El senado bonaerense aprobó la adhesión a la Ley de Góndolas para favorecer a productores regionales. El proyecto, que obtuvo su aprobación la semana anterior en Diputados, establece pautas para que los supermercados exhiban y ofrezcan de forma clara los productos y limita los espacios de comercialización de las grandes marcas en favor de pequeños y medianos productores.
"De este modo, las micro y pequeñas empresas de la provincia de Buenos Aires tendrán un lugar en las grandes cadenas de supermercados y podrán ampliar su espacio de comercialización" informó el cuerpo que preside Verónica Magario.
Tal como sucedió a nivel nacional, y la semana anterior en la cámara de diputados provincial, el proyecto fue apoyado por bloques oficialistas y opositores en unanimidad. Según los legisladores, el cambio favorecerá tanto a las empresas pequeñas y medianas de cada región de la provincia, que ahora tendrán asegurado un canal de comercialización; como también a los consumidores, que podrán disponer de una oferta de mayor variedad de productos.
En supermercados bonaerenses
La ley adhiere a la ley Nacional 27.545, que obtuvo su sanción en febrero de este año y aún se encuentra pendiente de reglamentación, pero cuenta con dos especificidades para el territorio bonaerense.
En primer lugar, profundiza uno de los requisitos de la ley nacional, que establece que los productos de micro y pequeñas empresas deben estar destacados en las góndolas y locaciones virtuales con un isologotipo que diseñe la autoridad de aplicación que exprese la leyenda ‘Compre Mipyme’. Para el caso bonaerense, este sello se denominará "Producción Bonaerense", y tendrá el objeto de identificar aquellos productos elaborados por micro y pequeñas empresas, cooperativas o sujetos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena en el territorio provincial. La marca deberá contar además con el nombre del municipio en donde se encuentre el establecimiento productor.
Además, establece que las grandes superficies ubicadas en territorio bonaerense deberán contar con una góndola específica de "Producción bonaerense" que deberá cumplir con la reglamentación de la ley.
Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, organismo que reglamentará la ley, consideran como "muy positiva"su aprobación , ya que " va en línea con el trabajo que se viene haciendo y promueve desde el Ministerio, que busca mejorar las condiciones de comercialización de las pymes y cooperativas bonaerenses".
La ley nacional, no reglamentada
La reglamentación de la Ley de Góndolas a nivel nacional aún se encuentra pendiente. Fue aprobada en febrero y buscar ampliar la oferta de productos de consumo masivos, que actualmente se encuentra concentrado en primeras y segundas marcas de unas pocas compañías líderes en el sector.
La principal herramienta de la ley es el control sobre la góndola en los supermercados, con topes de participación de una sola empresa y un cupo obligatorio para productos de pymes y economía popular: los productos de un solo proveedor no pueden ocupar más del 30 por ciento de la góndola, y debe haber al menos cinco opciones de marcas diferentes por categoría de producto exhibido. Que el 25 por ciento deben ser de pymes, cooperativas o mutuales y el 5 por ciento de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.
Otro punto importante de la norma se refiere al pago de los proveedores, un obstáculo usual para el acceso de las pymes a los canales de comercialización de las grandes superficies: establece que el plazo máximo de pago para los proveedores pymes sea de 60 días y define que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales o por cooperativas y mutuales. También regula a las sucursales virtuales de los supermercados.
Las cámaras que agrupan a las grandes cadenas de supermercados y empresas de consumo masivo rechazan fuertemente la iniciativa y evalúan preparar una estrategia legal para evitar su aplicación.