La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua y 10 años de prisión para Eduardo Salvador Ullúa y Héctor Oscar Corres, los acusados en el segundo juicio que se sigue por los crímenes de la organización Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante los años previos a la última dictadura cívico militar. El fiscal Pablo Ouviña señaló a Ullúa como responsable de ocho secuestros, torturas y asesinatos. A Corres, en tanto, lo responsabilizó de compartir con aquel y realizar aportes “concretos” a una asociación ilícita que tuvo por objetivo “combatir sectores de izquierda”. El debate continuará esta semana con los alegatos de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaría bonaerense y la Universidad de Mar del Plata.

Cinco audiencias le tomó a Ouviña desmenuzar su alegato en el juicio oral y público que comenzó en septiembre de 2019 ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado en este caso por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y que debido a la pandemia de Coronavirus este año se desarrolló completamente a través de la vía remota.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, el debate sirvió para confirmar la responsabilidad de los dos acusados en los delitos que se les atribuyeron durante la investigación de los hechos. Ullúa y Corres, abogados y exintegrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) están siendo enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos en la previa del golpe cívico militar de 1976. Mientras ambos fueron acusados de conformar una asociación ilícita junto a los otros ex integrantes de la CNU enjuiciados y condenados en 2016, a Ullúa además le endilgaron los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg en el marco del operativo que se conoció como “la noche del 5X1”; los asesinatos de los contadores Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi.

“Los delitos imputados no son infracciones menores o delitos ordinarios. Los hechos por los cuales estamos formulando acusación, constituyen delitos de lesa humanidad. Como tales, no sólo conmovieron los derechos de las personas particularmente afectadas o determinados bienes jurídicos, sino que la lesión se extendió a toda la humanidad”, contextualizó Ouviña durante la audiencia final de su alegato.

Las responsabilidades

Corres y Ullúa no fueron parte del primer juicio que se desarrolló por los crímenes de la CNU y que culminó con varios de los acusados condenados a prisión perpetua por su responsabilidad en la creación y sostenimiento de una asociación ilícita que tuvo por objeto de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Tras el debate, el fiscal y su auxiliar María Eugenica Montero consideraron probado que la pertenencia de Corres a la asociación criminal continuó tras su encarcelamiento --entre 1971 y 1973 estuvo preso por el asesinaro de la estudiante Silvia Filler--. El abogado y ex empleado administrativo de la Policía local ocupaba “un lugar estratégico en la estructura estatal universitaria” local lo que le otorgaba “una posición privilegiada para estar en contacto con información valiosa para “combatir a los sectores de izquierda”. “Sus aportes a la asociación ilícita que desató el terror en ciudades como La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata, fueron concretos y marcaron para siempre la vida de sus víctimas”, señaló el fiscal. El pedido de pena fue de 10 años de prisión.

Para Ullúa, la condena solicitada fue sensiblemente mayor: prisión perpetua consideró Ouviña que le corresponde por su rol en la decisión, planificación y ejecución de los hechos. El fiscal apuntó que el ex abogado. El Ex policía estuvo prófugo hasta 2017 y desde entonces está preso en Campo de Mayo, aunque intentó abandonar la cárcel con la excusa de la pandemia. Según el fiscal, formó parte del núcleo de la CNU: “Ullúa fue específicamente designado como uno de los responsables de cumplir con la orden de llevar adelante una depuración ideológica del peronismo en Mar del Plata, y la CNU se convirtió en uno de los brazos de la asociación ilícita para ejecutar esa orden en esta ciudad”, reconstruyó la Procuración General.

En función de su rol asignado, Ullúa ocupó puestos tanto en la Universidad como en la Fiscalía Federal. Esto “lo pone en un lugar con capacidad para influir tanto en la selección de los blancos, como en la planificación y en la ejecución de los operativos”. Así, la Fiscalía consideró que el acusado Ullúa “co-determinó quiénes serían las víctimas; co-planificó cómo se realizarían los hechos y participó de las ejecuciones” en el operativo conocido como la Masacre del 5 X 1 en la que murieron Elizagaray, Jorge Videla y sus dos hermanos Jorge y Guillermo, y Goldenberg; también en los asesinatos de los contadores Gasparri y Stoppani; y el secuestro y asesinato de Maggi.