Un grupo de más de cien mujeres que interrumpieron su embarazo en la última década solicitaron a la Fiscalía de Italia que investigue el hallazgo de un cementerio de fetos enterrados en tumbas marcadas con sus nombres.
Esta práctica, llevada a cabo desde hace años por grupos antiderechos, instaló un fuerte debate a partir de un posteo en las redes sociales donde una de las afectadas publicó una foto del cementerio Flaminio, ubicado al sudoeste de Roma, en la que se ve una cruz blanca encima de una lápida que lleva su nombre.
“No te preocupes. Aunque no te hayas apuntado para el entierro, el feto seguirá siendo enterrado por caridad: tendrá su lugar con una de sus cruces y lo encontrará con su nombre”, le dijeron al teléfono a Marta, meses después de haber tenido que enfrentar un aborto por motivos de salud.
“Empiezo por escribir que esta no es mi tumba”, publicó Marta en sus redes sociales. “El campo en cuestión del cementerio Flaminio en Roma está lleno de cruces con nombres y apellidos femeninos”, denunció la mujer.
De inmediato, su publicación se hizo viral y motivó a que muchas otras mujeres contaran sus experiencias. Es el caso de Francesca, quien también descubrió que en el cementerio Flaminio de Roma “había una tumba a mi nombre, sin mi consentimiento y sin mi conocimiento”.
En su caso, el aborto también fue porque el embarazo ponía en peligro la salud de la madre. Según contó, meses después de la interrupción de su embarazo, le preguntó al hospital qué había sucedido con el feto, porque en su momento ella había dicho que no estaba de acuerdo con enterrarlo.
“Ellos respondieron ‘no sabemos nada al respecto’. Ahora ver mi nombre en esa fea cruz de hierro helado en ese inmenso prado árido fue una puñalada”, lamentó Francesca.
El entierro de fetos, denunciado por más de 100 mujeres ante la Fiscalía italiana, resultó ser una práctica regular de organizaciones ultracatólicas del país, principales referentes de los sectores antiderechos. Según se investigó, el modus operandi consiste en reclamar en los hospitales los fetos abortados y enterrarlos en cementerios italianos bajo el nombre de las mujeres embarazadas.
Lo más sorprendente, destacó la periodista Sabina Pignataro del medio italiano Corriere De La Sera, es que se trata de una práctica legal porque no viola las leyes italianas sobre los entierros.
Según explicó, estas normas se aplican de manera desigual en las diferentes regiones. Debido a esa “falta de homogeneidad”, indicó el medio local, puede ocurrir que en alguna región de Italia “el aborto de un feto o embrión, de cualquier credo y nacionalidad, que haya sido abortado voluntaria o espontáneamente, incluso con una edad gestacional inferior a 20 semanas, sea enterrado en un cementerio municipal (con o sin rito católico) sin que la mujer lo haya solicitado. Y sin que la mujer sea consciente de la existencia de una tumba que queda como presencia, como huella, de ese suceso”.
Demanda colectiva
Según informaron los medios locales, el Garante de Privacidad de Italia ha decidido abrir una demanda colectiva que recoge los casos de estas y otras mujeres que reclaman por el derecho a su intimidad.
Aunque las demandantes no pueden argumentar contra la legalidad del entierro de los fetos abortados, sí pueden reclamar ante lo que consideran una clara violación a su privacidad, ya que en cada tumba está escrito el nombre de la mujer embarazada. Por caso, los antiderechos omiten en las lápidas el nombre del hombre.
Es por eso que se analizarán los casos bajo los delitos de “violencia privada” y “violación a la privacidad”. La Fiscalía italiana también abrirá un expediente de oficio y se sumará a las investigaciones del caso, cuya responsabilidad podría poner en problemas a los hospitales y a las organizaciones antiderechos que se encuentran detrás de estos “cementerios de abortos”.
Cementerios de fetos abortados
La periodista Jeniffer Guerra, autora del libro El Cuerpo Eléctrico, se encargó de rastrear hace unos años las denuncias que había sobre cementerios de fetos abortados en toda Italia y encontró, por lo menos, 50 lugares donde hay este tipo de tumbas.
Según se detalla en la investigación, en la legislación italiana sobre el aborto -legalizado desde la década del 70-, hay una diferencia entre aquellos que ocurren antes de la semana 20 de concepción y los que ocurren después.
Según la política mortuoria italiana, los “productos abortivos”, como son llamados en la ley a los fetos y embriones abortados, deben ser enterrados después de la semana 20 de concepción. También establece que debe hacerse lo propio con las partes anatómicas reconocibles (como los miembros sujetos a amputación).
Por su parte, las partes anatómicas no reconocibles, es decir todo “producto abortivo” inferior a 20 semanas de concepción, debe eliminarse como “desechos hospitalarios especiales” y enviarse para “destrucción térmica”, como lo establece el Decreto 254 del 2003 emitido por el Presidente de la República.
La investigación de Guerra encontró que sobre esta premisa los grupos antiderechos se apoyan para ofrecer un “servicio social” a los hospitales y los municipios para enterrar “dignamente” los restos de los fetos y embriones no reclamados por las familias ya que, de acuerdo a la legislación, tras 24 horas pierden los derechos de propiedad sobre ellos.
Uno de los más destacados en esta tarea es ‘Difendere la Vita con Maria’ o ‘Defendiendo la Vida con María’, una organización ultracatólica que se dedica a auspiciar este tipo de cementerios por toda Italia y a realizar entierros sin importar el credo o procedencia de los “productos abortivos”.
En una publicación hecha en 2013 por el medio italiano Il Fatto Quotidiano, el periodista Alessandro Madron recogió parte de la investigación de Guerra y profundizó en las prácticas de esta organización, las cuales se remontan a 1999. En dicha publicación destaca que ‘Defendiendo a la vida con María’ va más allá de la legislación italiana y ni siquiera reconoce la distinción entre embrión o feto, pues considera que la vida humana existe desde el momento mismo de la concepción.
En algunas regiones como Lombardía y Campania han logrado influir en la legislación mortuoria y establecer que todo "producto abortivo" (o "niño por nacer", como ellos lo llaman) debe ser enterrado, incluso si son embriones de menos de 20 semanas.
Además, tienen convenios firmados con hospitales de ciudades como Roma, Nápoles, Turín, Caserta y Génova, que les avisan cuando los padres no reclaman los restos después de las 24 horas legales.