La firma del convenio entre la Nación y la provincia para dotar de 3 mil millones de pesos a Santa Fe para aplicar al combate de la inseguridad es una respuesta inmediata a una necesidad urgente, pero que no soluciona las cuestiones estructurales que determinan el incremento del delito. Desde ya que son bienvenidos los aportes del tesoro nacional, lo mismo que la instalación permanente de una oficina del Ministerio de Seguridad de la Nación, seguramente a cargo de una estrecha colaboradora de la ministra Sabrina Frederic, la subsecretaria Silvia La Ruffa, quien vendría acompañada de otro funcionario de rango similar, para reprimir la delincuencia e intentar prevenir situaciones que hasta ahora se mantenían incólumes, a través de tareas de inteligencia de las fuerza federales. 

Marcelo Sain, ministro de Seguridad provincial, tendrá los fondos requeridos para implementar su programa de "precintos" y "COPs" con los que supone podrá poner en caja el accionar policial antes que el de los delincuentes comunes. Con el correr de los días se irán conociendo detalles del equipamiento tecnológico y la logística a implementar por las fuerzas policiales con las que cuenta el Estado, que en adelante serán mas fáciles de controlar en cuanto a su capacidad y nivel de respuesta. Otro tanto sucederá con los programas, que a medida que se vayan cargando de información y cruce de datos permitirán establecer patrones en la comisión de delitos, zonas, horarios y características. Como se ve, la inversión de los fondos prometidos por el presidente Alberto Fernández hace un mes en Rosario, se aplicarán a una respuesta policial al estilo "Robocop". 

Pero quienes trabajan en torno a la problemática del delito recomiendan, además de su prevención y combate cuando ya está en curso, un abordaje que requiere la presencia de otras disciplinas y reparticiones del Estado. Lamentablemente, la respuesta en ese terreno no es de visibilidad inmediata, ni tiene un despliegue mediático que permita exhibir maquinarias y equipos sofisticados, sino más bien de una permanencia y consecuencia que no siempre se consigue sostener y son fundamentales para su éxito. Los programas sociales, de inclusión, de primer empleo, las urbanizaciones, y la jerarquización de políticas publicas que demandan años, no suelen tener la "asistencia" inmediata de los gobiernos, ya que se trata de adoptar definiciones políticas no siempre "acompañadas" por una parte de la sociedad que se hace oír por su pertencia de clase, mucho más que quienes necesitarían ese aporte. 

En la reunión con el Presidente, tanto el gobernador Omar Perotti como los intendentes de Rafaela, Santa Fe y Rosario abordaron esa problemática y para eso desde la Nación han comprometido para la semana que se inicia la visita del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien estaría acompañado por una funcionaria especializada en la temática de las urbanizaciones barriales, como es Fernanda Miño --integrante del sector que lidera Juan Grabois-- que mudó su despacho en el Ministerio de Hábitat y vivienda, que conduce María Eugenia Bielsa, donde era secretaria de Integración Territorial, al área de Desarrollo Social. Para Rosario, la presencia de la funcionaria es crucial, ya que además de la inversión anunciada la semana pasada de 500 millones en Villa Banana --con un crédito internacional-- se esperan avances en el plan "Argentina Hace" para la ciudad, y que se revitalicen proyectos que funcionaban y que deberían multiplicarse antes que cambiarle el nombre, como ocurrió con el "Nueva Oportunidad".

 

 

 

"Este convenio refuerza las posibilidades de tener un control absoluto sobre las fuerzas policiales y a partir de esto, un mayor despliegue en el territorio, pero si no se agregan políticas publicas que disminuyan las desigualdades y falta de oportunidades a importantes sectores de la población, especialmente los jóvenes, la próxima inversión que se anuncie debería ser en construcción de cárceles, porque el delito está directamente ligado a la pobreza y la desesperación", sostuvo una alta fuente del gobierno nacional, que celebró el aporte para el Ministerio de Seguridad, pero que sabe que es apenas un primer paso.