Una a favor y dos en contra. La justicia argentina le enviará en los próximos días un listado de preguntas a los dos altos ex funcionarios de Interpol que estuvieron a cargo de las órdenes de captura con alertas rojas respecto de los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado contra la AMIA. Se trata del centro de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Lo que juega a favor es que Interpol está obligado, por el convenio firmado con la Argentina y que se convirtió en la ley 24.186, a colaborar con la justicia argentina. Pero en contra juega que Interpol manifiesta que sus funcionarios tienen inmunidad, o sea el derecho a no responder, y sobre todo, la furibunda interna que se desató entre el ex secretario general Ronald Noble y el actual, Jürgen Stock. En Interpol, además, entienden que no se necesita preguntar nada: es un hecho que las órdenes de captura con alertas rojas están vigentes y nunca dejaron de estarlo. Es una evidencia en sí mismo.

La titular del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), María Gabriela López Iñiguez, ya le dio vista a todas las partes para que formulen las preguntas que le quieren hacer a Noble y a Joël Sollier, ex secretario general y ex responsable legal de Interpol. Noble ya ha dicho de todas las maneras posibles -entrevista en PáginaI12, en The Wall Street Journal y centenares de tweets-- que nunca hubo ninguna modificación en el status de las órdenes de captura y que ningún funcionario argentino trató de modificar esa situación. Ese es el motivo por el que el fallecido juez Claudio Bonadio y quienes imputaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner --una parte de los dirigentes de la comunidad judía-- nunca quisieron que Noble o Sollier declararan en el expediente: con su respuseta se termina la acusación.

La ley 24.186 de aprobación del acuerdo de la Argentina con Interpol dice en sus artículos 15 y 17 que los funcionarios y ex funcionarias de la organización internacional de policía tienen inmunidad en todo lo que tiene que ver con sus actividades en Interpol. Pero los artículos 22 y 24 son categóricos en que los secretarios generales de Interpol tienen la obligación de colaborar “con las autoridades argentinas competentes a fin de facilitar la administración de justicia”. Este último párrafo virtualmente no les da alternativas ni a Stock ni a Noble: se deben contestar las preguntas de la justicia.

De manera asombrosa surgió una furibunda interna entre el ex y el actual secretario general. Noble recibió la citación del TOF 8 junto con una carta en la que Stock le decía que no puede contestar porque está sujeto a la disciplina de Interpol. "Cualquier testimonio suyo es violatorio de sus obligaciones como ex secretario general. Interpol confía en que cumpla con los postulados de esta organización", disparó Stock. Y Noble no lo llamó a Stock para ver cómo arreglaban el asunto, sino que lanzó una catarata de 25 tweets, en un tono muy beligerante. "Noble está en desacuerdo con la posición tomada por la Oficina Legal de Interpol --contestó en tercera persona--, tendiente a impedir el testimonio. Y apelará esta decisión".

En esta guerra abierta, infrecuente a ese nivel, es posible que Stock ponga todas las trabas posibles. Es un ex comisario alemán, por lo que  habrá que ver cómo reacciona ante la exigencia de los jueces. Noble, por su parte, es un abogado que fue quien tuvo el comando de Interpol durante 14 años y tuvo altísimos cargos en el gobierno de Estados Unidos. Tiene un perfil muchísimo más político que Stock y siempre buscó algún tipo de acuerdo en el caso AMIA para que pueda avanzar la investigación del atentado. 

La lógica indica que el TOF 8, que componen López Iñiguez, Daniel Obligado y Juan Michilini, le pedirá respuestas a Interpol a corto plazo, o sea algunas semanas, menos de un mes. En principio, las audiencias del juicio por el Memorándum están convocadas para iniciarse en diciembre, pero habrá que ver qué sucede con la situación del virus.

No se puede descartar que finalmente haya una respuesta de Interpol,  institucional, cauta, que se limite a certificar que si las órdenes de captura siguen vigentes y nunca se interrumpió su vigencia desde 2007, queda claro que el Memorándum no benefició a los sospechosos, que es el núcleo de la acusación. También pesarán las declaraciones públicas de Noble y dos hechos fundacionales que debieron impedir la existencia misma de la causa: que el Memorándum fue votado por el Congreso y que, además, nunca entró en vigencia. Pese a ello llegaron a acusar a Cristina Fernández de Kirchner y al fallecido canciller Héctor Timerman por traición a la patria, una acusación aberrante que se usó en 1955 contra Juan Domingo Perón. Como ocurrió en los últimos años, el verdadero objetivo era CFK y eso explica la cantidad infinita de maniobras  que protagonizó la coalición judicial-política-mediática, con sede en Comodoro Py.