El Gobierno anunció que próximamente enviará al Congreso un proyecto de ley para reducir el impacto de las cargas patronales en la confección textil y en el calzado. “Estamos empezando por estos sectores. Esperamos que pueda ayudar a reducir la informalidad”, calificó el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Especialistas advierten que la rebaja de impuestos en general no ha resultado satisfactoria para dar impulso al empleo. La medida fue presentada en el marco de un acuerdo sectorial entre el Gobierno, empresarios y los gremios y también incluye la promoción del consumo a través de los planes de cuotas sin interés, la entrega de “Repro Express” para empresas en crisis y el aumento de los reintegros a las exportaciones. Los sectores del textil y calzado continúan trabajando un 25 a 30 por ciento por debajo de 2015 y perdieron 20 mil empleos. Ponderan que el diagnóstico del Ministerio de Producción es más realista que hace un año pero advierten que el esquema macroeconómico de contención del salario real, paulatina liberalización importadora y aumentos tarifarios atenta contra la recomposición industrial.

Uno de los problemas de la economía argentina en la visión del Gobierno es la “elevada carga impositiva” que resta competitividad, diagnóstico que comparte con la mayor parte del empresariado. En el segmento de los “costos laborales”, el Gobierno impulsó la sanción de la ley de ART, con la promesa de que bajarán las primas de riesgo que pagan las empresas aseguradas. En cambio, abogados laboralistas y jueces del trabajo advirtieron que el nuevo régimen representa un fuerte retroceso para los trabajadores accidentados. Ahora, el caso testigo de la rebaja de las cargas patronales tendrá lugar en el sector de la confección textil y calzado, confirmaron en conferencia de prensa Cabrera junto a su par de Trabajo, Jorge Triaca.

Los funcionarios adelantaron que en los próximos días se reunirán con los representantes del sector para terminar de delinear un proyecto de ley de modificación impositiva que será enviado rápidamente al Congreso, según la instrucción presidencial. Según pudo averiguar este diario, el mecanismo elegido sería la generación de un crédito fiscal aplicable a impuestos nacionales como el IVA y Ganancias correspondiente a la porción de la contribución patronal proporcional al salario mínimo vital y móvil. Es decir que de un sueldo que duplica al salario mínimo (8060 pesos) la reducción impositiva para el empresariado sería del 50 por ciento de las cargas patronales. El Gobierno definió al proyecto como el primer paso de una política que se va a extender a otros sectores y que está en el marco de la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Especialistas del mundo laboral son críticos de la idea de que la rebaja de impuestos alienta la formalización. Pero además, está la propia historia nacional. Entre 1994 y 1999, durante el gobierno de Carlos Menem, se redujeron en un 50 por ciento los aportes patronales pero el desempleo aumentó notablemente a raíz de la lógica de la política macroeconómica de apreciación cambiaria y apertura importadora. La medida además tiene impacto negativo sobre las cuentas del fisco. Constituye una transferencia de ingresos favorable en principio al sector empresario.

“La experiencia de las llamadas devaluaciones fiscales durante la convertibilidad ha sido claramente negativa. Lejos de observar un incremento del empleo formal, lo que se produjo fue un notable aumento del desempleo y la informalidad, y una pérdida en la recaudación para financiar la seguridad social que terminó motivando políticas de ajuste en las jubilaciones”, señaló en un reciente documento la Fundación Germán Abdala.

“El compromiso consiste en que se va a armar desde la semana que viene una mesa de trabajo. Allí vamos a discutir el proyecto. Puede ser importante para blanquear personal. No se habló de cambios en el convenio colectivo”, le dijo a este diario Hugo Benítez, secretario general de la Asociación Obrera Textil, quien advirtió además que “en enero y febrero se importó una gran cantidad de prendas terminadas que afectan el empleo”.

Desde la Fundación Protejer, que agrupa a las empresas del entramado textil, dijeron a este diario que “habrá que trabajar el esquema de incentivos para que el régimen de beneficios impositivos efectivamente contribuya a aumentar la formalización”. Según los datos que presentó ayer el Gobierno, el empleo directo en el sector textil es de 400 mil trabajadores, de los cuales 150 mil se desempeñan en condiciones de informalidad. En el rubro de la confección, la informalidad llega al 70 por ciento, mientras que en la confección de calzado asciende al 60 por ciento.