La presentación de Nodio, el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, que funcionará en la Defensoría del Público, abrió un debate en la escena pública. El observatorio tiene como principal finalidad "proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias” en el entorno digital y trabajar sobre la “identificación de sus operaciones de difusión”. Sin embargo, un sector de la oposición, con el respaldo de los medios hegemónicos, denunció que la herramienta es “inconstitucional” porque podría poner en riesgo la libertad de expresión. “Controlar y vigilar no son parte de las funciones que debe tener la Defensoría del Público", denunciaron desde Juntos por el Cambio.

"No existen intenciones de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de la prensa: son actividades incompatibles con las funciones del organismo", respondieron este lunes desde la Defensoría del Público en un comunicado publicado en la web oficial. “Tiene entre sus misiones y funciones recibir y canalizar los reclamos y consultas de las audiencias y no tiene capacidad sancionatoria alguna” ni punitiva, remarcaron desde la Defensoría, un organismo creado por el artículo 19 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) bajo la órbita del Congreso Nacional “para defender la libertad de expresión de todas las personas que habitan la Argentina”.

En tanto, para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), "la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover". También señalaron que “la propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello". “Este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado Nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, consideró el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, en su cuenta de Twitter.

“Hoy en día nadie puede desconocer la importancia que tiene la comunicación y la construcción del debate público en nuestra sociedad”, resalta a Página/12 Glenn Postolski, director de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público. “Y las nuevas tecnologías hacen que los múltiples tipos de prácticas comunicaciones generen situaciones que son en muchos casos novedades y que tienen impactos que precisamos estudiar y entender. Por eso es necesario contar con una herramienta para producir un tipo de conocimiento que permita interactuar con las audiencias, los profesionales de los medios y encontrar las mejores reflexiones para que la circulación de mensajes, ya sea través de los medios tradicionales o virtuales, estén basados en las buenas prácticas y no en formas discursivas que van en detrimento de la sociedad“, sostiene Postolski.

“Es que en los últimos años aparecieron fenómenos, que desde ámbitos como la academia, la misma práctica profesional o desde organismos públicos internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo Europeo, se vienen alertando y que tienen que ver con la circulación de discursos basados en formas diferentes de discriminación y estigmatización, que tratan de exasperar emociones para construir un clima social que va sedimentando una forma de proceder antidemocrático”, explica a este diario el investigador y docente especializado en políticas de medios masivos y derecho a la comunicación. “Por eso, se vienen configurando (en todo el mundo) distintas instancias y herramientas público y privadas para comprender este fenómeno –sus voluntades y efectos-- y poder desmontarlo”, dice Postolski.

Según Postolski, el rechazo de la oposición y algunos medios responde a “una lectura muy coyuntural que hace que toda iniciativa que esté vinculada con lo estatal y lo público hoy sea recibida de manera negativa. Lo que intentan es justamente apostar a las emociones primarias como el temor y el enojo de la sociedad. El temor a perder la libertad de expresión o que haya un organismo censor. La Defensoría, que funciona hace once años, no tiene ningún tipo de acción punitiva, sino que lo que se crea es una línea de trabajo que busca reflexionar en torno a las mejores prácticas que den cuenta de una información que no dañe a la sociedad”, resalta el especialista en medios. “Estas críticas están basadas en un estereotipo y un preconcepto”, señala.

Nodio, además, se propone como un espacio de debate plural para estudiar, analizar e investigar fenómenos como la circulación de noticias falsas (fake news), promover la discusión pública y servir de base para nuevas políticas públicas que protejan el derecho a la comunicación de las audiencias. Los observatorios están destinados a la investigación y la elaboración de propuestas. La intención, justamente, es brindar herramientas para fortalecer la vida democrática y la libertad de expresión. Porque su objetivo consiste en generar ámbitos de reflexión acerca de las prácticas profesionales y las consecuencias que acarrean para el debate democrático la circulación de las noticias maliciosas. “Desde que se inició esta nueva etapa de la Defensoría del Público, a través de sus reclamos, integrantes de las audiencias nos expresaron su preocupación por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios”, fundamentó la Defensora del Público, Miriam Lewin, la semana pasada durante la presentación.

”En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física”, precisó Lewin.