La justicia federal de Lomas de Zamora viene mostrando que, durante el macrismo, el espionaje no conoció fronteras ideológicas: se espió a propios y extraños. Por eso, desde Juntos por el Cambio apuestan a torpedear la causa, tanto que el propio Mauricio Macri se presentó en Comodoro Py para denunciar a los fiscales que llevan adelante la investigación, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La presentación se conoció casi en simultáneo con la decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar que se investigue en los tribunales de Retiro si fue adulterado el teléfono del secretario privado del expresidente, Darío Nieto, imputado por haber presuntamente recibido dos informes de inteligencia ilegal a través de otra funcionaria de confianza del macrismo, Susana Martinengo.

En el juzgado de Lomas de Zamora hay de todo, incluso espías que reconocieron haber espiado a la hermana menor del expresidente, Florencia, y a su pareja, Salvatore Pica. Les sacaron fotos desde una casa lindera. A él lo observaron mientras jugaba tenis y hasta peinaron todos sus datos desde la base de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pruebas hay; también indicios que apuntan con claridad hacia Macri. Lo que también hay es una intención mancomunada del macrismo y de sus aliados por hacer todo lo posible porque la causa se caiga.

En ese sentido, Macri y compañía vienen promoviendo una serie de denuncias penales y administrativas por filtraciones que habrían existido en la causa de Lomas, y que casualmente fueron primero denunciadas por los fiscales Incardona y Eyherabide. Por un lado, una filtración de actas de la AFI y, por otro, datos personales de Macri que estaban almacenados en el teléfono de Nieto y que fueron subidos al sistema Lex100 y, desde allí, se filtraron. La lógica indica que quienes distribuyeron la información podrían ser los mismos que están interesados en que la causa se desplome. La embestida del macrismo se produce una semana después de que fueran indagados Darío Nieto, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y mientras los fiscales resuelven si piden su procesamiento.

El 16 de julio, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño mandó copias del libro de actas de la Agencia entre 2016 y 2018, que es el período en el que se concentran las actividades de inteligencia ilegal que se investigan en Lomas. Cuando envió la documentación, Caamaño dejó en claro que debía ser para compulsa en la sede de la fiscalía y que no podía distribuirse. Las defensas les reclamaron a los fiscales acceder a la documentación, lo que es especialmente difícil en tiempos de pandemia, por lo que los documentos se subieron al sistema. El 25 de septiembre, Incardona y Eyherabide informaron que habían advertido una filtración y le habían solicitado al juez Juan Pablo Augé que bajara las actas del sistema. También presentaron una denuncia ante la justicia federal de Lomas, que tramita en la fiscalía de Sergio Mola. Tres días después, un grupo de cuatro exagentes presentó una denuncia en Comodoro Py por la filtración. Un rato más tarde, hizo lo propio Caamaño. Las denuncias se unificaron en el juzgado de María Servini que, junto con el fiscal Eduardo Taiano, están investigando a la propia Caamaño, a los fiscales y al juez Augé.

Macri intentó presentarse en la causa de Servini con su abogado Pablo Lanusse, diciendo que él también había sido víctima de una filtración y acusó formalmente a los fiscales Incardona y Eyherabide. En su caso, nada tenía que ver con información de la AFI, sino con datos almacenados en el teléfono de su secretario y que incluían, por ejemplo, claves varias, incluso las de Netflix. Servini le contestó que no era el objeto que estaba investigando y mandó la denuncia a sorteo. La suerte señaló al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Jorge Di Lello. 

A la dupla Martínez de Giorgi – Di Lello les volvió una denuncia que había presentado Nieto por una supuesta alteración de su teléfono después de su secuestro para la causa. Martínez de Giorgi había dicho que ese tema era una estrategia para defenderse en Lomas y mandó hacia allá la denuncia. Sin embargo, Nieto insistió y el camarista Mariano Llorens le dio la razón. A priori, aunque la denuncia de Macri y la de Nieto apuntan hacia el mismo objetivo (torpedear la causa de Lomas), nada indica que deberían tramitar juntas.

Si en algo no hay fisuras en Juntos por el Cambio es en la intención de sacarse de encima a los fiscales que investigan el espionaje y podrían llegar rápidamente a Macri. El martes, cinco diputados que responden a Elisa Carrió le pidieron al procurador interino Eduardo Casal que los remueva. La denuncia empezó a moverse y desde la Procuración pidieron certificaciones de las causas que mencionaron los lilitos, como la que tramita ante el juzgado de Servini y la denuncia que presentaron el 9 de octubre un cuarteto de diputados macristas integrado por Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid – que inicialmente quedó a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Si algo más escandaloso podía sumarse, apareció el miércoles una nota en Clarín en la que se informaba que Wolff y compañía habían denunciado penalmente a los periodistas del portal El Destape Ari Lijalad y Franco Mizrahi y su director, Roberto Navarro, por difundir información vinculada a las actas de la AFI. Lo curioso es que Wolff preside la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Después de un repudio que cruzó a todo el arco político, Wolff tuvo que subir un fragmento de la denuncia para desmentir a Clarín, diciendo que sólo había mencionado a los periodistas y que no los había denunciado. La denuncia a la que accedió Página/12 sí sugiere que debe investigarse por qué publicaron la información, lo que muestra que lo de Wolff es una verdad a medias. Lo sorprendente es que Clarín sí publicó las actas, pero no fue denunciado por Wolff y compañía. La primera en apuntarle en un escrito al portal que dirige Navarro fue Majdalani, abriendo un camino que replicaron todos los integrantes de Juntos por el Cambio (a Py). Nieto pidió casualmente el miércoles --y contó con el aval fiscal de Cámara José Agüero Iturbe-- que la causa que lo tiene como sospechoso viaje a los tribunales de Retiro, lo que sería una estocada mortal.