En el capitulo 11 de la Teoría General, John Maynard Keynes señaló, con su modo burlón habitual, que “los especuladores pueden ser tan inofensivos como una burbuja de aire en una corriente empresarial. Pero la situación se degrada cuando las empresas son solo una burbuja en un remolino especulativo. Cuando en un país el desarrollo de la inversión es el subproducto de la actividad de un casino, ésta corre el riesgo de realizarse en condiciones defectuosas”.
Toda especulación desmesurada, a la que se refería el maestro de Cambridge, como la vorágine especulativa sobre el dólar, provoca un perjuicio considerable al funcionamiento de la economía.
La regulación del tipo de cambio es una de las bases de toda política económica y ningún gobierno puede ni debe admitir que pueda ser el resultado de las consideraciones y veleidades de quienes manejan las mesas de dinero.
Numerosos comentaristas e incluso algunos economistas se empeñan en sostener que las regulaciones cambiarias son ineficaces y constituyen una restricción a las libertades individuales. Según esa doctrina, el gobierno debe disponer de un monto de divisas para abastecer la demanda de dólares a un “precio” razonable y hacerse así cómplice de la degradación de la imagen de la moneda. La cohorte de supuestos expertos es apalancada por animadores televisivos que se lamentan lagrimeando que un “abuelo/a no pueda regalarle un dólar a su nieto”.
Derecho
La argumentación es simple pero polifacética. Se sostiene que se debe dejar que el mercado (vale decir, bancos, compañías de seguros y fondos especulativos) decida del valor de la moneda, y permitir el libre giro de capitales al exterior. El Estado debe disponer de divisas para quienes deseen comprarlas, lo cual se asimila a un derecho, y nada debe entorpecer la fuga de capitales.
El gobierno de Macri operó de manera a satisfacer esa fantasía: pedía créditos a los bancos internacionales y liquidó durante su mandato 120 mil millones dólares, según el Banco Central. Vale decir, el Estado se endeudaba para que algunos enviaran dólares a especular en las bolsas de valores de Nueva York, Londres o Paris.
La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, Bank of England y el Banco de Japón emitían y emiten billones de dólares, euros, libras y yenes para sostener la economía poscrisis del 2008, que sirvieron para especular, lo que permitió que el Nasdaq aumentara 120 por ciento entre el 15 de febrero de 2016 al 13 de febrero de 2020. Fue mucho más rentable esas inversiones financieras que crear empresas y proveer empleos.
En algunos medios, como el lagrimeo del abuelo sonaba a sobreactuación luego de la victoria peronista afirmaron que todos los argentinos son abuelos y que la venta de dólares del Banco Central era una obligación. Así en agosto pasado 4 millones de personas compraron 768 millones de dólares, con un promedio de compra de 193 dólares, que es una manera más o menos racional de explicar que no es una cuestión de “abuelos”, sino que hay un problema nacional. Pero no existe ninguna razón por la cual el Estado deba vender dólares salvo a las empresas que deben pagar los insumos o bienes de capital importados.
Las conjeturas de los profetas ortodoxos son muy sesgadas. Un rápido cálculo permite mostrar que solo el 10 pro ciento de la población de más de 20 años compró dólares y que esto corresponde al 15 por ciento (mujeres y varones) de que más ganan. O si se prefiere el 85 por ciento de la población que gana menos quedó al margen de la compraventa de dólares.
Riquezas
Durante el cuarto de siglo, que va desde la dictadura cívico-militar al 2003, la economía ha sido literalmente devastada. Hay en primer lugar un aspecto fiscal, ya que la dictadura provocó una importante concentración del ingreso justamente favorable de esa categoría de la población a través de un empobrecimiento masivo del resto de la sociedad. El empobrecimiento no fue solo económico sino educacional, sanitario, territorial, cultural.
En segundo lugar, hay que saber que de los 15 por cienbto que más ganan, un tercio (el más pudiente, los 5 puntos más acaudalados y sus servidores, empleados jerárquicos, contadores, gestores, algunos profesionales incluidos periodistas de medios dominantes) obtiene sus ingresos de rentas, en el sentido clásico del término: los ingresos que no remuneran ningún factor de producción, vale decir la renta agraria o la renta monopólica debido a la concentración de los mercados.
Este estrato social recibe, de acuerdo al Indec, más del 35 por ciento de la riqueza generada por año y es probable que con la pandemia su parte haya aumentado, ya que su posición monopólica se ha reforzado.
La pobreza en Argentina es el resultado de la inmensa riqueza acumulado por unos pocos. Esto hace que este sector que debería ser la punta de lanza del capitalismo argentino, sea un grupo de individuos que poseen ingresos desmesurados que no se atreven a invertir porque la demanda efectiva se derrumbó durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual limitó la inversión y la expansión económica hasta caer en la recesión en 2018-2019.
La acumulación de riquezas en esta clase social no se orienta a encarar un proceso de transformación económica, sino que trata de satisfacer una avaricia perjudicial que, como toda especulación financiera, es portadora de la inestabilidad económica que lejos de resolver los problemas económicos del país los agrava, ya que, como señalaba Keynes, no se inscribe en una dinámica empresaria de creación de riqueza sino en una acumulación patrimonial.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Université de Paris, Autor de La economía oligárquica de Macri Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.