Desmantelamiento de los controles internos, irregularidades en los pagos de gastos médicos, en la compra de insumos, en contrataciones, en el pago de reintegros; la existencia de remuneraciones duplicadas y alquileres de edificios a precios exorbitantes en diferentes ciudades del país. Todo esto es parte de lo detectado por la auditoría que ordenó realizar el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa). El desmanejo y las irregularidades cometidas por los funcionarios que respondían al entonces ministro macrista, Oscar Aguad, representaron para la institución un déficit financiero que supera los 4000 millones de pesos. El resultado de la auditoría se tradujo en una denuncia penal por entender que las irregulares detectadas podrían conformar "un acuerdo delictivo con el objeto de defraudar" al Iosfa y se los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel en perjuicio del patrimonio del Estado. La demanda solicita además que estas figuras penales alcancen al exministro Aguad.

En diciembre de 2015, el entonces ministro Rossi, le pasó a su sucesor macrista, Julio Martínez, todo lo concerniente al manejo del Ministerio que incluía el Iosfa que cuenta con 586.000 afiliados, algo más de 4000 empleados y que posee 30 delegaciones provinciales y 116 sedes en todo el país. En ese entonces, la obra social de los militares y personal de las fuerzas de seguridad nacional, mostraba un superávit cercano a los mil millones de pesos. Cuatro años después, cuando Rossi volvió a ocupar el cargo, se encontró con súper déficit que tiene a la obra social sumergida en una crisis que hace peligrar su sustentabilidad. 

Al asumir como ministro de Defensa, Rossi ordenó la auditoría interna y los datos que arrojó ese trabajo son alarmantes porque, como indica la conclusión del trabajo, el Iosfa fue objeto de un posible "plan destinado a perjudicar el patrimonio estatal y favorecer intereses particulares".

El trabajo realizado forma parte de la denuncia penal que presentó la Oficina Anticorrupción y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado. Éstos deberán determinar si las irregularidades descriptas implican la violación de deberes de los funcionarios públicos, abuso de confianza, considerar si explican el déficit indicado y determinar si representan una defraudación a la administración pública. Estas figuras recaen, al menos por ahora, en el expresidente de la obra social, Pedro Ignacio barrios, el exgerente general Tomás Chavich, Marcelo Eduardo Jaluff (exgerente de Administración y Finanzas) y los exgerentes de Compras, Pablo López Bueno y Oscar Eduardo Fritz. El juzgado deberá determinar además la responsabilidad de Aguad porque todos las irregularidades detectadas se produjeron durante la gestión del cordobés, entre julio de 2017 y diciembre pasado.

Es más, el aumento desmesurado del déficit y el pasivo acumulado en los cuatro años del gobierno macrista dejó a la obra social en una situación de insustentabilidad preocupante. De acuerdo a los balances, el Iosfa pasó de tener un superávit de 940 millones de pesos en 2016 a un déficit de 4.038 millones de pesos.

Pero además, según muestra la auditoría, con la llegada de Aguad se produjo una concentración de funciones en áreas claves y, sobre todo, se concretó la eleminación de controles permitiendo la imputación de compras y contrataciones a los ítems "no programados", "compras extraordinarias" y de "urgencia y/o emergencia". Estas contaban con escaso control y que con el correr de la gestión Aguad-Barrios se volvieron la regla y no la excepción.

Las irregularidades

*Alquiler de inmuebles. No sólo se realizaron por precios exorbitantes sino que además se detectó falta de documentación respectiva. Entre todos ellos se destacan tres que se alquilan por 15, 11 y 10 millones de pesos. Uno de ellos, el de Córdoba, permaneció desocupado poco más de un año porque supuestamente había que refaccionarlo y fue motivo de una denuncia penal que hasta ahora no avanzó. El alquiler se realizó a pesar de que en el hospital militar de Córdoba había espacio suficiente para instalar, de manera gratuita, la sede provincial del Iosfa. 

El otro es el caso de la delegación Rosario que alquiló y no utilizó un edificio provocando un perjuicio económico de algo más de 5 millones. No se usó durante un año porque también se estaba refaccionando. Para los auditores este procedimiento es comparable con la defraudación y una estafa.

*Pagos duplicados. Se detectaron facturas que se abonador dos veces e incluso pagadas a proveedores diferentes. El informe destaca que esta maniobra generó pagos por más de 5 millones de pesos pero advierten que la cifra no es superior por la ausencia de controles que vivió la Iosfa.

*Los reintegros. Se detectaron "reintegros que fueron devengados y pagados sin que constara la documentación respaldatoria adjunta en el sistema". Una maniobra que la auditoría se la adjudica al entonces gerente general Chavich, quien eliminó "la obligatoriedad de adjuntar la documentación de reintegros". A modo de ejemplo está el reintegro de una internación por obesidad por 418 mil pesos sin la documentación respaldatoria o, también, el pago un cardio desfribilador por 613 mil pesos.

*Legítimo abono. La conducción macrista de Iosfa utilizó un procedimiento llamado “legítimo abono” con el que pagaban a proveedores de bienes y servicios "por el solo hecho de prestar el servicio en forma continua" dejando de lado los procedimientos normativos. "Se recurrió a este artilugio para la contratación de los servicios de limpieza, provisión de fotocopiadoras e insumos, mantenimiento de los sistemas informáticos, así como en el servicio de traslado de emergencia en ambulancias para los afiliados del Instituto", dice la auditoría.

*La compra de insumos médicos. Muchos de los procesos de contratación se hicieron a través de la compulsa de precios. Sin embargo se detectó que este mecanismo podría haber sido "simulado" porque de las 30 empresas a las que se le efectuaron compras hay cuatro que concentraron el 75 por ciento de las operaciones. Además, los expedientes de compras no cumplen con todos los requisitos, falta documentación y se hallaron contrataciones ,sin la intervención de un funcionario competente por casi la friolera de 7000 millones de pesos.

En la denuncia constan además ejemplos como la compra de un sistema de placa cervical de la marca MB, tal como lo solicitó la subgerencia Compras y Contrataciones. El detalle es que la empresa que ganó la compulsa de precios no sólo se llama MB Connection sino que además de ser una empresa revendedora y desconocida en el mercado, "omitió indicar el origen de los productos y su material". La empresa cotizó 1,1 millón de pesos contra los 310 mil pesos que ofertó IP Magna, reconocida marca en el mercado. Esa no fue la única compulsa que ganó MB Connection. Hubo otras donde se impuso pero no encabeza el ranking de las más favorecidas pero se destaca por no ser una empresa reconocida en el rubro.

*Pagos a proveedores. Se detectó "ausencia de un criterio uniforme para la carga de la documentación respaldatoria en el sistema" con facturas "sin intervención de autoridad competente y casos en donde la única documentación de respaldo es la nota de elevación emitida por el Hospital Militar Central". Solo en 2019 este tipo de maniobras representaron un desembolso de casi 300 millones de pesos.