La comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Parlamento del Mercosur aprobó el proyecto que insta a la justicia misionera a que “sentencie con perspectiva de género”, días antes de que recomience el juicio que enfrenta María Ovando, acusada por "haber permitido o no haber impedido el abuso sexual” que sufrió una de sus hijas y una de sus nietas. “Hace ocho años que a María no la dejan en paz”, señaló a Página/12 Roxana Rivas, abogada de Ovando. Este jueves el Tribunal Oral en lo Penal N°1 del departamento de Eldorado, en Misiones, retomó el juicio, que continuará el martes de la semana que viene.
En 2011 Ovando fue juzgada por abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años, cuando la cargaba en brazos desde el paraje Colonia Mado, donde vivía junto a sus 12 hijos, para que la atendieran en un hospital. Estuvo presa durante un año y medio hasta que en noviembre del 2012 el Tribunal dictó su absolución. “Hay un claro mensaje de disciplinamiento porque el caso significó la puesta en público de todas las falencias y las prácticas patriarcales del sistema judicial, y sobre todo del penal”, advirtió Rivas. Según la defensa, conformada también por los abogados Eduardo Paredes y José Luis Fuentes, la acusación que enfrenta Ovando es una respuesta ante la demanda que presentó contra el Estado, y contra el fiscal y el juez que habían intervenido en su caso, por daños y perjuicios. “Son evidentes las irregularidades de la acusación”, aseguró Rivas.
El proceso que enfrenta Ovando entró en pausa hace dos semanas, cuando el juez Atilio León, presidente del Tribunal, dio lugar al pedido de nulidad presentado por los abogados de Ovando y consideró que la vaguedad de la acusación no le permitía determinar qué hecho debería juzgar. Según la defensa de Ovando, la Fiscalía no cuenta con las pruebas suficientes para realizar la acusación. Este jueves y con nuevo integrante, el juez Eduardo Javier Jourdan, responsable de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia, el Tribunal retomó el juicio con la exhibición de las declaraciones de las víctimas en cámara Gesell. “Para María fue muy fuerte escuchar los testimonios. Está muy afectada”, relató Rivas y advirtió que “es preocupante el nivel de hostigamiento en los interrogatorios y cómo las niñas son claramente inducidas a declarar”.
En el juicio, además de Ovando, están acusados Marcos Iván Laurindo y Lucas Sebastián Ferreira, que se encuentran, desde el 2015, cumpliendo con una prisión preventiva en la Unidad Penal N°3 de Eldorado. Los dos jóvenes, de 23 y 24 años, están acusados por "abuso sexual con acceso carnal". “Uno de los chicos era pareja de una de las hijas de María, y el otro era su amigo. Jamás mantuvieron un vínculo amoroso con ella, como dice el fiscal”, señaló la abogada. Tanto la hija como la nieta de Ovando están a cargo de otra familia desde el 2015, cuando la jueza Margarita Potschka resolvió quitarle la guarda. "Cuando planteamos el pedido de restitución, mágicamente apareció la denuncia contra María", detalló Rivas.
A fines de septiembre, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y referentes del feminismo crearon una petición donde reclaman la recusación del fiscal Federico Rodríguez, el mismo que intervino en el juicio del 2011 solicitando una pena de cinco años para Ovando. “El fiscal dice públicamente que a María no la quiere ninguno de sus hijos, quieren instalar la idea de que ella es un monstruo”, sostuvo Rivas. El martes, 13 de octubre, comienza el debate con la lectura de la acusación, para continuar con las audiencias testimoniales.
El apoyo del Parlasur a Ovando
En el proyecto, que fue presentado por la parlamentaría por el distrito de Misiones, Cecilia Britto, y aprobado por la comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, el organismo regional denunció la presencia de “vestigios patriarcales” y una “clara criminalización de la pobreza”, y llamó a las autoridades provinciales competentes a “que brinden a la señora María Ovando y a sus hijos asistencia humanitaria, económica y psicológica” y que garanticen “el cese de la persecución y hostigamiento judicial sobre su persona”.
"Desde su absolución, y a pesar de ello, María jamás fue liberada de la mirada y vigilancia del sistema judicial de la Provincia, el hostigamiento fue constante y sistemático, a veces silencioso", señala el texto. “Una mirada crítica sobre estas prácticas de la Justicia es sumamente importante para que el sistema se sienta interpelado, más allá de los casos concretos”, advirtió Rivas y mencionó el caso de Victoria Aguirre, otra mujer de Misiones, del departamento de Oberá, que en 2015 fue acusada por el homicidio de su hija y estuvo presa durante dos años.
Informe: Lorena Bermejo
