Desde Santa Fe 

Ayer debía comenzar el juicio a cuatro imputados por la represión a jóvenes y adolescentes que participaron en un pañuelazo verde frente a la Catedral Metropolitana, el 7 de agosto de 2018. Dos de ellos son activistas del partido de Alejandro Biondini que ahora se llama Frente Patriota; la tercera es una docente de un colegio privado y la cuarta una ex contratada del Ministerio de Seguridad. La audiencia previa estaba prevista para las 8.30, pero el banquillo quedó vacío porque ni los amigos de Biondini, ni las dos mujeres se presentaron. Y encima, el abogado defensor de los cuatro, José Mohamad, anunció su renuncia al cargo porque dijo que sus clientes no le atendían el teléfono. “Ninguno me responde. Entonces, ¿qué puedo decidir yo si nadie se comunica conmigo?”, se disculpó ante la fiscal que investiga la causa, Jorgelina Moser Ferro, de la unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual. El juez Leandro Lazzarini dispuso entonces un cuarto intermedio hasta que se defina la asistencia a los acusados, si los defenderá otro abogado particular o la Defensa Pública.

La represión al pañuelazo del 7 de agosto –protagonizado en su mayoría por adolescentes- tuvo tanta resonancia que de inmediato se viralizaron las pruebas y videos en las redes. Una de las víctimas y referentes del acto fue la líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, Jimena Sosa.

La audiencia imputativa se realizó el 30 de agosto de 2018. En ese entonces, la investigación estaba a cargo de la fiscal Mariela Jiménez, que hoy integra la unidad de Delitos Complejos. Los dos seguidores de Biodini y la ex contratada del Ministerio de Seguridad fueron imputados por supuestas “lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio conforme lo establece la ley 23.592” y la docente como presunta “partícipe secundaria” de los mismos hechos, más “encubrimiento agravado”, en “concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio”.

Pero desde entonces, transcurrieron dos años. La causa estuvo a punto de prescribir, pero eso no sucedió por la acción de Moser Ferro, que recién juró como fiscal en noviembre de 2019 y se incorporó a la unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual. El plazo de prescripción era el 30 de agosto de 2020, pero unos días antes, la fiscal formalizó la acusación y ofreció pruebas. Así se llegó a la audiencia de ayer.

Ante el faltazo de los imputados y la renuncia del defensor, el juez Lazzarini ordenó un cuarto intermedio hasta que se regularice la asistencia a los imputados. Mohamad comentó a Moser Ferro que no se podía comunicar con sus clientes. “Ninguno me atiende. Entonces, yo no puedo decidir nada, si nadie se comunica conmigo”, se disculpó. El penalista presentó su renuncia el viernes 9 de octubre, antes del feriado largo, y el juez se la aceptó ayer.

Pero antes de dejar el caso, el abogado deslizó la posibilidad cerrar el litigio con una disculpa pública de los imputados y una probation, pero la fiscal y las denunciantes, entre ellas Jimena Sosa, rechazaron esa alternativa. Las otras son el proceso abreviado y si los denunciados no lo aceptan, el juicio oral y público.

En la audiencia imputativa de 2018, la fiscal Jiménez acusó a los amigos de Biodini de “agredir a las manifestantes mediante golpes de puño y mordidas, ocasionándole lesiones leves a una de las víctimas”. “Esgrimieron baristones en forma amenazante, tomaron de los cabellos a una de las personas que estaban en la plaza de Mayo y también les dijeron frases intimidatorias con el objetivo de amedrentarlas”. “Los ilícitos cometidos alentaron el odio contra el grupo de personas que estaba manifestándose en un espacio público –entre las que había menores de edad–, por lo cual debe enmarcarse en la ley 23.592 de actos discriminatorios”, explicó.

Ayer, Jimena Sosa dijo que “a dos años del brutal ataque de este grupo organizado de ultraderecha, porque son militantes del partido de Biondini, queremos que la justicia los castigue como corresponde”. “Por eso iniciaremos el juicio”.

Sosa recordó que después de la represión “la marea verde se reunió para abrazar a las compañeras agredidas" y repudiar a "estos antiderechos y dogmáticos. Eso es justamente lo que pone nerviosos a estos reaccionarios, afines a sectores de la Iglesia Católica y antiderechos”. “Exigiremos castigo a los culpables de estos ataques para que haya justicia y que no se habilite, con impunidad, a que otros anti-derechos sigan golpeando a las chicas. Además, no pueden ser legales partidos que actúan contra los derechos elementales de las mujeres y la población”.

La abogada Fernanda Gutiérrez –que patrocina a las denunciantes- reveló que después del ataque en la Catedral del 7 de agosto de 2018, “estos personajes siniestros” siguieron con “amenazas telefónicas, acciones intimidatorias y pegativas alusivas a la dictadura en casas de militantes feministas”. “·Que Biondini y todos los anti-derechos sepan que no van a amedrentarnos. Miles de mujeres estamos por el aborto legal y así vamos a seguir, con pañuelazos, marchas y denunciando a quienes pretenden tapar con violencia, la fuerza de la ola verde. Por eso, no vamos a permitir que la justicia no les aplique un castigo. Esta ola feminista y disidente llegó para quedarse, y más que nunca el puño en alto por el aborto legal y el Estado laico. Ni un paso atrás: ¡Castigo a los culpables!”.