El juez Claudio Bonadio no encontró ninguna evidencia de que la familia Kirchner hubiera concretado alquileres ficticios, ni alquileres a valores que no eran de mercado, tampoco detectó pagos en efectivo, sino que se demostró que todos los movimientos de dinero de la sociedad familiar Los Sauces fueron a través de cheques y depósitos bancarios. Sin embargo, el magistrado –sin prueba alguna– diseñó un fallo en el que acusó a los Kirchner y a otras 18 personas de integrar una asociación ilícita –pese a que la mayoría de los procesados no tienen relación alguna entre ellos–; lavar dinero –pasando por encima del hecho de que todos los movimientos fueron bancarios– y negociaciones incompatibles con la función pública, pese a que los imputados ya habían sido sobreseídos de esa acusación. Pero lo más impactante de las 392 hojas del fallo es que el magistrado virtualmente admitió que la causa es un armado político –una verdadera Operación Bonadio– ya que se declaró incompetente. El magistrado sostuvo que de ahora en adelante debe investigar el juez Julián Ercolini que tiene expedientes con el mismo objeto procesal: alquileres, obra pública, asociación ilícita. Desde el primer momento, Bonadio fue cuestionado por haber fabricado un expediente-colectora, duplicado, de otras causas. Finalmente, sin haber encontrado pruebas, termina admitiendo su maniobra y da un paso al costado.
Hipótesis
La hipótesis básica de la acusación de Bonadio es la existencia “de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí investigado, encabezaron Cristina Fernández de Kirchner, junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo Carlos Kirchner en un primer momento, de haber armado una empresa denominada Los Sauces S.A., con fecha 7 de noviembre de 2006, con el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República. Tal devolución o retorno se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa, que se formó a tal efecto. La misma operatoria se hizo con el grupo Indalo, pero orientada a compensar la concesión de licencias de juego. Los alquileres fueron caros e innecesarios”.
Ninguno de los elementos de esa hipótesis se demuestran en el fallo de Bonadio. El magistrado ordenó 40 allanamientos en los que se cubrieron las 13 propiedades de Los Sauces. En cada uno de los procedimientos se encontró a los respectivos inquilinos, de manera que no se pudo probar la existencia de ningún alquiler simulado. Báez demostró que alquilaba numerosas propiedades, a precios similares, para los empleados de Austral Construcciones, que en un 40 por ciento provenían de otras provincias. Cristóbal López y Fabián De Sousa, del grupo Indalo, que alquilaban dos propiedades de Los Sauces en Puerto Madero exhibieron los alquileres de otras oficinas de sus empresas e hicieron una comparación de precios: las contratadas a Los Sauces tenían un alquiler levemente más bajo que las contratadas en la misma zona, en Puerto Madero, o muy cerca, en Catalinas. La conclusión es evidente: si los alquileres eran reales y los precios de mercado, no implicaban ninguna coima ni transferencia oscura.
Bonadio ordenó una pericia contable que no encontró irregularidades. Sólo una referencia a que hubo algunos contratos que no se encontraron o que se encontraron sólo fotocopias. Como ya señaló el abogado de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, esos contratos fueron secuestrados en allanamientos concretados por otros jueces, lo que prueba lo que Bonadio terminó reconociendo: que investigaba el mismo objeto procesal que otros magistrados.
La defensa de los Kirchner viene reiterando un concepto adicional: en la hipótesis del juez no hay ninguna lógica en las proporciones. Los alquileres de Los Sauces no sumaron más de 22 millones de pesos en siete años y la obra pública que la Provincia de Santa Cruz adjudicó, por ejemplo, a Lázaro Báez superó los 20.000 millones de pesos. Por proporción –dice la defensa–, los alquileres no pueden ser retorno de obra pública.
Y lo que también le juega en contra al juez es que a los Kirchner no se les encontró ninguna cuenta en el exterior ni dinero no declarado ni sociedades offshore que evidencien la operatoria de coimas.
Bancos
En las 392 páginas de su fallo, Bonadio no pudo detectar ni una sola operación en efectivo o alquileres que no se hayan cobrado con cheque o que no se hayan depositado en un banco. Pero en el texto se evidencia una maniobra del juez cuando se analiza la compra de la vivienda actual de Florencia Kirchner en la calle San José, en Buenos Aires. Dice Bonadio que no se sabe el origen del dinero y que se utilizó efectivo.
La operación fue muy distinta y así lo aclaró el Banco Nación. A los Kirchner les venció un plazo fijo por 4 millones de pesos en ese banco. Con ese dinero se compraron Cedines, el instrumento para operaciones inmobiliarias que existía en 2011, y esos Cedines se le entregaron al vendedor de propiedad de la calle San José. En todo ese movimiento no hubo dinero en efectivo, sino que el propio banco hizo el cambio de los 4 millones por los Cedines. Sin embargo, Bonadio alega que no se sabe el origen y que se usó efectivo.
Hay tramos en los que Bonadio cuestiona la forma en la que el contador Víctor Manzanares llevó la contabilidad de Los Sauces. El profesional explicó que hay antecedentes, jurisprudencia, sobre una forma global de llevar las contabilidades de las sociedades familiares. “No hay forma de distorsionar las actividades –explicó Manzanares–. Cada una de las operaciones pueden ser reconstruidas sin mayores inconvenientes mediante la información que surge de las entidades bancarias con las cuales operó la firma, así también las personas físicas”.
Curiosidades
Una de las curiosidades que vuelve a surgir en la causa es que Bonadio señala que Los Sauces pagó demás unas reformas que se hicieron en un condominio de la calle Moreno, en Río Gallegos. Los trabajos los hizo una empresa de Lázaro Báez y el juez sostiene que se pagaron 400.000 pesos de más. En este caso estaríamos ante el hecho de que se pagó una coima al revés: de los Kirchner a Báez.
No es un dato menor que el magistrado haya recurrido al Tribunal de Tasación, un organismo del Poder Ejecutivo, cuando lo que correspondía era hacer una pericia con profesionales de la Corte Suprema y peritos de parte. El Tribunal provocó un disparate cuando tasó las dos propiedades de los Kirchner en Puerto Madero: dijo que valía más un departamento que tenía menos metros cuadrados y menos cocheras que el otro.
Retornos
El fallo de Bonadio parte del concepto de que los alquileres de Los Sauces fueron retornos por adjudicaciones irregulares de obra pública. El problema que afrontó el magistrado es que encontró inquilinos en cada una de las propiedades, por lo que si los alquileres eran reales no podían ser al mismo tiempo una coima. Sin embargo, el magistrado se despacha así: “si bien dichas viviendas pudieron ser efectivamente ocupadas por empleados de las firmas de ese grupo Báez, nada obsta a que dicha maniobra sea ilegal y como devolución de esas concesiones de obras públicas”. Como se ve, no hay explicación.
Y algo similar pretende utilizar contra Cristóbal López y Fabián De Sousa del Grupo Indalo. Argumenta que los alquileres fueron a cambio de concesiones en el juego. El problema es que la causa por la extensión de las licencias de juego fue sobreseída, con aprobación del fiscal Gerardo Pollicita. Y, además, las concesiones en el Hipódromo de Palermo las dio Néstor, no Cristina Kirchner.
Delitos
Bonadio cae nuevamente en el delito de asociación ilícita, más que cuestionado porque su origen fue la ofensiva contra los sindicatos y partidos de izquierda durante los inicios del siglo XX. No se pone el acento en que tal o cual persona cometió un delito, sino que es parte de la asociación. Por eso en la enunciación del delito se menciona que la asociación debe producir “intranquilidad pública”. El juez salta el obstáculo sosteniendo que se produce intraquilidad cuando se percibe una asociación de ciudadanos dispuestos a delinquir.
En la asociación ilícita, el magistrado incluye a empleados que sólo depositaron o firmaron cheques para pagar los alquileres; contadores, escribanos y los empresarios que alquilaron propiedades u oficinas. Bonadio no se privó de meter en la bolsa a los hijos de Báez y a los hijos de Cristina. Se utiliza el concepto de banda cuando no hay casi vínculo entre la mayoría ni voluntad de colaborar mutuamente en ningún delito. Bonadio, en lugar de acusar a cada uno por un delito determinado, les imputa formar parte de una supuesta organización que pagó-cobró coimas que el propio juez no pudo probar.
Incompetente
Pero lo más insólito del fallo es el final del texto: Bonadio se declaró incompetente. Es la demostración palmaria de que la causa fue un armado político desde el primer día, lo que incluyó una sospechosa intervención de Margarita Stolbizer y un aún más sospechoso sorteo.
Bonadio fue expulsado la causa original, Hotesur, por graves irregularidades. En aquella causa, Stolbizer había presentado numerosos escritos. En cambio, en 2016 decidió no aportar un nuevo escrito en el expediente Hotesur, sino que realizó una nueva denuncia. Por eso fue a sorteo y casualmente le cayó a Bonadio, el magistrado eyectado de la causa original.
A lo largo de dos años, los defensores de los imputados –Beraldi y Maximiliano Rusconi– recusaron a Bonadio y señalaron que la causa era una colectora, un expediente duplicado de Hotesur y cuyo único objetivo era el hostigamiento de los Kirchner, Báez y López. La Cámara rechazó todos esos planteos. Ayer, Bonadio procesó a los 21 imputados y después se declaró incompetente porque dice que el expediente Los Sauces debe continuar junto con Hotesur, la denuncia por asociación ilícita y la investigación sobre la obra pública, todo en manos de Ercolini. “Teniendo en cuenta ello –redondea Bonadio al final de su fallo–, y que las causas a acumular se encuentran en estadios similares, reunirlas sería tanto por razones de economía procesal y comunidad probatoria como para procurar el éxito de la investigación a fin de no afectar la buena administración de justicia y la celeridad procesal”. O sea que después de dos años de allanar, promover títulos semanales en los diarios, indagar y procesar, Bonadio llegó a la conclusión de que no corresponde que él investigue.
Este tramo final del fallo deja en evidencia otro capítulo de Operación Bonadio, donde lo decisivo no es investigar la verdad sino la persecución política. Se vio otra vez la verdadera cara de buena parte de Comodoro Py: quien manda es la coalición política-mediática-judicial de fluido vínculo con la Casa Rosada.
