Las iniciativas comunitarias, cuando deciden su continuidad más allá de emergencias o acciones puntuales, buscan el reconocimiento público. La municipalidad y las oficinas de inscripción de personas jurídicas son el espacio de validación, lo saben las sociedades de fomento y los clubes de barrio desde el fondo de los tiempos. Allí comienzan el largo camino para dar nombre y constitución al sueño de un puñado de personas que se animan a ir más allá de su piel.

Los grupos se moldearán a imagen y semejanza de su tiempo, adquiriendo formas gremiales, religiosas, sociales o expresamente políticas, dando origen a un nosotros. Estas iniciativas, cuando se estabilizan y avanzan, buscan el reconocimiento que solo puede dar el Estado.

Hasta aquí, todo es previsible. Pero un grupo barrial raramente cuenta con personas que sepan labrar actas, hacer balances. Quienes han soñado un proyecto y le han puesto el cuerpo, quienes levantaron las paredes de un club o una biblioteca, quienes preparan la canchita del barrio o cocinan viandas para sus vecinxs cuentan con un sinnúmero de habilidades: saben liderar, comunicar, convencer. Saben enamorar. Nadie les pide habilidades jurídicas y contables. Para llevar a buen puerto un club, una biblioteca popular, una casa del niño o una sociedad de fomento, se necesita convicción, liderazgo y efectividad. Los hacedores comunitarios saben reunir voluntades, calmar ansiedades, negociar con gobernantes, mediar ante el conflicto. Lo que no saben, hasta que llegan a los mostradores públicos, es que a esas habilidades deberán sumar la redacción de actas, el registro de socios y la confección de balances contables.

Generalmente, las organizaciones que cuentan con financiamiento y recursos propios contratan un estudio jurídico contable para que se ocupe de estos temas. De hecho, para acogerse al Régimen Tarifario Especial para Entidades de Bien Público aprobado por la ley 27218 a fines del 2015, se presentaron solo las grandes entidades. El gobierno de Cambiemos no hizo ningún esfuerzo para revertir lo que, a todas luces, iba en contra del espíritu de la ley y de quienes la habían impulsado. El caso de la ley de clubes de barrio fue similar. Reglamentada durante la gestión Macri, muy pocos clubes pudieron acogerse. Las organizaciones territoriales, con dificultades para tener las propiedades a su nombre o juntar las firmas de una asamblea, llegaron en muy pocos casos a reunir los papeles que la burocracia demandaba. Las resoluciones de este tiempo están desandando este camino. Las barreras burocráticas que se levantaron fueron parte de una estrategia política y una forma de gobernar.

Lunas de Avellaneda

El Estado es, para la ciudadanía en general, uno solo. El mostrador municipal es el más conocido, y allí vamos, a recibirnos de entidad de bien público. Luego, frente a la posibilidad de conveniar con programas deportivos, culturales o alimentarios, nos encontramos ante nuevos mostradores. Los ministerios provinciales y nacionales se abren a los acuerdos desde la voluntad política y la disposición de sus trabajadorxs, sin embargo, una carrera de obstáculos acaba de comenzar.

Con la persona jurídica en orden y los balances al día, aparece la necesidad de contar con nuevas habilidades: expresar ideas en proyectos rigurosos, con objetivos, cronogramas y presupuestos para los cuales se necesitan tres propuestas firmadas por posibles proveedores. Nuevas copias de asambleas y estatutos, de documentos y titularidades. El panorama se empieza a complicar. El comedor funciona en una casa prestada, a las actas de la sociedad de fomento se las llevó la última inundación, el tesorero perdió el documento, la pandemia postergó la asamblea. Esta enumeración podría seguir hasta el infinito, salvo que propongamos legislaciones y gestiones situadas en la realidad de los barrios y las organizaciones comunitarias.

¿ONG o Comunidad Organizada?

El término Organizaciones No Gubernamentales, ONG por su sigla, refiere a un tipo específico de entidades. Esta definición no es nuestra, ha sido impuesta “contra” la corrupción de los estados y la política. Define por la negativa, y sus objetivos, en general, sobrevuelan soberanías y territorios. Lamentablemente, el término está ampliamente difundido, pero esto no es una casualidad: sabemos que quien nomina, domina.

Nuestros compañeros y compañeras han logrado, desde las universidades y militancias del territorio, escribir sin eufemismos nuestros nombres: somos organizaciones, redes y movimientos sociales. El término comunidad organizada hace tiempo cayó en desuso y no casualmente: pasaron una revolución fusiladora y varias dictaduras cívico - militares. La organización comunitaria, como concepto, hunde su raíz en los pueblos originarios, en el peronismo y la Doctrina Social de la Iglesia, en las colectividades que soñaron las revoluciones comunistas. Este es un término expresamente sustraído al que queremos regresar.

Cientos de agrupamientos se inscriben cada año como fundaciones, asociaciones civiles y simples asociaciones. En esta maraña de inscripciones, distinguir aquellas que no persiguen lucro forma parte de la inteligencia y capacidad a desarrollar por los Estados. A la manera del Instituto Nacional de la Economía Social que promueve, inscribe y monitorea la actividad de cooperativas y mutuales, creemos que un Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias puede ser el ámbito que reúna a quienes han elegido dar las batallas sociales. Sea bajo este formato u otro, agilizar y facilitar sus trámites será la mejor forma de honrar la alianza Estado – comunidad.

El enfoque comunitario necesita leyes, acciones y reglamentaciones a su medida. Entre estas acciones, abrigar y fortalecer la organización territorial parece ser la primera batalla a librar.


* Diputada nacional. Autora del Proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias.