El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a la médica y actual titular del Centro de Hemoterapia Regional, Betina Saracino, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. Ayer la funcionaria concurrió a la audiencia formal de imputación acompañada por su abogado, Marcelo Escudero, y presentó su declaración por escrito.
Para el fiscal, Saracino no sólo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón (según el decreto Nº 998/08), sino que además habría intervenido simultáneamente como directora de la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta (entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario) en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público para la ejecución del servicio.
En el decreto de imputación consta que en el marco de la investigación iniciada de oficio como noticia criminis, se requirieron informes al Centro de Hemoterapia, a la Clínica Virgen de Urkupiña, al Ministerio de Salud (la copia del convenio celebrado con la empresa Servicio de Medicina Transfusional, la copia del expediente de esa empresa, su constitución y sus posteriores modificaciones) y al Instituto Provincial de Salud de Salta.
El Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; el 8 de enero pasado se designó a Betina Andrea Saracino como directora, por medio de memorándum Nº 02/2020, designación que fue ratificada el 1 de agosto último mediante la decisión administrativa 948/20. Según la investigación de la Fiscalía, “en su perfil de LINKEDIN, figura como directora médica de 'Medicina Transfusional Salta', desde agosto de 1988 hasta la actualidad. Los informes técnicos confirmaron que la empresa funciona en el establecimiento de CENESA, donde se confirmó la responsable es Saracino”.
Otro informe del Centro de Hemoterapia Regional revela que entre el 1 de agosto y el 6 de octubre de este año envió 36 unidades de plasma convaleciente covid, de un total de 309 unidades de hemocomponentes, al Servicio De Medicina Transfusional Salta.
En la acusación, Flores consideró que “se desplegaron todos los elementos que constituyen el delito imputado, violentándose el bien jurídico protegido, que es la administración pública y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionaria, a sabiendas que se está interviniendo en un contrato u operación como funcionaria pública y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada”.
“Son dos actividades diferentes”
“No hay incompatibilidad porque son dos actividades diferentes”, dijo Escudero, representante legal de Saracino, al hablar con Salta/12. Entendió que se generó una confusión en la sociedad porque la causa contra su representada se “originó motivo de la causa contra (Martín) de la Arena, que es otra cosa que nada tiene que ver con esto”.
En términos jurídicos sostuvo que el ser directora general del Centro Regional de Hemoterapia no implica que Saracino tenga “un bloqueo de título”, más cuando tiene su laboratorio desde 1985 y es además parte de la planta permanente del Hospital Arturo Oñativia.
Explicó que si bien el CHR tiene los hemocomponentes (pues es el lugar que centraliza la donación de sangre), el proceso transfusional está a cargo de algunos privados entre los que se encuentra la empresa que se le adjudica a Saracino. “La sangre la provee el CHR, pero el proceso de transfusión lo hace la empresa, y se cobra el servicio a las obras sociales”, afirmó al asegurar que “en ningún momento es que alguien compra o vende la sangre”. Una vez que se reciben los hemocomponentes “es el Ministerio de Salud el que factura a las empresas que obtuvieron la sangre para transfundirla”.
“Estamos reventando el sistema judicial”, afirmó Escudero al deslizar una crítica contra el fiscal que, dijo, “tomó una información de una página de internet como noticia criminis”.
Afirmó que a su entender no existe incompatibilidad, al menos no aquellas que se encuentran señaladas en el Estatuto del Empleado Público, más aún en una especialidad en la que “no hay mucho recurso humano”, formado para tal fin. Sin embargo, sostuvo que se deberán expedir sobre el tema los estamentos jurídicos del Ministerio de Salud Pública y de la Fiscalía de Estado.
