Con la economía empezando a mover sus engranajes, el Gobierno se enfoca en mirar de cerca la manera en que se aplica la asistencia a trabajadores afectados por la pandemia de la COVID 19. Mientras esta semana se está pagando el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) 3, el Ejecutivo saca cuentas y busca maneras para llevar adelante la variante 4, confirmada para el mes próximo.

En los próximos días, el Gabinete Económico afinará el lápiz para acordar una metodología de segmentación de la ayuda, bajo una serie de premisas a las que accedió Página/12. En principio, la idea es que haya una readecuación que está sustentada en cuestiones lógicas: en el Gobierno entienden que, con la economía funcionando al 80 por ciento de su capacidad, muchos sectores y trabajadores independientes volvieron a la labor, por lo que ya no precisan la ayuda. No son actividades que, en todos los casos, hayan pasado de velocidad 0 a 100, pero sí se activaron. 

En este escenario, los tiempos apremian y, entienden en el Gabinete con Santiago Cafiero a la cabeza, si no se llega a depurar de manera prolija y justa la lista de beneficiarios de los 10 mil pesos, seguramente el 4 se pagará al completo, como el 3. "Nuestra idea sigue siendo ayudar a los sectores más damnificados por la pandemia, esos rubros y personas que tienen actividades que no arrancaron o que arancaron muy poco", aclaró a este diario un funcionario de la mesa que tomará las decisiones. 

Desde los ministerios técnicos aseguran que la discusión actual no pasa por un tema de ahorro fiscal, sino de ordenamiento de la base de personas que acceden. Hoy, como en el inicio del IFE en abril, lo cobran 9 millones de personas. Cada IFE le cuesta al Estado 90 mil millones de pesos. 

Para el Ingreso de Emergencia, la segmentación es clave dado que no tiene los métodos para hacer una limpieza automática de beneficiarios, como sí se realiza con los ATP. Esa medida, que tiene un costo fiscal de un tercio del de un IFE, cuenta con requisitos de facturación y otros items, que ajustan el nivel de empresas que puede inscribirse para que el Estado las ayude con el pago del 50 por ciento de los salarios de sus trabajadores.