Desde Lima.Una nueva denuncia por supuesta corrupción vuelve a poner en problemas al presidente Martín Vizcarra. Menos de un mes después que se librara de un proceso de destitución en el Congreso por la contratación irregular de un funcionario de tercer nivel y acusaciones de haber maniobrado para ocultar el caso, Vizcarra ha sido acusado de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la región de Moquegua, al sur del país, entre 2011 y 2014. Se ha filtrado a la prensa el testimonio ante las autoridades de un procesado por corrupción que aspira a ser reconocido como colaborador de la fiscalía para recibir beneficios, quien acusa al mandatario de haber recibido de una constructora un soborno de poco más de un millón de soles (unos 300 mil dólares) para que esta empresa gane la licitación de una obra de irrigación en Moquegua. Vizcarra ha respondido que la acusación es falsa.

La identidad del colaborador de la fiscalía no ha sido revelada, pero se estima que se trataría del propietario y gerente de la constructora Obrainsa, Elard Tejada, la empresa que habría pagado la coima a Vizcarra. Tejada es uno de los empresarios procesados en el caso del llamado “Club de la Construcción”, que reunía a importantes empresas del ramo y funcionaba como un cartel para distribuirse las obras públicas pagando sobornos en diferentes gobiernos. Con su testimonio contra el jefe de Estado, este acusado devenido en colaborador podría librarse de la cárcel o reducir significativamente una condena. Tejada estuvo dos años prófugo y hace una semana, en coincidencia con este testimonio dado a la fiscalía, se le cambió la orden de detención por la de arresto domiciliario.

De acuerdo al relato de este colaborador de la fiscalía, el pago del supuesto soborno a Vizcarra lo habría realizado el propio Elard Tejada. Su empresa, Obrainsa, en sociedad con la constructora italiana Astaldi, ganó en 2013 la licitación convocada por el gobierno regional que encabezaba Vizcarra para una obra de irrigación por un monto de 80,9 millones de soles (cerca de 25 millones de dólares). En 2003, Obrainsa y una empresa constructora entonces propiedad de Vizcarra habían sido socias en una obra pública. En su testimonio ante la fiscalía, el colaborador asegura que el pago de la supuesta coima fue por un equivalente al 2 por ciento del monto de la obra, porcentaje que se traduce en 1,6 millones de soles, pero en esa misma declaración señala que el soborno fue de un millón de soles en efectivo y otros 35 mil soles en el pago por el alquiler de una avioneta solicitado por Vizcarra. Una contradicción en las cifras que genera dudas.

La licitación de esta obra de irrigación estuvo a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Programas (Unops). El colaborador de la fiscalía señala que el pago a Vizcarra fue para que entregue información privilegiada sobre el monto que debían ofertar por la obra para ganar la licitación. El acusador del presidente señala que Tejada -que sería él mismo- le pagó en efectivo el supuesto soborno a Vizcarra en las oficinas de Obrainsa en dos reuniones, en una primera 400 mil soles y en la segunda los otros 600 mil soles.

El presidente niega las acusaciones en su contra. Lo único que ha admitido es que días después que Obrainsa ganara la licitación en cuestión, la empresa pagó, a su pedido, el alquiler de una avioneta para transportar de Lima a Moquegua a funcionarios del gobierno de Bolivia interesados en ver el puerto de Ilo, en Moquegua, como un posible punto para sus exportaciones, viaje promovido por el gobierno regional que encabezaba el hoy presidente. Vizcarra asegura que fue una operación legal y que la empresa hizo ese pago como parte “de la responsabilidad social de la empresa para el entorno donde va a hacer el proyecto”. La explicación deja vacíos.

Vizcarra se ha defendido diciendo que lo que hay en su contra es “solo la declaración de un aspirante a colaborador”. “Sin una sola prueba se atreven a manchar honras y a meter a todos en el mismo saco (de la corrupción)”, ha respondido. Ha denunciado que con esta acusación se pretendería “intimidar al presidente, incluso vacarlo (destituirlo) y callarlo”, lo que, argumenta, es una respuesta a sus demandas de investigar los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a importantes políticos.

Sectores golpeados por los procesos anticorrupción que Vizcarra ha respaldado, e incluso impulsado, han encontrado en esta acusación contra el mandatario la oportunidad de devolverle el golpe, y de debilitar su prédica anticorrupción.

En el Congreso no ha prosperado el apresurado intento de un sector minoritario de abrirle un nuevo juicio político al presidente, que sería el segundo en menos de un mes. Lo que sí ha prosperado es la formación de una comisión investigadora, que indagará en paralelo a la investigación de la fiscalía.

Pasar de la presidencia a los tribunales es el camino recorrido por los últimos presidentes peruanos: Alberto Fujimori, sentenciados a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción; Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de Odebrecht y a la espera de ser extraditado de Estados Unidos; Alan García, que se suicidó cuando iba a ser detenido por cargos de corrupción; Ollanta Humala, procesado por el supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral; y Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en marzo de 2018 -lo que llevó al poder a Vizcarra, que era su vicepresidente- acusado de recibir pagos ilícitos de la contructora brasileña Odebrecht y hoy procesado bajo arresto domiciliario. Vizcarra podría sumarse a esa larga lista negra.