Milagro Sala está un paso más cerca de recuperar la libertad. El juez jujeño Rodolfo Miguel Fernández le dictó el cese de la prisión preventiva en la megacausa en la que se investiga un supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales. La dirigente social sigue detenida, bajo la modalidad de arresto domiciliario, por una condena no firme, dictada el año pasado por la Justicia provincial, que está en la Corte Suprema nacional a la espera de que los jueces la revisen.

Hasta ahora, a Milagro Sala la retenían detenida dentro de su propia casa dos causas que tramitan o tramitaron en la Justicia provincial sobre supuestas irregularidades en la construcción de viviendas sociales. Una de ellas es la conocida como "Pibes Villeros" --por el nombre de la cooperativa--; la otra se conoce como “Megacausa” y tiene también como acusados al exgobernador Eduardo Fellner, al exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López y a siete intendentes de distintas localidades de Jujuy. Hasta ahora, las únicas tres que seguían en prisión preventiva por la megacausa eran Sala y dos de sus compañeras de la Túpac Amaru, Gladys Díaz y Mirta Aizama.

A Milagro Sala la detuvieron el 16 de enero de 2016 por participar de un acampe frente a la Casa de la Gobernación de Jujuy. Desde entonces, fue acumulando causa tras causa en la Justicia local. Al poco tiempo de su detención empezó a instruirse la llamada Megacausa, que estuvo hasta hace poco en manos del juez Isidoro Arzud Cruz, que tenía especial sintonía con el gobernador Gerardo Morales. Cruz terminó apartado de la investigación y su lugar lo tomó Rodolfo Fernández hace tres semanas. La primera resolución del nuevo juez fue sobre las tres mujeres que estaban en prisión preventiva. “Hay un tiempo razonable, que es de dos años, a fin de que una persona sea privada de su libertad para que se investiguen las conductas delictivas que se le atribuyen. Transcurrido ese plazo sin que hubiese sentencia, condenatoria o absolutoria, deberá ser puesto en libertad”, explicó el juez Fernández ante un canal de noticias local.

“Dimos un pasito más en la posibilidad de que Milagro y el resto de los compañeros recuperen la libertad”, le dijo a Página/12 Luis Paz, abogado defensor de la líder de la Tupac. “Esta resolución demuestra que teníamos razón: ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían dicho que la detención de Milagro era arbitraria”, agregó.

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Ahora la pelota queda en el campo de la Corte Suprema, que tiene que revisar la pena a trece años que un tribunal jujeño le impuso a Sala el año pasado, en la causa Pibes Villeros. En enero de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy confirmó esa sentencia, por lo que los abogados de Sala llevaron el tema en queja a la Corte nacional el 18 de marzo, justo un día antes de se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La defensa de la líder de la Tupac plantea la nulidad del proceso conocido como Pibes Villeros por irregularidades varias:

* El tribunal no permitió testigos que explicaran cómo funcionaba la Tupac y que desarmaran la idea del rol preponderante de Sala en la supuesta asociación ilícita;

* El tribunal rechazó un peritaje con ingenieros para ver qué obras se habían completado y cuáles no, lo que es la base de la acusación;

* A Milagro Sala la expulsaron durante 60 días de la sala de audiencias. No pudo controlar cuatro testimonios claves en los que se sustentó su acusación;

* No se aseguró el libre ingreso al juicio oral y público. Sólo se permitió el ingreso de 16 personas por audiencia;

* Los periodistas que ingresaron debieron firmar un convenio de confidencialidad para no difundir lo que sucedía. Ni notas podían tomar.

“La Corte debe revisar la sentencia en la causa de Pibes Villeros porque desconoce las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y de presunción de inocencia”, dijo a este diario Federico Efrón, coordinador de Litigio y Defensa Legal del CELS. “Las distintas causas que se armaron se van cayendo porque quedan en evidencia las irregularidades con las que comenzaron las investigaciones judiciales, las irregularidades de los funcionarios que intervinieron y de los testigos que declararon, pero aun así Milagro Sala ya lleva cuatro años en prisión preventiva, lo que es inaudito”, añadió.

Hasta ahora, la causa no registró demasiados movimientos en el Palacio de Tribunales. La Corte tuvo distintas intervenciones en las causas que mantienen o mantuvieron a Sala presa. En 2017, la Corte dijo que Sala no tenía fueros como parlamentaria del Parlasur, lo que habría impedido su detención. A fines de ese año, el máximo tribunal ensayó una salida salomónica: validó la prisión preventiva de la líder social, pero ordenó seguir con los lineamientos de la Corte Interamericana que ordenaba medidas alternativas a la prisión a la que estaba sometida en el penal de Alto Comedero.