Uno de los delegados más reconocidos de la toma de ampliación Parque La Vega, Yuthiel Alderete, fue detenido este miércoles pasadas las 14.30 cuando regresaba junto a otros delegados de una reunión a la que los habían convocado funcionarios de Casa de Gobierno. Este jueves a las 10 vecinos del asentamiento, las organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas. y del movimiento feminista convocan a manifestarse en Ciudad Judicial por la libertad del referente social, plantean esta detención como una persecución a su rol de dirigente.
"Reclamamos la liberación de nuestro delegado y la solución habitacional que estamos solicitando hace más de 150 días. Las causas judiciales son mentiras. Nos llegó una noticia de que todo fue planeado desde Casa de Gobierno", sostuvo otro de los delegados de la toma a Salta/12 quien pidió resguardo de su nombre.
Alderete ya había sido apuñalado hace dos semanas por un hombre que fue hasta el asentamiento, si bien su familia planteó que había realizado una denuncia, el Ministerio Público Fiscal no tenía conocimiento de ninguna demanda formal, solo de un informe policial que no coincidía con el de los familiares.
El Ministerio Público Fiscal, informó a Salta/12 que la detención fue pedida por el fiscal Horacio Córdoba. La orden fue "de los Juzgados de Garantías 2 y 4, por distintas causas en trámite que investigan la comisión de delitos". Lo que le imputan es "turbación de aguas agravado y desobediencia judicial en concurso ideal; entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de comunicación y transporte; coacción; amenazas, lesiones leves, retención indebida, robo en poblado y en banda y coacción agravada".
Uno de los delegados contó que recibieron un llamado donde los convocaban el miércoles a Casa de Gobierno para una reunión. Allí estuvieron a las 10, los hicieron esperar una hora y media para atenderlos, solo entraron dos delegados, de los cuales uno era Alderete, el encuentro concluyó alrededor de las 14,30 cuando les dijeron que volverían a tener una audiencia el martes. Al regreso, detalló que Alderete con otros dos referentes y una delegada volvían en un auto, y otros 20 vecinos y encargados de sectores en el asentamiento, se trasladaban en una trafic.
Según lo que señaló el delegado, notaron en el camino que los seguían un auto y dos motos particulares. Cuando la trafic quedó atrás porque se tuvo que detener ante el semáforo en rojo y el vehículo donde se transportaban los delegados se adelantó, se produjo la detención en condiciones que según lo descripto son irregulares.
"Dos motos con dos masculinos cada una interceptaron el vehículo donde iban los delegados, hicieron que bajen la velocidad, trabaron las puertas y el auto con tres hombres y una mujer se les atravesó. Vestían con ropa negra, encapuchados y con guantes, no se dejaban ver nada, apenas se les veían los ojos. Los bajaron con el arma en la nuca y los golpearon", aseveró el delegado. Indicó que primero hicieron bajar a Yuthiel Alderete, que lo golpearon, lo hicieron caer al piso y le colocaron las esposas para luego introducirlo al auto que no era un móvil oficial de la Policía de Salta sino particular.
El delegado señaló que el grupo de encapuchados hizo bajar al resto de sus compañeros, "los golpearon y amenazaron, al chofer le tiraron la llave lejos. "Les decían 'no se muevan porque los matamos', Cuando el compañero levanta las llaves e intenta seguir al auto que se llevaba a Yuthiel, una moto se le acerca, "le apuntan con el arma en la cabeza y le dicen si nos seguís te matamos e hicieron un tiro al aire".
En base a lo relatado, el referente de la toma dijo que una de las compañeras está embarazada y era obligada a tirarse al piso y golpeada en la nuca por el grupo encapuchado.
Al hijo de Yuthiel, también encargado de sector en la toma, "la policía le secuestró el teléfono. Después desde ese número empezaron a llamar a los encargados, delegados del predio, averiguando datos y amenazando", afirmó el delegado. Dijo que a los otros referentes también intentaron quitarles los celulares pero ante la resistencia no lo hicieron. Precisó que el grupo de 8 encapuchados se fue cuando la trafic se acercaba al lugar.
"Lo que hicieron fue un secuestro y privación ilegítima de la libertad", indicó el referente. Manifestó que la policía debió realizar la detención con una orden judicial, identificándose de forma correcta, con un móvil oficial y leyendo los derechos al detenido, pero nada de esto se hizo. Indicó que solo habían gritado que eran policías, sacando un papel y volviéndolo a guardar pero sin permitirles leer.
Durante la tarde ni la Policía, ni el Ministerio Público Fiscal, ni el Poder Judicial informaban donde tenían alojado al detenido. A la noche, por intermedio de un abogado, el juzgado de Garantías 4 comunicó que estaba en la Alcaidía.
El Poder Judicial publicó que el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal penal interviniente, y ordenó la detención de Alderete, quien se encuentra acusado provisoriamente de los delitos de turbación de aguas y desobediencia judicial en concurso real.
Este jueves se hará la audiencia de control de legalidad, y en un estado de derecho el juez deberá constatar el estado en que se encuentra el detenido ya que sus compañeros señalaron que fue golpeado. Después se trasladará a Alderete a la Fiscalía Penal 3 donde se llevará a cabo la audiencia de imputación, en la que se le informarán los hechos por los que se encuentra acusado.
Si bien desde el Poder Judicial informaron que intervenía la Unidad de Defensa 2, desde la Defensoría General de la Provincia, precisaron que recién este jueves, la fiscala designada para llevar adelante la audiencia de imputación, Verónica Simesen de Bielke deberá notificar a la UD 2 para que asuma la representación formal del detenido.
Desde la oficina de prensa de la Policía de Salta, sostuvieron que la Policía intervino "en cumplimiento de los oficios judiciales", por dos causas penales y con orden de los Juzgados de Garantías 2 y 4 que solicitaban la detención de Alderete. Ante la consulta, dijo que intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad en la detención.
El informe de la oficial indicaba que el persona policial ingresó al predio del asentamiento "para dar cumplimiento al oficio por dos causas ajenas a la toma de tierra".
Estrada también precisó que no había orden de desalojo y que el incremento de personal policial que se produjo después fue porque "un grupo de 50 a 100 personas, tiraron la carpa" de seguridad donde había 6 efectivos quienes se replegaron.
El sábado vecinos de la zona sur denunciaron que en un intento de conexión clandestina, desde el asentamiento rompieron un caño maestro que los dejó sin agua.
Los delegados de la toma negaron haber roto un caño maestro. Dijeron que venían pidiendo mediante notas a la empresa Aguas del Norte un caño porque cuentan con uno solo para 1.100 familias. "Intentamos ver si podíamos hacer una conexión en una vivienda, que tiene instalación clandestina con una manguera de 3/4. Quisimos poner una T, al tener manguera grande tienen buena presión, quisimos sacar un cañito pero no hicimos la conexión. Nunca tocamos ningún caño maestro. En todo caso tenía que disminuir la presión de agua en la vivienda, no en un barrio", detalló un delegado. "El problema del agua venía desde antes del asentamiento", expresó.
La Mesa por los Derechos Humanos propuso al gobierno que habilite un espacio de diálogo. "En el asentamiento de Parque la Vega hay 750 familias, con más de 800 niños, que están viviendo desde hace cinco meses y en medio de una pandemia tiradas en el piso, sin baños, sin luz y sin agua. Ante el drama de esas familias, las más pobres y desprotegidas, el gobierno se niega a dar una respuesta, la justicia las criminaliza y funcionarios y medios se dedican a insultarlas y denigrarlas con toda clase de injurias. Según este discurso, los asentados son los ilegales, los usurpadores, los delincuentes, los ladrones, los violentos, cuando la realidad es que son ellos los que están siendo víctimas del abandono del Estado y de la peor de las violencias, la de la miseria y la exclusión", señalaron.
Para la Mesa el gobierno está generando una pelea de "pobres contra pobres", "la respuesta no puede ser sacarlos a palos con la policía para que se vayan otra vez a la calle o dejarlos tirados".
"A Yuthiel claramente una persecución política lo tiene detenido por el hecho de defender los derechos de los más pobres y vulnerables", sostuvo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
