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Florida puede decidir la elección del 3 de noviembre, pero es muy probable que a 1,4 millones de sus habitantes se les impida votar. Representan casi el 10 por ciento del padrón. Son ex convictos que recuperaron la libertad pero no sus derechos civiles. Pobres, negros e hispanos en su mayoría. El estado gobernado por el republicano Ron DeSantis – un aliado incondicional de Donald Trump – no permite que participen en los comicios aquellos que cumplieron sus condenas si no pagaron multas o gastos cuantiosos de los juicios a que fueron sometidos.
En el año 2000 George W. Bush le ganó a Al Gore las presidenciales por 537 sufragios en la llamada tierra del sol. Con esa victoria se llevó los 29 electores y dio vuelta el resultado a nivel país. Por eso es clave esta restricción. Los demócratas que serían los más perjudicados juntaron varios millones de dólares para saldar aquellos cargos con el fisco. El exalcalde de Nueva York, el magnate Michael Bloomberg que hace campaña por el demócrata Joe Biden, recaudó solo él 16 millones. La fiscal del Estado Ashley Moody lo estaba esperando. Le ordenó al FBI y a la policía investigarlo por “potenciales violaciones a las leyes electorales”. Tanto es lo que se juega otra vez, en uno de los llamados swing states o estados oscilantes de EE.UU.
La historia de esta limitación es tan antigüa como la época en que acababa de finalizar la guerra civil (1861-1865). En ese momento empezaba otra etapa. La segregación se institucionalizaba basada en un entremado de leyes que privaba de votar a los negros. Se las llamó leyes Jim Crow. Ése era el nombre de un personaje que caricaturizaba a los llamados “hombres de color”. Lo interpretaba el actor blanco Thomas Dartmouth Rice, quien se pintaba la cara de negro.
Tuvo que pasar un siglo para que la 15° enmienda de la Constitución transformara a los afroamericanos en ciudadanos de pleno derecho. En varios estados se les exigía pasar por un examen de alfabetización o el pago de determinados tributos. Era una barrera infranqueable para acceder a las urnas. Algo semejante ocurre hoy en Florida. En los siglos XIX y XX estas normas habían sido creadas por legisladores del Partido Demócrata del sur esclavista y ultraconservador. En lo que va del siglo XXI son los republicanos de Florida y un puñado de estados más quienes se valen de esta legislación discriminatoria.
El 6 de noviembre de 2018 se votó por inmensa mayoría – un 65 % de los sufragios - la enmienda 4 que les devolvía su derecho a participar en elecciones a los ex detenidos. Se impusieron solo dos excepciones: los que habían cumplido penas por violación o asesinato. Pero DeSantis se las ingenió, como buen escudero de Trump, para trabar esa voluntad ciudadana junto a los representantes republicanos de Florida. El año pasado aprobaron que quien saliera de una prisión con la condena cumplida, debía pagar los cargos pendientes con el estado para inscribirse en los registros electorales. El juez federal Robert Hinkle, del distrito norte de Florida, anuló en parte esa decisión en mayo pasado. Su fallo tildó de “inconstitucional” la restricción republicana. Pero una Corte de Apelaciones volvió a darle la razón al persistente DeSantis, convencido de que se jugaría su futuro político y el de su jefe en la Casa Blanca.
Así están las cosas en un estado con resultado abierto, que tiene registrados casi 14 millones de votantes con ligera ventaja para los demócratas. Los 29 electores de Florida resultan decisivos para alcanzar los 270 necesarios e imponerse en los comicios sobre un total de 538. La cuestión crucial que definirá la elección en el estado es a quién votarán los casi 3.633.003 independientes que estaban inscriptos a enero pasado.
“Let my people vote” (Deja que mi pueblo vote) es la consigna con que se movilizan los exdetenidos impedidos de votar hasta hoy. Tomaron visibilidad en los medios gracias a la Coalición por la Restauración de los Derechos en Florida (FRRC) que preside Desmond Meade, un afroamericano que ha venido luchando por la aplicación de la enmienda 4. “Esto no es solo un ataque contra los negros, o los hispanos, este es un ataque deliberado contra la democracia que queremos en este país” suele decir.
A Meade le dio la razón Sonia Sotomayor, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos de origen puertorriqueño. “La orden de esta Corte impide que miles de votantes elegibles participen en las elecciones primarias de la Florida simplemente porque son pobres”, señaló después de que la máxima instancia de Justicia del país decidió no pronunciarse en julio sobre el caso de Florida. La acompañaron en su disidencia Ruth Bader Ginsberg – quien falleció el 18 de septiembre - y Elena Kagan, dos juezas nominadas a la Corte por presidentes demócratas, Clinton y Obama, respectivamente.
En esta puja de poderes que cruzó las fronteras del estado, las partes actuaron a cara descubierta. El multimillonario Bloomberg no estuvo solo en su colecta para que todos los exconvictos pudieran recibir los miles de dólares que se les reclaman como condición para inscribirse en los padrones. También donaron el cineasta Steven Spielberg, el cantante John Legend y los basquetbolistas LeBron James y Michael Jordan. Entre varios personajes de la farándula y el exalcalde de Nueva York habrían juntado unos 20 millones de dólares, según informó la FRRC.
Un caso emblemático entre los damnificados a quienes no se les permite el derecho al voto es el de María Aurora Estévez. Esta cubanoamericana de Miami a quien Florida le reclama una deuda de 500 mil dólares, cumplió su condena a dos años de prisión por fraude en 2007. Tiene 64 años, está ciega de un ojo y trabaja en un restorán de comidas rápidas a cambio de 800 dólares mensuales, la describió en un artículo la agencia AFP.
La Coalición por la Restauración de los Derechos en Florida que defiende a personas como Estévez, convocó a que se presenten a votar el 24 de octubre, el día que comienza la elección anticipada en el estado. En su página web, la FRRC solicita: “Ayúdanos a restaurar a los ciudadanos que se reintegran a la sociedad. Nosotros estamos comprometidos en terminar con la discriminación y privatización de derechos en contra de los ciudadanos con delitos”. Si se repitiera el conteo voto a voto entre Trump y Biden como pasó con Bush y Gore en el 2000, es muy probable que los demócratas vuelvan a sospechar de un fraude y una elección amañada. La campaña republicana sigue con sus consignas anticomunistas. Parece sacada de la Guerra Fría y que el rival del presidente fuera un guerrillero de la Sierra Maestra.
