A más de medio siglo de aquel 12 de octubre con “la llegada del español o europeo”, en 1492, distintas comunidades originarias del país consensuaron un documento en el que solicitan la constitución de un Comité de Crisis que dé respuestas a las emergencias que atraviesan y que se profundizaron con la pandemia impuesta por la covid-19.
“El trabajo entre las comunidades del país es hasta el 11 de Octubre porque el 12 para nosotros es el ‘Día del Exterminio’”, dijo a Salta/12 Miguel Siarez, cacique de la Comunidad Kolla de San Antonio de los Cobres, cabecera del departamento Los Andes.
Siarez afirmó que el documento base que trabajarán las comunidades del país salió de la Federación Kolla de Salta que él representa, y que fue presentado ante la Presidencia de la Nación el año pasado. Indicó que el encuentro virtual previsto, que se irá realizando por etapas al menos hasta el sábado, “está abierto a todos” los integrantes de distintos pueblos y comunidades originarias.
“Nos encontramos en un grave estado de emergencia y/o crisis en nuestros propios territorios, nuestras comunidades indígenas y su organización jurídica de representación indígena; los denominados recursos naturales y medio ambiente en nuestros territorios; el Buen Vivir indígena en cuanto a desarrollo económico, la expresión de la cultura indígena en cuanto a vivienda; la educación como factor de afirmación cultural identitaria indígena; el concepto indígena de salud en las comunidades, la cuestión política y emocional, la crisis psicosocial y sanitaria, entre los más destacables”, indica el documento.
Entre las crisis que soportan, señalaron la “emocional profunda” por el avance de los desalojos en territorios comunitarios, la desnutrición infantil, la violencia física e institucional de las fuerzas de seguridad y la falta de tratamiento legislativo y reglamentario del proyecto de ley de propiedad comunitaria y la obligación del derecho a consulta y consentimiento expreso, además de la invisibilización de conflictos en territorios que los afectan, la violencia de género, el racismo y otras realidades.
También caracterizaron la “crisis política”, dado que entendieron que no está en la agenda política de los gobiernos la urgencia de las comunidades, además de faltar representación democrática de los pueblos originarios en el Estado, “ya sea en los distintos institutos provinciales, en lo nacional en el INAI y por los descréditos de los CPI (referentes del Consejo de Participación Indígena), que mayoritariamente han perdido vigencia hace casi 10 años con la necesidad de su renovación”, indica el documento.
“Dada la situación emergente en que sobreviven las comunidades, nos declaramos en estado de alerta y preocupación, dispuestos a movilizarnos a las sedes gubernamentales”, sostiene el escrito.
Entre otros cambios que consideraron necesarios a nivel jurídico institucional, manifestaron la necesidad de jerarquizar las personerías jurídicas de sus comunidades, que se excluyan sistemas jurídicos ajenos a las comunidades y que se reconozca el término "organización". También reclamaron un fondo de reparación histórica para las comunidades originarias, la creación de un Ministerio Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y el impulso de planes intensivos de salud intercultural que permita “la revalorización de la medicina ancestral”.
Panorama en Salta
Según Siarez, quien además es el vocal del Pueblo Kolla en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta (IPPIS), la invitación es para las comunidades autoconvocadas que quieran formar parte de esta discusión. “Está abierta la invitación a todo el mundo”, dijo anticipándose a objeciones que puedan surgir desde las propias comunidades.
Una de las prioridades de estas reuniones pasa además por regularizar la situación de los integrantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), cuya representación debe ser renovada cada tres años, según dijo Siarez. Sin embargo, “hace 8 años que no se renueva la representatividad” y son los llamados CPI el nexo necesario con el INAI para ejecutar la Ley 26.160, de emergencia territorial indígena. En el marco de esta ley, dijo el referente kolla, ya hay un 60 por ciento de las comunidades que cuentan con su carpeta técnica de relevamiento del territorio, de las 480 relevadas en Salta. El problema en algunos casos (no solo en Salta sino en el país), es que “la Justicia no hace lugar” al reconocimiento de la ley, y los desalojos continúan.
Las reuniones que se harán estos días entre las comunidades serán vía whatsapp “para mandar mensajes o audios”. Este martes se hizo un encuentro entre representantes de comunidades de Jujuy, Tierra del Fuego y San Luis. Ayer fue el turno de los referentes de las comunidades de Salta, Santa Cruz y el Chaco, hoy habrá encuentro virtual de referentes de Tucumán, Chubut y Córdoba. El viernes, de las comunidades de Catamarca, Río Negro y Misiones y el sábado de Mendoza, Formosa y Córdoba nuevamente.