer el miedo dentro del predio. Este lunes vencía el plazo para retirarse de forma voluntaria, y por eso en el Hotelito nadie pudo dormir. “Fue de terror, estuvimos toda la madrugada despiertos, haciendo guardias en la puerta”, relató Rocío y advirtió que “no vinieron a desalojar, pero después de la intervención de la policía no estamos tranquilos porque sabemos que nos quieren echar, y no es humano vivir así”.
Informe: Lorena Bermejo
