Finalmente tras varias postergaciones y rechazos al tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción en forma mayoritaria a la intervención del Poder Ejecutivo de Aguaray, cuyo intendente, Enrique Prado, está acusado de haber facilitado el robo de caños del gasoducto del NEA valuados varios en millones de dólares y por la cual avanza una causa en la Justicia Federal.

El debate estuvo marcado por reproches mutuos entre el oficialismo y la oposición, chicanas políticas, principalmente basadas en la pertenencia política de Prado, y hasta diputados del bloque saencista plantearon sus sospechas sobre el caso e insinuaron responsabilidad del gobierno nacional en el ilícito.

El autor del proyecto, Ramón Villa (FdT), indicó que con las primeras noticias e informes que llegaban desde Aguaray “claramente se podía vislumbrar que había sucedido algo importante”, lo que llevaba a plantear medidas urgentes. 

El diputado de Rivadavia además expuso la difícil situación que se vive en estas horas en el municipio a partir del llamado de Prado a sus seguidores de resistir y que hoy, por ejemplo, derivó en cortes de ruta o amenazas de tomar el municipio si es que los legisladores avanzan en la destitución.

En tanto la oficialista Socorro Villamayor (STF) se refirió a los tiempos que tomó el proyecto hasta llegar a su tratamiento en el recinto. Remarcó que cuando fue presentado, Prado aún no tenía ninguna imputación, “sin embargo presentan rápido el proyecto de intervención para sacarse de encima la pertenencia política de Prado y salieron a hacer ruido en la prensa diciendo que el oficialismo no lo quería aprobar”.

Después remarcó que la intervención es el último recurso y que la Legislatura debe merituar los tiempos y respetar las instituciones, “por eso teníamos que esperar que actúe el Concejo Deliberante, porque si ellos los destituían asumía un concejal electo por el pueblo”.

Como los ediles sostuvieron al intendente, Villamayor remarcó que a la irregularidad de los caños se sumaron otros hechos como los abogados defensores nombrados asesores municipales y la promesa de una clínica a cambio de dos hectáreas, que llevaron a que finalmente se avance en la destitución del jefe comunal.

Otra característica del debate, fueron las argumentaciones de algunos diputados para destacar la tarea de la prensa a la hora de descubrir el robo de los caños, pero a su vez cuestionaron que los medios hayan marcado la demora y la resistencia de los bloques del oficialismo para tratar el proyecto, actitud que la consideraron como una especie de ensañamiento con fines políticos.

El diputado Santiago Godoy (PJ) remarcó que no es necesario esperar a la Justicia, “porque los tiempos de la Justicia son distintos a los de la política y ellos tienen que resolver la cuestión penal de Prado, mientras que nosotros la parte política que es la gravedad institucional que se vive en le municipio”, señaló.

“No hay nada más triste que sacar un intendente porque fue elegido por el voto popular y sepan que cuando se interviene le duele a la política, porque para la gente no es el intendente destituido el único, sino que somos todos los mismo”, expresó Godoy.

En el extenso debate no faltaron los posicionamientos políticos, pero también los pases de factura entre diputados acusándose de mentirosos, chicanas con referencias al ex diputado nacional Juan Ameri y hasta reproches entre integrantes del mismo bloque. También hubo quienes aseguraron que con el proyecto de intervención se hizo “politiquería”, término que fue duramente cuestionado por varios diputados que tomaron la palabra al considerar que era un descalificación sin fundamentos.

Al final todos coincidieron en que la situación de Prado era insostenible y la iniciativa fue aprobada en forma mayoritaria con el voto negativo de Claudio del Plá (PO), cumpliendo de esa manera con el requisito de mayoría absoluta o agravada, tal como se conoce a los dos tercios de los votos. El diputado olmedista Julio Moreno pidió que se lo gire inmediatamente al senado para que su tratamiento sea rápido y le otorguen la sanción definitiva.

Sospecha nacional

Durante el debate hubo un par de manifestaciones que llamaron la atención en cuanto que pusieron un manto de sospecha sobre el robo de los caños y apuntaron a la Nación, insinuando que tuvo alguna participación en el hecho.

En primer lugar de forma sutil Villamayor planteó como una rareza que en plena pandemia hayan podido circular los camiones con los caños sin levantar sospechas “con la complicidad de las fuerzas de seguridad que controlaban las rutas”.

Pero luego Javier Diez Villa directamente indicó que Prado tiene un padrino político y que su caso es “la punta del iceberg”. Por lo que pidió que la Justicia avance y que el intendente hable. Luego especuló con que debe haber un contexto superior que apañó a Prado para que apenas asumido haya tomado esa determinación.

Finalmente indicó que le pidió por nota al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que explique las declaraciones que hizo el cuestionado jefe comunal,  cuando apuntó a que recibió órdenes de la primera línea del gobierno nacional y de la agrupación La Cámpora, pero Diez Villa señaló que nunca recibió una respuesta. “Prado no es fruto de un accidente político, sino que es la punta del iceberg de una decisión que se tomó desde antes que llegue a la intendencia.

Plasma sin costo, el resto lo paga el Estado

Mediante un dictamen consensuado, luego de que se hayan presentado uno por la mayoría y otro por la minoría, Diputados dieron media sanción al proyecto para garantizar la gratuidad a los pacientes de las transfusiones de plasma en el marco de la pandemia por la Covid-19.

El contrapunto surgió a partir de que en uno de los proyectos se avanzaba en legislar desde la provincia en materia que ya estaba establecida por una normativa nacional, tal como explicó Godoy, autor de uno de los dictámenes.

El dictamen por la mayoría directamente prohibía la facturación de todo el proceso de transfusión de plasma, incluida la extracción, envasamiento y traslado. En tanto la Ley nacional señala que está prohibida la comercialización de la sangre o el plasma, pero sí está permitido el cobro de la práctica médica y de los elementos utilizados en el proceso. Por ello se definió aprobar que el Estado provincial correrá con esos costos.

Los diputados hicieron referencia y repudiaron el intento de un centro de hemoterapia privado de cobrar 30 mil pesos por el proceso de transfusión, entre lo que se habría incluido el costo del plasma propiamente dicho, algo que ya estaba prohibido por la ley nacional y por lo que está siendo investigado su titular, Martín de la Arena. Ese caso fue el origen de los proyectos que se presentaron en la Legislatura.

Presupuesto para la UNSa

Finalmente se aprobó un proyecto de Declaración instando a los legisladores nacionales a que consigan un refuerzo en las partidas que recibirá la Universidad Nacional de Salta en el presupuesto 2021, que en un principio incluye un recorte de más de 100 millones con respecto a lo que venía recibiendo la institución.

Los legisladores antes del comienzo de la sesión tuvieron una reunión virtual con el rector, Víctor Claros, y todos coincidieron en la importancia de la educación superior pública, así como el de un presupuesto acorde para poder atender los requerimientos de todas las carreras.

La UNSa alcanzó su mayor coeficiente de presupuesto durante el último año de gobierno de Cristina Fernández, luego sufrió recortes en la gestión de Mauricio Macri, y dicha tendencia se sostendría para el año próximo si es que se aprueba en el Congreso el proyecto del Presupuesto con los números que transcendieron.