Desde que inició la pandemia los jardines maternales fueron uno de los sectores que se sumaron al padecimiento de la crisis social y económica. Sin estar dentro de la enseñanza obligatoria del sistema educativo, su reconocimiento por parte del estado existe desde el lado empresarial. 

Sin embargo, se vieron imposibilitados para acceder a los beneficios que fueron comunicando desde el  gobierno nacional y sólo 4 de los 150 jardines que estaban en la ciudad de Salta fueron beneficiados por el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Hasta septiembre ya cerraron de forma definitiva 48 instituciones de enseñanza. 

La representante del sector, Stella Maris Arancibia, dijo a Salta/12 que continuan en proceso de diálogo con el Gobierno de Salta, pero lo único que se les ofrece como método paliativo son créditos de 200 mil pesos. Los mismos son a tasa cero y con un período de gracia de 6 meses. "Ese monto es para un período de reapertura porque no sabemos cuándo volvemos a las aulas", explicó. 

En la ciudad de Salta se relevaron 150 jardines maternales, de los cuales ya cerraron definitivamente 48. Del número restante, únicamente 45 presentaron las carpetas para solicitar los créditos provinciales. 

Aseguró que "a muchos jardines les sirve y a otros no", dado ya existen jardines que poseen una deuda en alquileres que ya superan los 120 mil pesos. Esa situación existe mayormente en las instituciones que se ubican en el centro salteño y que poseen altos montos de arrendamientos, mientras que en las zonas periféricas de la ciudad existen quienes pagan cerca de 20 mil pesos mensuales. 

"Con esos créditos no se llega a cubrir ni los alquileres próximos", manifestó. Además, Arancibia cuestionó la exigencia de ciertos requisitos para acceder a los mismos créditos. "Te piden garantes y la gente está asustada de prestarse porque no sabe si le conviene o no", ejemplificó. 

A ello, sumó que varias instituciones ya dejaron de pagar los impuestos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Rentas de Salta (DGR), otro de los requisitos para acceder a esos créditos. "Lo dejaron de hacer porque no tienen ingresos y ese estado 'al día' es otro requisito que no podemos cumplir", lamentó 
Arancibia. 

La principal forma de ingreso que presentaban los establecimientos era a través de las cuotas mensuales que los jardines recibían por cuidar de menores de 45 días hasta 5 años, inclusive. 

Desde que dieron a conocer su situación pública, mantuvieron distintos diálogos con el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta y tuvieron como única respuesta  los créditos. Intentaron encuentros con el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable  y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, pero "es una tirada de pelotas de acá para allá". 

"Para Educación somos comercio y para Producción somos educación dándonos a entender que los jardines no existen en la órbita del estado", señaló. 

En el caso de su jardín, Arancibia dijo que los padres dejaron de pagar las cuotas mensuales desde mayo. "Estoy con deudas de alquileres", manifestó. La docente trabaja también en la educación pública, pero lo que recibe de sueldo, una gran parte está siendo destinada a solventar sus deudas por su institución. Contó que sólo son 5 jardines que aún reciben el pago mínimo de cuotas por las familias. 

Sin ATP nacional ni provincial

Además, de las deudas impagas en impuestos y servicios públicos, se suma el monto que corresponde a los sueldos de las personas que trabajan en las instituciones. En un relevamiento que pudieron realizar los dueños de los jardines, estiman que cada institución tiene entre 10 y 15 trabajadores donde están incluidos las maestras, los docentes auxiliares, administrativos y de maestranza. 

De acuerdo al último informe que elevó el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, al Senado nacional se constató que en la provincia de Salta recibieron el ATP 4 únicamente cuatro establecimientos. Para el primer llamado, lo recibieron también 4; en el segundo lo hicieron 3 y en el tercero fueron 5. 

Resulta un número a tener en cuenta dado que en el ATP provincial, que lanzó el gobierno de Gustavo Sáenz a fines de septiembre, se tiene como requisito que los empleadores deben acreditar haber recibido el ATP 5, además de ser buenos contribuyentes ante la DGR a diciembre de 2019. 

"No podemos ayudar de ninguna forma y esas personas se quedaron sin trabajo", dijo Arancibia. 

Desde el Gobierno de Salta les dispusieron desde julio módulos alimentarios tanto para los trabajadores como los dueños de los establecimientos, pero la docente dijo que "es un bolsón mínimo donde sólo nos alcanza para almorzar una semana". 

Dijo que muchos trabajadores tuvieron que reinventarse y actualmente algunos están "vendiendo masitas para poder sobrevivir". Además, expresó que muchas docentes están denunciando la falta de pago ante la Secretaría de Trabajo de Salta, pero "no tenemos dinero para hacerlo", indicó. "Estamos pasando por una tormenta", finalizó Arancibia.