“Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos, como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”, indicó este miércoles Vitor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.

Para contrariedad del establishment local y de la oposición, la recomendación del Fondo está en línea con el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos para gravar con un aporte extraordinario a los grandes patrimonios. La iniciativa oficial recae sobre las 9300 personas físicas más ricas del país, apenas el 1 por ciento de los contribuyentes que presentan declaración del impuesto a los Bienes Personales. La recaudación estimada a partir del aporte es de 307 mil millones de pesos, lo cual equivale al 1 por ciento del PBI argentino. A pesar de la innegable progresividad de la medida, que supone una mejora de los ingresos para los sectores que más consumen y que por lo tanto más traccionan a la economía, buena parte de la oposición la cataloga como "anti inversión".  

En un contexto de crisis mundial por la pandemia del coronavirus, el Fondo se aleja la ortodoxia más férrea y aconseja sostener el estímulo fiscal y aumentar la presión sobre los más ricos. “Los países con espacio fiscal limitado y menos acceso al financiamiento deben proteger la inversión pública y las transferencias a los hogares de bajos ingresos mientras aumentan progresivamente impuestos y garantizan que las empresas altamente rentables estén debidamente gravadas, con el objetivo de lograr un crecimiento favorable y equitativo”, indica el documento del Monitor Fiscal publicado por el Fondo Monetario.

Por otro lado, el informe del FMI resalta que “en base a la caída proyectada en los ingresos per cápita, se espera que de 100 a 110 millones de personas en todo el mundo ingresen en la pobreza extrema, revirtiendo el declive de décadas en esta tendencia. Por eso la prioridad a corto plazo es evitar la retirada prematura del apoyo fiscal. El apoyo debe persistir, al menos en 2021, para sostener la recuperación y limitar las cicatrices a largo plazo. Salud y educación debe tenerse en cuenta en todas partes”.

El FMI destacó que “en América Latina, las redes de seguridad social se ampliaron para cubrir mejor la estructura de trabajadores con bajos ingresos. Sin embargo, aquellos que podrían caer en la pobreza temporalmente, como trabajadores informales de ingresos medianos y bajos que perdieron sus trabajos, a menudo no fueron alcanzados por transferencias de efectivo o desempleo beneficios, destacando la necesidad de expandir cobertura del seguro social”.

Entre las economías emergentes, el documento resalta el aumentos del déficit fiscal en en Brasil a casi 11 puntos porcentuales de PIB y Sudáfrica a 8 puntos del PIB.