Trabajadores de la comunicación y la cultura repudiaron la operación política, mediática y judicial contra la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. El colectivo Comunicadores de la Argentina (Comuna) advirtió sobre “la manipulación del principio de libertad de expresión” y consideró que el único fin de la maniobra es “impedir el imprescindible debate público sobre la circulación de información falsa, el aliento a la violencia y la discriminación y los discursos de odio”. La comisión jurídica del Llamamiento Argentino Judío, en tanto, definió al episodio como “una secuencia más del lawfare con el cual la derecha quiere intervenir en la vida pública”. Destacó que la denuncia contra la periodista Miriam Lewin –titular de la Defensoría– “debió ser rechazada in límine” y recordó que el fiscal que la impulsó, Carlos Stornelli, “en vez de activar procesos tendría que estar procesado” y eyectado del Ministerio Público Fiscal por su rol en maniobras de extorsión durante el gobierno de Cambiemos.
“Democracia es debatir y mejorar la comunicación”, se titula el comunicado del colectivo Comunicadores de la Argentina (Comuna), que remarcó la “singular paradoja” de que “empresas privadas que emiten informaciones y opiniones como actores privilegiados” consideren que sus acciones “no ameritan discusión, debate, análisis y respuestas”. Repudió la actitud de “la oposición radicalizada en concierto con grupos de medios convencionales y cámaras empresarias conocidas por sus alianzas espurias con regímenes dictatoriales, como Adepa y la SIP”, que “se sirvieron de un fiscal procesado para ampliar estas acciones hostiles”.
El colectivo desmenuzó cómo un debate de tono académico fue tergiversado por los mismos medios que ese día organizaban actos de protesta contra el gobierno y repudió “las desopilantes alegaciones de Stornelli”, que en nombre de la Constitución “quiere prohibir un debate imprescindible para la sociedad”, ya que “la comunicación no es propiedad privada de un puñado de empresarios y sus propaladores sino una propiedad social compartida”.
“La virulencia que se expresa en clamar por la ‘libertad’ y la ‘República’ y a la vez llevar a la Justicia a periodistas es especialmente aberrante en el caso del diputado Waldo Wolff, quien preside la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y se mostró diligente con la publicación en Clarín de la dirección de la vicepresidenta de la Nación como contribución organizativa a las protestas del lunes 12”, recordó, y consideró la denuncia impulsada por la oposición como “un acto contra la libertad de expresión que dicen defender”.
El Llamamiento Argentino Judío, por su parte, señaló que la línea de trabajo conocida como Nodio está “destinada a registrar y analizar la información que tuviera contenidos violentos o falsos, susceptibles de provocar una degradación del debate público” y enmarcó la reacción en “una secuencia más del lawfare con el cual la derecha local quiere intervenir en la vida pública”. Repudió que Stornelli no haya rechazado la denuncia in límine, advirtió “el blindaje de que goza” pese a estar procesado por extorsiones y reflexionó que “los poderes fácticos han registrado inmediatamente que la actuación de la Defensoría del Público podría develar la manera en que desinforma, construye agenda e influye maliciosamente en la opinión pública”. “Se ha iniciado otra instancia dirigida a erosionar la capacidad de gestión del gobierno”, señala el comunicado que firman Bernardo Fischberg, David Iud, Luis Kon, Alfredo Kraut, Marcelo Seltzer, Beinusz Szmukler y Leonor Vain.
Trabajadores, colectivos y sindicatos de la actividad cultural también condenaron “el ataque realizado por los grandes medios, liderados por el Grupo Clarín, y la Justicia y legisladores macristas”. “Esta persecución forma parte de la intención de condicionar nuestra democracia, defendiendo el lawfare y las fake news contra el gobierno electo por la mayoría de los argentinos y contra quienes fueron víctimas y lucharon, como la periodista Lewin, contra la dictadura militar”, señala el texto que suscriben Vicente Zito Lema, María Seoane, Leonardo Herrmann y Oscar Ruiz de Huidobro, entre otros. Advirtieron además que “la persecución judicial y mediática se extiende como una mancha oprobiosa contra los periodistas Ari Lijalad, Roberto Navarro y Franco Mizrahi, de El Destape, por sus denuncias del espionaje macrista”, y que “se intenta censurarlos, castigarlos y violar su libertad de informar al pueblo argentino”.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresó su apoyo a la gestión de la Defensoría del Público: "Su rol es necesario en la defensa de la sustentabilidad, la calidad y las condiciones de nuestro oficio que garantizan la libertad de expresión. Rechazamos acusaciones y agresiones sobre nuestra compañera Miriam Lewin".
