En el asentamiento de Ampliación Parque la Vega vecinos y vecinas denuncian que la semana pasada ingresó un hombre que apuñaló a un delegado y el domingo, otro que les disparó con dos armas de fuego. Interpretan estos actos como intentos de amedrentamiento para que se retiren del lugar. Según dijeron, desconfían del gobierno provincial. Ya llevan cinco meses esperando soluciones ante el déficit habitacional. 

Javier Alderete es hijo del delegado Yutiel Alderete, quien fue herido con un arma blanca en la espalda. El joven contó a Salta/12 que el autor de este hecho fue un hombre que intentó ingresar al asentamiento y a quien no se lo permitieron. 

"El domingo entró otro hombre supuestamente buscando dos sillas, no lo conocen en el asentamiento. Empezó a revisar carpa por carpa. Cuando lo quisieron sacar del predio empezó a retroceder, hizo tiros, salió por la valla y se fue a la casa de un pariente a la vuelta, tenía dos armas", señaló Alderete. Lograron averiguar el apellido del sujeto, sería Ortiz.

Si bien Alderete contó que ambos hechos fueron denunciados ante la policía, el Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que no hay denuncia radicada y solo se labró un informe policial. Ese documento habla de un conflicto interno en el predio, lo que es desmentido por el vecino. 

Una de las delegadas, Mercedes, precisó en conferencia de prensa que en el asentamiento son 1.100 familias, que integran 1.800 niños y niñas, abuelos y abuelas y personas con discapacidad. 

Señaló que siguen pidiendo al gobierno provincial que haga un censo entre los vecinos y vecinas para determinar quienes tienen necesidad habitacional, y desmontar con ello la versión de que la toma está manejada por "punteros políticos". Esta presunción fue instalada por el gobernador Gustavo Sáenz cuando en mayo sostuvo: "acá hay grupos políticos que están incitando a las tomas de terrenos".

Mercedes señaló que ocuparon el predio ante "la grave situación económica" y los desalojos de los alquileres que vivieron en plena pandemia. La referenta dijo que esperan una solución estatal que les asegure que podrán adjudicarles un terreno. Hay familias que tienen carpetas presentadas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para acceder a un lote social y llevan años esperando. 

Las familias del asentamiento resisten en la precariedad, en carpas. Mercedes indicó que por orden del fiscal Pablo Paz, que actuó primero, después pasó a intervenir el fiscal Horacio Córdoba, no deben "innovar" en el lugar. "Ni los elementos fundamentales para subsistir podíamos ingresar al predio. No nos dejaban pasar agua ni comida, nuestras familias a través de la valla nos pasaban agua y comida para que tengamos", expresó.

Mercedes recordó que el IPV se comprometió en una reunión que tuvieron el 11 de junio a confeccionar un listado de quienes podían ser adjudicatarios de un terreno pero aún no les dieron nada de esto.  

En la conferencia de prensa manifestaron que vienen afrontando amenazas y persecusión policial. Recordaron que sufrieron una represión policial "con más de 100 heridos y cientos de intoxicados con gas pimienta".

Los vecinos y vecinas reclaman respuestas al gobierno provincial y también a la intendenta Bettina Romero. Mercedes hizo particular mención a que la intendenta en su campaña política decía que representaba a las mujeres pero aseguró que no ha visto hasta el momento la situación en que están en la toma junto a sus niños y niñas. Las familias de la toma subsisten con ollas comunitarias, armaron un merendero en el predio pero solo recibieron donaciones de las organizaciones sociales y de derechos humanos.