La jueza de primera instancia Victoria Mosmann hizo lugar parcialmente a una acción de amparo colectivo que fuera promovida por la agente penitenciaria Yone Mabel Farfán y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades contra la Dirección General del Servicio Penitenciario y Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta. La magistrada ordena a la Provincia de Salta dar cumplimiento a  las medidas colectivas de acción positiva para que las mujeres accedan a los cargos del Plana Mayor, de máxima jerarquía, del Servicio Penitenciario. 

La jueza dispuso que se adopten medidas de acción positiva “para perforar el techo de cristal que impide el acceso de las mujeres a los cargos de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta” para lo cual se deberá cumplir un mecanismo “que deberá ser realizado y puesto de manifiesto de modo expreso en cada oportunidad en que se dicten resoluciones de designación de tales cargos en el marco del artículo 7 de la Ley 5639 y que refiere a la obligación de individualizar el porcentaje de internas mujeres respecto de la cantidad de la población carcelaria en general, operando dicho porcentaje en el momento de toma de decisión de las designaciones como piso de representación mínima del género femenino en la Plana Mayor, estableciéndose que dicho piso nunca podrá ser inferior a una miembro mujer.”

El abogado Ramiro Ulivarri quien fue el representante legal de Farfán, indicó que el fallo resolvió hacer lugar al cupo femenino en los ocho cargos de plana mayor y en conformación de la junta superior de calificaciones. También hizo lugar al cupo en las juntas de calificación para oficiales y suboficiales, para ascensos y eliminaciones extraordinarias

Entre lo dispuesto, el Poder Ejecutivo y el Servicio Penitenciario deberán hacer un informe anual sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas y de la participación de las mujeres en los cargos de plana mayor, en los ascensos a los grados superiores y en las juntas de clasificación.

Ulivarri sin embargo, planteó que pedirá algunas aclaratorias, respecto al cupo, porque si se establece de acuerdo a la cantidad de reclusas, dijo que es del 6% en comparación con la población carcelaria de varones. "6 % de participación de mujeres en cargos jerárquicos no es nada", precisó el letrado. En el amparo pedían un cupo femenino del 50%. 

El amparo fue presentado porque en toda la historia del Servicio Penitenciario de Salta nunca una mujer fue designada en el cargo de Director o Sub Director General, no accedían a los grados “más altos” de la jerarquía penitenciaria de Prefecto y Prefecto Mayor. 

De los ocho cargos que conformaban la Plana Mayor, solo uno era ocupado por una mujer de forma interina. Se nombraban Subdirectores a varones “oficiales subalternos” con el grado 7º de la jerarquía, con marcada preferencia respecto de las mujeres que eran “oficiales superiores” con el grado de Subprefecto, 3º de la jerarquía.

En el año 2018 tres mujeres del escalafón penitenciario eran oficiales superiores con el grado de subprefecto: Cristina Reyes, Griselda Caballero y Yone Mabel Farfán, y ninguna fue considerada para ocupar cargos de la plana mayor, criterio que no es empleado en el caso de ser hombres ya que los designan aunque sean oficiales jefes.

Techo de cristal

En el amparo "se planteó que había un techo de cristal en el Servicio Penitenciario, que impide a las mujeres ocupar cargos relevantes", sostuvo Ulivarri. La situación de Farfán, implicaba un caso testigo de la discriminación por razones de género que le impedía concursar para ascender al grado de prefecto. 

El letrado detalló que en 2017, la Dirección del Servicio Penitenciario le denegó el ascenso al grado de Subprefecto cuando había sido calificada con un concepto “sobresaliente y promedio final de 96 (noventa y seis) puntos”, sobre un total de 100 (cien). Ante dicha arbitrariedad, mediante la interposición de recurso jerárquico, logró que la Subsecretaria de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios le otorgara el ascenso al grado de Sub Prefecto, mediante Resolución Nº 25 – 17.

Desde diciembre del 2017, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia no ratificó el ascenso, no obstante los reclamos. Situación que le impidió a Farfan participar de los procedimientos de ascensos para el grado de Prefecto de 2018, como así también de 2019.

"El reclamo por el ascenso, desató una persecución desde la cúpula del Servicio Penitenciario, con una clara intención de arruinarle su carrera. Entre la que podemos citar que fue destituida como Directora de la Unidad Carcelaria Nº4 de Mujeres y fue puesta en Disponibilidad". Como consecuencia de la persecución aludida, en 2018, denunció por violencia de género a las autoridades de la institución encabezada por Juan Deza. 

El Juzgado de Violencia Familiar y de Genero de 2º Nominación, a cargo de Mónica Naranjo dispuso conminar al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y al Servicio Penitenciario para que adecuen su legislación orgánica a las cuestiones de género previstas en la Constitución Nacional. En un plazo de 90 días que venció en Abril del 2019, y que se incumplió.

Farfán advirtió que "la discriminación y violencia de género de la cual era víctima, no se circunscribía a su persona, sino que afecta a todo el colectivo de mujeres agentes penitenciarias, y por eso propuso una serie de medidas de acción positiva que las sistematizó en lo que denominó 'Protocolo para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta'". 

En estas medidas se adecua el Reglamento de Calificaciones, Ascensos y Eliminaciones del Personal del Servicio Penitenciario de la Provincia al Bloque de Constitucionalidad Federal y que consideran "el Poder Ejecutivo tienen la plena potestad de ponerlo en vigencia mediante un acto de similares características".

"La represalia por denunciar fue un sumario, que según informe del Sistema Centralizado de Expedientes (SiCE) se inició el 17 de Octubre del 2019. Cuando ella empieza a hacer los reclamos administrativos, logró que la afecten a la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios. Hubo una protesta de reclusas en la cárcel, las bajaron del techo, se cayó el techo. Farfán era la directora de la Unidad carcelaria pero ya estaba con la licencia. Le abrieron un sumario administrativo imputándola por el supuesto intento de fuga de dos presas. Todos estos antecedentes le coartaban la posibilidad de concursar por el ascenso", precisó Ulivarri

El 28 de Marzo de 2019 denunció ante la Subsecretaria de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios que el sumario administrativo, configuraba un acto de violencia institucional de género, que involucraba a la cúpula del Servicio Penitenciario de Salta. 

El 6 de febrero del 2019 Farfán solicitó al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que se constituya en el sumario administrativo, para que fiscalice, verifique y dictamine si tanto el procedimiento disciplinario como su contexto, constituían un supuesto de violencia contra la mujer.

"Ante la falta de resolución de la problemática, inclusive por parte de los organismos con competencia específica en violencia de género, se interpuso una acción de amparo", explicó Ulivarri. 

Cuando Farfán se presentó a concursar por el grado de prefecto, Ulivarri señaló que volvió a ser violentada porque si bien el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios destacaba el perfil "perfecto" de la concursante, el "director y el subdirector dijeron que no correspondía calificarla y que tenían que hacerlo mal por los antecedentes en contra de la institución", mencionándole las denuncias por violencia de género que había realizado. 

“Es evidente que el problema no es el denominado suelo pegajoso (sticky floor) que dificulta el acceso a los primeros niveles de carrera, sino que -tal como lo reclaman las actoras-, es el acceso a los puestos más altos en la carrera del Servicio Penitenciario, esto es la Plana Mayor, lo que se ve obstaculizado para las trabajadoras del Servicio Penitenciario ya que se encuentran ocupados por hombres exclusivamente”, sostuvo Mosmann

Entre los avances producidos durante el trámite se encuentran actos aislados como el nombramiento de la Sub prefecto G. de los Á. C. en el cargo de Oficial Superior y su designación como Directora del Cuerpo Penitenciario integrando la Plana Mayor, como la designación de la Sub Prefecto M. S. P. en el cargo de Sub Directora General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.