La UCR volvió a mostrar su alineamiento con las políticas más duras del macrismo. El diputado radical y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, junto al mendocino Luis Petri y otros correligionarios, presentaron un proyecto para modificar el artículo 34 del Código Penal que introduce la presunción legal de “cumplimiento del deber”. Una iniciativa que apunta a legitimar el accionar de las fuerzas de seguridad, como el caso del policía Luis Oscar Chocobar que comenzó a ser juzgado ayer por matar por la espalda a un joven ladrón herido (ver aparte). Un accionar que el Gobierno de Mauricio Macri reivindicó y convirtió en doctrina de su política de seguridad. Para el Frente de Todos, “la doctrina Chocobar desata la violencia institucional y da un marco de impunidad al gatillo fácil".

Cornejo sostuvo que “no se puede considerar un delincuente a quien tiene la tarea de defendernos de ellos. Con nuestra propuesta queremos que las fuerzas de seguridad sientan que la Ley contempla con su función en situaciones que hasta ahora estaban en una nebulosa y era aprovechada por los delincuentes que muchas veces fueron apañados por los cultores de una justicia abolicionista que beneficia a los victimarios y no a las víctimas”.  Para Petri, el proyecto busca "garantizar que policías como Chocobar, que obran en cumplimento del deber y en defensa de la vida, no terminen sentados en el banquillo de los acusados". “Este proyecto de ley tiene como objetivo cuidar a quienes nos cuidan”, afirmar los autores del proyecto, con el respaldo de otros diputados radicales: Alvaro Lamadrid, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro y Gerardo Cipolini.

“Se entenderá que obró en cumplimiento de un deber, el miembro de las fuerzas de seguridad, que encontrándose en servicio o fuera de él y en uso de su arma en forma reglamentaria, interviniere para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas”, dice el agregado que propone el proyecto al inciso cuarto del artículo 34 del Código Penal, que abre el capítulo de “imputabilidad” y que define las situaciones que “no son punibles”. También impulsa otras modificaciones en el inciso 6, donde suprime “siempre que haya resistencia”, en los casos de quien “obrare en defensa propia o de sus derechos” durante intromisiones en “el hogar” o “vivienda”. Allí, el proyecto agrega “local comercial, industria o de sus dependencias (y vehículos), cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.

Desde el oficialismo existe una mirada muy diferente sobre la iniciativa opositora. "Es un proyecto que institucionaliza el gatillo fácil y genera cobertura legal a quienes teniendo la tarea de cuidar a los ciudadanos puedan justificar el abuso del uso de la fuerza. Necesitamos policías mas profesionales y no brindar blindaje legal para los excesos que puedan cometer, como violencia institucional y gatillo fácil", dijo a PáginaI12 el diputado Hugo Yasky (FdT), que preside la comisión de Derechos Humanos.     

“Cuidar a quienes nos cuidan significa que la policía esté bien remunerada, con sueldos dignos, y que tenga buenos procesos de formación tanto para prevenir el delito como para actuar de forma justa ante situaciones complejas. Chocobar mató a un pibe por la espalda y lo remata cuando ya estaba entregado. Eso no tiene que ver con su tarea ni con un trabajo digno. No cumplió con su deber ni con su responsabilidad institucional”, sumó la diputada Mónica Macha (FdT) ante este diario. “La doctrina Chocobar es muy peligrosa para nuestra sociedad. Desata la violencia institucional y da un marco de impunidad para el accionar de las fuerzas policiales. La policía no puede estar entrenada para la crueldad ni mucho menos contar con marcos legales que fomenten el uso desmedido, injustificado, arbitrario y cruel de la fuerza”, agregó.