Ni violentos mapuches usurpando tierras ni el Estado cediendo territorio. Lejos de las operaciones de prensa montadas para estigmatizar a pueblos originarios y demonizar al gobierno nacional, el publicitado “nuevo conflicto” en la Patagonia no habría sido más que una decisión poco feliz de miembros de una unidad militar de Bariloche, que se revirtió en pocas horas pero por la que nadie hasta ayer se asumió como responsable. Desde el Ministerio de Defensa aseguraron a Página/12 que "no hay conflicto, ni enfrentamientos. Está todo en manos de la justicia y estamos atentos para entender cuál es el problema".
La historia comenzó entre el domingo a la tarde y el lunes a primera hora cuando efectivos de la Escuela Militar de Montaña “Juan Domingo Perón” entraron a un predio de la comunidad Millalonco-Ranquehue, que desde hace más de un mes construye allí un invernadero junto con vecinos y organizaciones de Villa Los Coihues. El territorio de 350 hectáreas no es objeto de ninguna disputa, ni siquiera es reclamado por privados ya que la comunidad lo ocupa desde fines del siglo XIX, el Estado lo reconoció en el relevamiento territorial enmarcado en la ley 26.160 y hasta cuenta con una mensura que financió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2011.
Los uniformados “se metieron y en lugar de resguardarlo y averiguar de quien era, levantaron todo, cargaron postes, mangueras de riego y baños secos en camiones del Ejército, hasta cortaron árboles frutales”, contó a Página/12 el abogado Matías Schraer. Cuando los miembros de la comunidad se enteraron y se presentaron los militares estaban instalando una carpa. Schraer le mostró los documentos que respaldan la posesión y le explicó al suboficial a cargo que no se trataba de una ocupación. “Dos horas después nos respondieron que habían recibido la orden superior de retirarse”, relató. El martes se presentaron en la Escuela Militar para intentar hablar con su jefe, el coronel Pablo Rolando. “Nos recibieron subordinados, que reconocieron que se equivocaron y que estaban dispuestos a poner los camiones para devolver lo que se habían llevado”, completó.
El episodio pudo haber concluido con una disculpa pero comenzaron entonces las operaciones para sugerir que los mapuches habían ocupado un predio del Ejército. “Fue al revés, el Ejército violó la integridad territorial de la comunidad”, dijo el abogado. Desde la cartera de Defensa sostienen que que “no hay conflicto ni enfrentamientos de ningún tipo” y explicaron que “una patrulla de reconocimiento se encontró con una zona de árboles talados y un principio de construcción” y “ante la recomendación de la justicia montaron una carpa”, aunque luego pidieron “que sea desarmada, lo que fue hecho de inmediato”. “El Ministerio se ajustó a derecho y está todo en manos de la justicia”, dijeron.
En tanto, la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, informó ayer que el organismo no tuvo ninguna intervención en el caso y que se limitó a aportar a la justicia documentación sobre la posesión de la comunidad mapuche. “No hay tierras reclamadas. Hay un territorio relevado y reconocido sin impugnación alguna en 2012”, precisó.
Hasta la incursión militar la comunidad mapuche desarrollaba en el predio un proyecto de huerta y vivero comunitarios con los objetivos de “producir alimentos y multiplicar saberes y aprendizajes”, recordaron las organizaciones de la Mesa Territorial de Villa Los Coihues en su documento para repudiar la acción del Ejército. Plantearon su “rechazo a toda forma de violencia, en especial si es ejercida desde el Estado”, y reivindicaron “el diálogo respetuoso como metodología fundamental de la democracia”. Manifestaron su “apoyo a ésta y las diversas formas de organización colectiva a favor de la producción local, la soberanía alimentaria, los saberes que nos vuelven a la tierra, las relaciones comunitarias, la búsqueda del bien común y el cuidado de la naturaleza”.
