No previeron el atentado contra la AMIA pese a que estaba el antecedente del ataque a la Embajada de Israel. La investigación no sólo fue desastrosa, sino que el juez compró la declaración de un imputado por 400.000 dólares, tras una negociación informal y a escondidas. El magistrado terminó echado, los fiscales y responsables de la investigación, condenados. La gestión de Alberto Nisman estableció el nombre del supuesto suicida, Ibrahim Berro, pero tardaron diez años en hacer un estudio de ADN, y ya con Nisman fallecido, se determinó que Berro no fue el suicida. La muerte del fiscal tampoco arroja conclusiones por ahora y el equipo de tres fiscales que lo reemplazó logró importantes avances, pero fue desmantelado en 2017. A 26 años del atentado no se cumplió con ninguno de los deberes con las vícitmas y sus familiares y por lo tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó las responsabilidades del Estado argentino. Es muy probable que el Poder Ejecutivo traslade el informe al Poder Judicial, donde se desarrollaron buena parte de las irregularidades detalladas por la CIDH.

El informe de 73 páginas es una respuesta global a la demanda que iniciaron hace 20 años los integrantes de Memoria Activa -cuyos referentes son Adriana Reisfeld y Diana Wassner-, junto a familiares y amigos de las víctimas del atentado. En los distintos pasos, Memoria Activa fue representada por el abogado Rodrigo Borda, mientras que el CELS representó a la Comisión de Familiares de las Víctimas.

El documento de la Comisión es un lapidario resumen de lo ocurrido en los 26 años que transcurrieron desde el ataque a la AMIA y fue la conclusión de una audiencia que se hizo en Lima en noviembre pasado. La lectura del texto obliga a una especie de viaje al pasado en que se sucede una maniobra escandalosa detrás de otra.

Partida

La CIDH parte del punto de vista de que "un Estado no puede ser garante de la vida de todos sus habitantes ante un ataque terrorista". Sin embargo, en el caso AMIA hubo antecedente, el atentado contra la Embajada de Israel, que requirió de un grupo de "actores y redes" y "no existió una decisión judicial que hubiese determinado la verdad".

Pero a continuación se produjo el otro hecho grave que evalúa la CIDH: "No se adoptaron las medidas razonables de prevención para evitar el riesgo de un nuevo atentado", "no se creó un plan general de prevención".

Ataque

La Comisión es muy crítica respecto de la reacción ante el ataque. Por ejemplo, cita que no se preservó la zona. "La zona resultó invadida por un sinnúmero de personas ajenas a las fuerzas de seguridad". Para colmo, dice la CIDH, "los efectivos policiales no manifestaron una mínima inquietud por relevar un testimonio" y tampoco documentaron como correspondía el hallazgo del motor que apareció en medio de los escombros.

Telleldín

El documento menciona otro episodio al que se le prestó poca atención. Una vez identificado el motor, se rastreó quién lo tuvo en su poder y apareció en escena Carlos Telleldín, por entonces armador de camionetas con partes robadas. La CIDH sostiene que integrantes de la SIDE estuvieron en la casa de Telleldín durante 48 horas sin que esto se consignara judicialmente. Ni siquiera hubo un allanamiento formal.

Pista Siria

El documento de la CIDH pone también el acento en la forma en la que se frustró la llamada pista siria. Se habían ordenado escuchas telefónicas al ciudadano Alberto Kanoore Edul, que registraba una llamada al teléfono de Telelldín el día en que se entregó la camioneta. También hubo órdenes de allanamiento a sus domicilios.

Sin embargo, tanto las escuchas como los allanamientos se interrumpieron tras la gestión de un hermano del presidente Carlos Menem. A esto se agregó que las escuchas existentes terminaron perdiéndose, desaparecieron.

Dinero

Como era de esperar, en el dictamen de la Comisión se marca el pagó de 400.000 dólares a Telleldín para que testifique en contra de un grupo de policías bonaerenses. El texto marca que todo se armó "en dos reuniones informales entre el juez y el imputado, en un tono ameno y distentido". La maniobra es descripta así por la CIDH: "actores estatales participaron de actividades al margen de la ley con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico".

Fiscales

La CIDH es crítica de lo hecho por Alberto Nisman durante los años que estuvo al frente de la investigación y, en cambio, consideró positivo el trabajo de los tres fiscales que lo sucedieron, después de su muerte, y que fueron designados por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. "La Comisión considera que el curso de acción seguido a partir de 2015 fue positivo", señala el texto.

Por ejemplo, sostiene que "tuvieron que pasar diez años para que la fiscalía (al mando de Nisman) identificara material biológico que no correspondía a una de las víctimas". Este fue un reclamo permanente a Nisman: nunca quiso hacer pruebas genéticas para que no se frustraran sus hipótesis. Finalmente, el estudio se realizó y la conclusión fue que los rastros encontrados no se corresponden con Ibrahim Berro, el hombre que Nisman instaló como suicida.

En general el documento establece además una demoledora crítica a Nisman por el uso exclusivo de informes de inteligencia en la causa judicial, en lugar de concentrarse en la prueba verificable para el expediente. Ese punto siempre lo marco el ex juez Rodolfo Canicoba Corral quien siempre señaló que la investigación de Nisman se basaba en informes de la CIA, el Mossad y la SIDE, no en prueba judicial.

Para redondear, el documento suma una crítica tácita a la investigación de la muerte del propio Nisman. La Comisión sostiene que la falta de conclusiones respecto de la muerte del fiscal impide un pronunciamiento respecto de si tiene relación o no con la causa del atentado de la AMIA.

Derechos

En resumen, el Estado argentino no cumplió con el deber de preservar la vida de las víctimas ni observó el derecho a una investigación judicial eficaz ni a que esa investigación se haga en tiempos razonables.

Por lo tanto la CIDH considera que hubo una grave violación de los derechos humanos y hace una serie de recomendaciones:

*Que se continúen las investigaciones de manera eficaz y en plazos razonables

*Debe haber un acto de disculpas públicas a los familiares y reparaciones pecuniarias.

*Debe implementarse un sistema de transparencia en el uso de los fondos de inteligencia.

*El Estado debe implementar un esquema de formación para las fuerzas de seguridad para prevenir actos terroristas.

*Debe realizarse una formación del Poder Judicial para la investigación de hechos como los atentados.

El informe está dirigido al canciller argentino, Felipe Solá, como representante del país ante la CIDH. Es posible que la Cancillería le traslade el documento al Poder Judicial que es donde ocurrieron la mayoría de los hechos cuestionados por la Comisión. Pero en algún momento habrá que dar una respuesta que, de todas maneras, quedará en manos del gobierno que es el único interlocutor ante la CIDH. Más allá de la respuesta, el documento pinta la catástrofe del caso AMIA a 26 años del atentado.