Que el agua es un derecho humano y una necesidad básica insatisfecha en las zonas del Chaco salteño está fuera de discusión. Pero como hay otros derechos que se reclaman (la regularización de las tierras en posesión, por ejemplo), la perforación de un pozo para que una comunidad wichí pueda acceder al agua fue judicializada y generó hasta restricciones perimetrales entre vecinos que viven y trabajan esas tierras. Además, según reconoce en muchas ocasiones la Justicia, esas tierras no son de estos habitantes, sino de quienes las compraron en papeles, quienes muchas veces ni siquiera viven en el lugar.
Esta es la situación que atraviesan los integrantes de la comunidad del Pueblo Wichí El Cardonal y la familia criolla Burgos, que coexisten en tierras ubicadas a la vera de la ruta nacional 81, entre Hickman y Dragones, en el departamento General San Martín, ya llegando al límite con Rivadavia.
Este miércoles miembros de comunidades wichí decidieron cortar la ruta a la altura de donde viven ambos grupos para pedir que la Justicia les otorgue una autorización para poder perforar el pozo de agua. El conflicto se encuentra judicializado: los Burgos denunciaron a los wichí por usurpar sus tierras, y éstos presentaron un recurso de amparo para acceder al agua.
Hubo audiencias de conciliación pero nunca llegaron a un acuerdo entre las partes. Con la pandemia los tiempos se demoraron aún más por la falta de funcionamiento normal de la Justicia y para el 16 de octubre se prevé realizar una inspección ocular tras lo cual se espera finalmente que la jueza de Personas y Familias de Tartagal, Carmen Juliá, tome una decisión.
Así lo indicó a Salta/12 el defensor oficial del distrito judicial Tartagal, Luis Gerardo Véliz, quien destacó que “siempre hubo buena voluntad de la jueza” para intentar un acuerdo entre las partes, que finalmente no se logró.
“A los Burgos se les ofreció hacerles un pozo propio”, dijo Alejandro Dean, titular de la Fundación Siwok, a cargo de la perforación del pozo para los wichí. Según su versión, en una de las audiencias la familia criolla propuso esta posibilidad como solución al conflicto. “En ese momento yo no tenía los fondos para hacer ese pozo. Pero entonces fui a hablar con el gobernador (Gustavo) Sáenz, que miró al ministro (de Infraestructura, Sergio) Camacho, y dijo ‘nos vamos a hacer cargo de ese pozo’”. Pero Dean afirmó que dieron esta respuesta en la audiencia siguiente, “los Burgos ya no querían el pozo”.
“Ellos ya perforaron un pozo sin nuestro consentimiento”, dijo por su parte Mónica Burgos, al sostener que desde hace 5 años algunas familias wichí ocuparon unas 300 hectáreas de las tierras de su familia y fue cuando les hicieron la perforación. Pero como el pozo somero llega solo a los 21 metros, el agua es salobre “y necesitan un pozo más profundo”, señaló Véliz.
“Estamos esperando el martillo”, dijo por su parte Teodoro Paz, presidente de la Organización Manos Unidas (wichí), al referirse a la necesidad de una decisión judicial, motivo principal del corte de ruta que realizaron este miércoles. Sostuvo que por ahora la comunidad El Cardonal, que está en las tierras que los Burgos reclaman como suyas, puede acceder al agua que sacan de Las Llanas, otra comunidad cercana de la zona. Sin embargo, “cuando llenaron sus tinacos, que son como 3 de 800 litros, el motor de la bomba (del pozo de Las Llanas), empezó a hacer humo. Entonces ¿Qué pasa si nos quedamos sin agua también? Por eso necesitamos urgente el pozo nuevo”, dijo.
Presuntas intenciones
Desde el momento en que las comunidades wichí ocuparon las tierras en disputa, los Burgos afirmaron que esta era una suerte de estrategia de los terratenientes de la zona para complicar la situación de la familia criolla. Sucede que la familia criolla habita en tierras cuyos titulares registrales son Patricia Scianca, Bernardo Custo y Luis Germán Jahn, este último fue el titular del Ente Nacional de Obas Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) durante la gestión de Mauricio Macri. Paradójicamente, era el titular de la entidad que ahora en Salta intenta dar solución al tema del agua en esta misma zona. Pero además, al lado de las tierras que reclaman los Burgos se encuentra la Finca El Yuto, de la familia Macri. La especulación de los criollos es que existió una intencionalidad de estos titulares registrales de generar conflictos entre la familia criolla y los wichí. El objetivo final: que los Burgos abandonen el lugar.
El crecimiento de la población de las comunidades wichí, en tanto, genera que se muevan entre un lugar y otro para expandirse, consecuencia ello también (sobre todo en esta zona) de la deforestación que terminó acorralando a las comunidades en pocas hectáreas, con un monte degradado.
Mientras, pese a que desde 2010 existe la Ley provincial de Regularización Dominial y Asistencia para los Pequeños Productores Agropecuarios, N° 7658, la ocupación y tenencia de los Burgos no fue regularizada. Y hay comunidades a las que tampoco les regularizaron la ocupación ancestral de sus territorios comunitarios, pese a la existencia de la ley nacional 26.160.
En tanto, según Dean, durante este proceso cuya resolución judicial se espera ahora, la Justicia buscó a “los dueños de la tierra” para poder zanjar la situación “y no aparecieron”. El problema legal para los criollos e indígenas es que si reconocen a un titular registral de las tierras como "dueño", podrían terminar de firmar su propia sentencia de desalojo.
