Tras haber votado a favor de la resolución que condena las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, el gobierno argentino aclaró este martes que no acompaña la declaración del Grupo de Lima, que reconoce como mandatario interino a Juan Guaidó y pretende que documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La Cancillería advirtió sobre el peligroso antecedente que representaría para la región una "intervención extrarregional".
"El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe. No se condice con la posición de nuestro país. Al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A través de un comunicado, el gobierno argentino además dejó en claro sus diferencias en cuanto al reconocimiento que le otorga el Grupo Lima a Guaidó como presidente interino: "La referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".
Además, señaló que no comparte "las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región".
Los países del Grupo de Lima pidieron que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela provenientes de un informe de la ONU sirvan de prueba para la CPI en sus indagaciones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza las imputaciones.
También reclamaron una investigación "a fondo" y urgente sobre las supuestas "conexiones" del Ejecutivo con el "crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
Por este motivo, la cartera encabezada por Felipe Sola Indicó que "le preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la 'restauración de la democracia y el Estado de Derecho'".
"Este llamado a una intervención extrarregional no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe", añadió Cancillería.
En relación a la violación a los derechos humanos en el país, la posición argentina sostiene que el gobierno de Alberto Fernández "comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación" por esta situación y que exhorta al Gobierno de Nicolás Maduro "a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", Michelle Bachelet.
De esta forma, Cancillería rescató como "valioso" el informe elaborado por la expresidenta de Chile, que fue presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: "Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco".
A modo de conclusión, el gobierno argentino planteó que confía en la "gran vocación democrática del pueblo venezolano" y asegura que solo a través del voto "se puede establecer de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución".
Argentina "mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
