Tres dirigentes peronistas de Rosario que integran la mesa nacional del Movimiento Evita: los ex diputados provinciales Gerardo Rico y Eduardo Toniolli y el colega José “Pepe” Berra eran “objetivos” del espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Sus nombres figuran junto a los de veinte compañeros de la conducción nacional del espacio en documentos del “Proyecto Amba” --como se conoce a las bases de espías que operaron en el conurbano bonaerense-- que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien ya indagó --por los hechos-- al ex director de la AFI Gustavo Arribas y a la ex subdirectora Silvia Majdalani. Rico fue “blanco” de un espionaje doble porque en mayo ya estaba entre los 100 vigilados que denunció la interventora de la AFI Cristina Caamaño ante el juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, en una lista negra que incluyó al gobernador Omar Perotti, entre otros santafesinos.

Lo que Caamaño denunció a fines de mayo en Comodoro Py es un “proceso sistémico de espionaje ilegal”, que el gobierno de Macri puso en práctica al intrusar los correos electrónicos de 100 personas. Además de Perotti y Rico, en esa lista figuran la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol, la directora del Archivo Provincial de la Memoria Valeria Silva y el diputado nacional del PJ Marcos Cléri, entre otros. Las dos militantes de Hijos y el Movimiento Evita ya se presentaron como querellantes en esa investigación. El gobernador Perotti evaluó esa alternativa, pero aún no decidió.

El proyecto Amba fue un operativo ilegal en gran escala en la provincia de Buenos Aires entre fines de 2016 y diciembre de 2017, que tiene resonancia en el país porque muchos de los espiados son dirigentes nacionales. Ramos Padilla pudo "acreditar la existencia de numerosos informes de inteligencia en los que se recopilaron en forma sistemática datos personales de diferentes ciudadanos que se transformaron en objetivos de la inteligencia estatal como consecuencia de sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o gremiales”, reveló el magistrado. Rico, Toniolli y Berra eran tres entre centenares de políticos, sindicalistas, militantes sociales y de derechos humanos, perseguidos. Otro de los espiados fue el ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain cuando militaba hasta 2017 en el partido Nuevo Encuentro que lidera Martín Sabatella.

Ramos Padilla reveló el Proyecto Amba en el procesamiento al abogado Pablo Pinamonti, que era el jefe de las nueve bases de inteligencia que operaban en el conurbano y al comisario Ricardo Bogoliuk, quien estaba a cargo de una de ellas, en Ezeiza. Bogoliuk está acusado de participar en los operativos del falso abogado Marcelo D’Alessio, quien también tuvo un paso por Rosario.

La resolución del juez es una pieza histórica de 340 páginas que dedicó más de 200 al despliegue, análisis y valoración de las pruebas, resolvió la situación procesal de los imputados y ordenó la indagatoria de Arribas y Majdalani, que la semana pasada se negaron a declarar en la causa.

En capítulos, Ramos Padilla describió la “estructura del aparato de inteligencia de la AFI en la provincia de Buenos Aires”, el relevamiento del “fondo documental” que descubrió y cómo eran “los seguimientos a organizaciones y referentes políticos, sociales y comunitarios”. Los espías realizaban “tareas de inteligencia prohibidas” y recopilaban información de ciudadanos por el solo hecho de su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o culturales”, dijo.

"La AFI se dedicó “casi exclusivamente a recopilar y almacenar información y producir inteligencia, respecto de personas por el mero hecho de su ideología política"

Era un espionaje “sistemático”. “Esto permite inferir que la reunión de información respecto de esos ‘objetivos’ --como llamaban a los perseguidos-- no fue deliberada o azarosamente dispuesta por los jefes de cada base, sino que habría respondido a órdenes directas y específicas emanadas de las máximas autoridades de la AFI”, explicó Ramos Padilla.

Uno de los documentos de la AFI --que el juez publicó en la página 39 y replica en la 53 y 54-- exhibe la bandera del Movimiento Evita y la lista de los 22 integrantes de su conducción política. Los doce del secretariado nacional: Emilio Pérsico (secretario general), Fernando “Chino” Navarro, el senador Jorge Taiana, Gerardo Rico, Raúl Lorenzo, Ernesto Paillalef, Luis Cáceres, Adela Segarra, Eduardo Ancona, el diputado Leonardo Grosso, Esteban Castro y Miguel Gómez. Y once de las secretarías específicas: Gildo Onorato (Organización), Emilce Moler (Educación), el médico Donato Spaccavento (Salud), Javier Ruiz (Prensa), Pepe Berra (Revista), Carlos Conti (Deportes), Alejandro Rusconi (Internacional), Eze Barbenza y Martín Navarro (Economía), Eduardo Toniolli (Derechos Humanos) y “Cabe” Dos Santos (Logística).

La AFI se dedicó “casi exclusivamente a recopilar y almacenar información y producir inteligencia, respecto de personas por el mero hecho de su ideología política o su adhesión a distintas organizaciones, ya sean gremiales, partidarias o comunitarias”. “El verdadero objetivo” era el espionaje ilegal “con fines políticos, expresamente prohibido por la ley”.

“Las personas y agrupaciones fueron espiadas por acciones lícitas y el libre ejercicio de los derechos básicos que protegen la ley y la Constitución, y que además son constitutivos de cualquier Estado democrático”, acusó Ramos Padilla. “La participación política, la organización, la expresión de descontento, no puede ser bajo ninguna circunstancia objeto de persecución preventiva por parte del Estado. No pueden establecerse políticas de seguridad o de inteligencia destinadas a vigilar a personas en virtud de sus ideas y manifestaciones políticas”.

“A más de 35 años de recuperada la democracia, no debería ser necesario reafirmar estas concepciones tan básicas de la vida democrática. Sin embargo, el despliegue ilegal y sistemático de la AFI en violación a estos derechos y valores democráticos esenciales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, lamentablemente lo tornan necesario”, concluyó el juez.