El delegado de la toma de Ampliación Parque la Vega, Yuthiel Alderete, fue imputado este jueves por el fiscal Horacio Córdoba Mazuranic quien solicitó su prisión preventiva por lo que sigue detenido. Las familias del asentamiento, junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y feministas realizaron un corte en Avenida Tavella manifestándose por la libertad del referente social, y sostuvieron que es un preso político.
Los delitos que se le atribuyen al delegado por parte de la Fiscalía son: entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte y comunicación, que serían de dos hechos relacionados con los cortes de tránsito que realizaron junto a los vecinos del asentamiento cuando se manifestaban exigiendo respuestas al gobierno; además lesiones leves, coacción, amenazas, coacción agravada y retención indebida. Según Córdoba Mazuranic, hay once actuaciones iniciadas ante las denuncias radicadas "por personas que participaron del asentamiento y vecinos de la zona en su contra".
También le imputaron a Alderete los delitos de turbación de aguas y desobediencia judicial en concurso real a partir de la denuncia radicada por los representantes de la empresa Aguas del Norte "por una excavación que realizó junto a otras personas, hasta acceder a un caño de la red pública de distribución de agua, y provocaron una rotura en el mismo, con la finalidad de efectuar una conexión clandestina para el asentamiento, en clara violación a la orden judicial (de no innovar) y sin derecho alguno a esa conexión", informó el Ministerio Público Fiscal.
Desde mayo, alrededor de 1100 familias se asentaron en la toma de ampliación Parque La Vega, pasaron allí el invierno y ahora soportan las altas temperaturas sin vivienda y sin agua, dos derechos humanos básicos que no están siendo garantizados por el Estado salteño.
Sin embargo, el fiscal planteó que el intento de conexión clandestina causó "un perjuicio en los demás moradores de la zona, quienes según la denuncia de los representantes de la empresa de agua, vieron mermada su distribución y normal acceso al líquido elemento".
Por la pandemia, la audiencia se realizó con el imputado desde su lugar de detención, por video llamada, y el fiscal con los abogados defensores en sede fiscal.
Alderete, luego de conocer las acusaciones en su contra, se abstuvo de declarar y Córdoba Mazuranic, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.
El delegado ratificó a los abogados de derechos humanos, Adolfo Sánchez y Juan Carlos Rodríguez Alfesi quienes se hicieron cargo de su defensa. Los letrados también representarán a los vecinos y vecinas del asentamiento en la causa de la toma, que lleva el fiscal Córdoba, y que sigue en instancia de mediación.
Sánchez explicó a Salta/12 que las causas contra Alderete fueron acumuladas en el Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez Ignacio Colombo. Antes de la imputación se realizó con este magistrado, el control de legalidad. El letrado dijo que preparaba este jueves el pedido de libertad para presentar ante el Poder Judicial.
Mediante videocámara, Alderete le dijo al abogado que no lo habían golpeado en la detención pero que le negaron el derecho a una llamada. Los otros delegados de la toma, sin embargo, describieron que cuando lo llevaron detenido sí fue de forma violenta.
Para el abogado llama la atención que solo se haya imputado y detenido al delegado, por causas en las que la Fiscalía señala que estarían implicadas otras personas. Una de esas son los cortes de tránsito en las movilizaciones.
La causa por la turbación de aguas agravado y desobediencia judicial, es contra Alderete y "de otras personas a determinar". Solo se lo identificó al delegado, "como si hubiera un ensañamiento", manifestó el abogado. Señaló que son datos objetivos que surgen de la misma causa y "que hacen pensar de que quizás esto vaya más allá de la mera actuación de la Justicia".
Para Sánchez, debe haber una respuesta integral por parte del Estado ante la situación de las familias que se encuentran asentadas. Indicó que uno de los delegados le dijo que quedan 600 familias. Pero vecinos y vecinas pidieron al Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN), que funciona en la Universidad Nacional de Salta, la realización del censo. También vienen solicitando lo mismo al Instituto Provincial de la Vivienda, pero ningún caso hubo respuesta positiva hasta el momento.
"Cuando se producen desalojos en el norte de comunidades wichis (para favorecer a terratenientes o promover los monocultivos de soja) nadie dice nada pero cuando gente pobre va a querer pedir tierras son lo peor que hay. No solo es un problema de los tribunales, la solución requiere un abordaje integral por parte del Estado", afirmó Sánchez.
El abogado dijo que si el gobierno provincial no da soluciones, ni asistencia social a las familias, debe intervenir el gobierno nacional ante esta problemática. Recordó que está cerca la temporada de lluvias en una zona que es inundable, y que las temperaturas van a ser más elevadas, todo esto afectará a la gente de la toma que no tiene cómo resguardarse en la intemperie y que además tampoco cuenta con agua.
"Es obligación del Estado garantizar el acceso a la vivienda. Es fácil tenerlos tirados, y decir que son los malos, los vándalos que vienen a ocupar tierras. La problemática tiene que ser abordada en serio. Estoy de acuerdo con el abordaje del gobierno de Axel Kicillof en Buenos Aires, que ante la toma de Guernica habilitó el diálogo", manifestó Sánchez.
El letrado dijo que la gente del asentamiento le contó que incluso sufren discriminación en el mercado Cofruthos, donde no los dejan entrar a comprar fruta por estar en la toma. Desde el gobierno provincial "están buscando que se peleen pobres contra pobres", aseveró.
La referenta de la Organización de Derechos Humanos Beatriz Perosio, María Alanis, dijo a Salta/12 que repudian la forma en que detuvieron a Alderete. "Nos recuerda a lo más terrorífico que fue la dictadura. El Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, ya nos ha demostrado su accionar con tantos casos de violencia policial. No correspondía el uso de la fuerza ante la detención. El gobierno (salteño) no dio solución a las personas que están asentadas", manifestó.
Las familias llevan cinco meses en la toma, con "orden de no innovar, no tienen agua, no pueden vivir, hay niños, embarazadas, el Estado no está solucionando esa problemática. La gente ha sido llevada a esa situación por el propio gobierno, hablé con una familia que hace 15 años tiene una carpeta presentada en el IPV (para acceder a un lote social), no están por gusto sino por necesidad", expresó Alanis.
La referenta dijo que con el viento a la gente "se le caen las carpas, las sillas y hay una vulnerabilidad muy grande" en el lugar.
Uno de los delegados, Ariel, dijo a Salta/12 que aunque los medios hablan de Alderete como un lider o puntero "es un vecino más que estaba en la toma" y ahora afronta "consecuencias". Señaló al gobierno como responsable de la detención. "Él es un preso político. El gobierno le arma las causas y se está moviendo rápido", manifestó.
El delegado sostuvo que la movilización en avenida Tavella, con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos fue para pedir la libertad de Alderete.
Ante las denuncias contra Alderete que serían de gente que estuvo en el asentamiento, el delegado dijo que expulsaron a algunas personas que no cumplían con los acuerdos colectivos a los que llegaban en las reuniones. "Cada sector tiene su encargado, nadie decide nada si no es con opinión de la gente", afirmó.
En lo que respecta a las denuncias de los vecinos de barrios de la zona sur que marcharon esta semana, el delegado, planteó que el concejal Abel Moya estuvo al frente de esa movilización. "Si él como concejal se queja, un vecino común y corriente también lo iba a hacer. No tuvo en cuenta que nosotros somos gente humilde. Se movilizaron en automóviles. Llevó gente del barrio Ampliación Parque La Vega donde es irónico que tengan algo contra nosotros si tienen casas gracias al asentamiento Rebelión y no es secreto para nadie. Los que no estuvieron en el asentamiento accedieron mediante la compra venta de terrenos ilegales", manifestó.
"Es insostenible para nosotros que el gobierno provincial juegue a poner pobres contra pobres. Y que el concejal Moya ponga a jefes barriales contra nosotros", expresó el delegado. También dijo que la Policía no actúa cuando alguien entra al asentamiento a cometer ilícitos, "es discriminación lo que vivimos", planteó.
