Un mes tuvieron que esperar los trabajadores vinculados a la cultura para que la Cámara de Senadores avance en el tratamiento de la Ley de emergencia que aportará una serie de beneficios para el sector. Primero porque el proyecto, que llegó con media sanción de diputados tuvo que  ser analizado en comisiones, después, debido al avance de la pandemia que puso al departamento capital en fase de aislamiento, impidió que los empleados de la legislatura puedan trabajar con normalidad. A eso se sumó que varios de ellos tuvieron que aislarse por haber dado positivo.

Pero ahora, los artistas, bailarines, músicos y artesanos deberán esperar al menos una semana más para que se convierta en Ley, ya que ayer en la sesión de la Cámara Alta, con dictamen positivo de las comisiones de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto junto a la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se aprobó por unanimidad el dictamen que toma como base el proyecto que llegó de Diputados, pero que incluyó algunos puntos de otras dos iniciativas presentadas por senadores.

Las modificaciones al original, llegaron de la mano de las presentaciones de  José Ibarra y Fernando Sanz. Según los dictámenes del Cuerpo legislativo, se trató de generar consenso y aunar criterios entre los tres proyectos, pero este nuevo aplazamiento de la sanción no toma en cuenta la urgencia económica por la que atraviesan cientos de personas que no perciben ingresos desde hace más de seis meses.

Entre las modificaciones se encuentra el período en el que estarán vigentes las medidas, mientras el proyecto de diputados disponía de ayudas hasta el 31 de diciembre, la que salió de senadores estipula 180 días prorrogables.

Otro agregado tuvo que ver con las acreditaciones en el ejercicio de las actividades vinculadas al sector, en el primero se pedían al menos dos años, mientras que el aprobado ayer por la tarde acorta ese tiempo a 12 meses desde que se dictó la Ley de Emergencia Sanitaria 8.188.

Pero sin dudas donde el proyecto fue modificado sustancialmente es en aquellos artículos que estipulaban montos específicos de ayuda, como en el artículo 4, que preveía entregar créditos de hasta $40.000, o el que creaba un Fondo Especial de $8 millones para aquellas personas que hubieran quedado excluidas de todas las políticas públicas.

El proyecto que fue enviado nuevamente a revisión a diputados, ya no da cuenta del dinero dispuesto para créditos ni del monto con el que se proveerá el Fondo Especial. Sino que en ambos casos aclara que la cantidad la determinará la Autoridad de Aplicación, que será designada por el Ejecutivo.

Los legisladores tomaron la decisión de retirar los montos de dinero estipulados en el anterior proyecto con el pretexto de que desde el gobierno provincial ya se avanzó en ese sentido con la creación del Plan de Reactivación Cultural que estipula $30 millones para el sector.

Sin embargo, este mismo lunes, los artistas se manifestaron en contra de la metodología que se implementará para determinar quiénes serán los beneficiarios. Entre otras cosas denunciaron la burocratización de la ayuda y que se estirarán mucho los plazos para hacerla efectiva. Ya que primero deberán acreditar horas de capacitación que se dictarán desde la Secretaría de Cultura y otras dependencias del Estado y luego presentar proyectos específicos que serán seleccionados.

Emergencia en Violencia de Género

También por unanimidad se sancionó la Ley que prorroga por dos años más la Ley 7.857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio provincial.

La presidenta de la comisión de la mujer, Silvina Abilés, explicó que mantuvieron una reunión con la representante de la Cámara en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Inés Bocanera, quien les dio detalles de los avances en la materia a partir de la sanción de la ley en 2014. Pero a pesar de ello les señaló que se debía continuar por ese camino, habida cuenta de los femicidios que aún son una realidad en Salta y de la violencia reinante hacia la mujer en todos los ámbitos de su vida.

A propuesta de la misma legisladora, se aprobó una Ley para crear una comisión que trabajará para reformar y actualizar la ley 7.888 de Violencia de Género del 2015. Esa comisión estará integrada por el Poder Judicial; Ministerio Público; ambas Cámaras legislativas; los ministerio de Gobierno, Desarrollo Social y Seguridad; la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; la representación de la sociedad civil a través de sus organizaciones; el Observatorio de Violencia de Género; el Polo Integral de la Mujer y el Colegio de Abogados. Cada organismo deberá seleccionar una representante.

Ley Virginia

También se aprobó el proyecto de Ley por el que se establece el Protocolo para acompañamiento excepcional de Pacientes con Covid- 19. Pasó a la Cámara de Diputados en revisión.

El Senador Juan Cruz Curá, explicó que se decidió denominarla Ley Virginia en honor a Virginia Villalba, que murió sola sin que puedan acompañarla ninguno de sus allegados. “En el nombre de ella y de todas las personas que fallecieron víctimas del Covid-19 en la soledad, es que avanzamos en esta ley de último adiós”, expresó el representante por Orán.

Manuel Pailler aclaró que está destinada para personas en grave estado de salud, niños, niñas y personas con discapacidad a los que se les permitirá, previa autorización, estar acompañadas por un tutor de su entorno.

La Ley también prevé la creación de un protocolo para que los familiares de aquellas personas fallecidas producto del virus SARS-CoV-2 puedan realizar breves funerales.

Subasta de bienes públicos

Otro proyecto que se convirtió en Ley es el que autoriza por única vez la subasta pública “de todos los bienes muebles registrables y no registrables” del poder ejecutivo provincial, Organismos Autárquicos y Sociedades del Estado que no presten utilidad en ninguna repartición.

El 50% de los fondos obtenidos serán destinados a otorgar créditos sin intereses, para quienes se hayan visto afectados por la pandemia del COVID-19. De ese porcentaje, detalla la Ley, el 20% será destinado a organizaciones y personas jurídicas dedicadas a la actividad cultural. El saldo restante se destinará a la adquisición de vehículos destinados al servicio de salud y seguridad.

Control a empresas de sepelios

Debido a las múltiples denuncias públicas contra algunas empresas de sepelios, particularmente Pieve. Se aprobó una Declaración del senador Jorge Soto, solicitando a la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia, que realice el control de los servicios prestados por quienes prestan esos servicios.