El peronismo es un gigante agazapado que hoy se ve imposibilitado de ejercer nada menos que la característica que le dio origen y por ende constituye el principal ADN de sus militantes: ganar la calle.
Contenidos en sus casas a pedido del presidente Alberto Fernández, respetuosos del aislamiento, sin la posibilidad de marchar ni reunirse en un acto como cualquier otro 17 de octubre, ayer la virtualidad amenazaba meter a los militantes en la era de los millennials sin escala previa.
Las discusiones previas que en otro momento hubiesen sido para resolver la movilidad de la militancia, la esquina elegida para el punto de encuentro y hasta quien compraba los chori de la previa, dejó paso a la elección del avatar con el que se iba a "marchar" y la locación en ese mapa cibernético que le iba a permitir a los salteños amontonarse un rato en pleno Buenos Aires.
Finalmente el hackeo/colapso de la página web dejó toda esa preparación trunca y en algunas ciudades motivó marchas de carne y hueso a pesar de la pandemia, que Fernández agradeció pero dijo preferir que no se hagan.
Aquí en Salta ya piden revancha y anuncian que en cuanto la situación lo permita harán, por lo menos, una caravana en la que intentarán confluya todo el peronismo, independientemente de la corriente a la que responda cada una. Ya habrá tiempo el año que viene, dicen, para marcar las diferencias de cara a las elecciones. Por ahora el pedido de unidad del presidente es un paraguas que los cubre a todos, más allá de las diferentes variantes.
Y también agregan que “ahora es el tiempo de bancar sin dobleces a Alberto y Cristina”, porque perciben el resurgir de Cambiemos que entusiasmó y sacó de la reposera al propio Mauricio Macri, calificado por un diputado PRO como "nuestro Perón". Un triunfo de Cambiemos en las legislativas del año que viene es un lujo que el peronismo no se puede permitir, sabiendo que puede convertirse, como ya sucedió, en tendencia irremontable en el 2023 cuando se ponga en juego la presidencia.
Aislamiento cama afuera
Los rioplatenses se pueden jactar de tener el río más ancho del mundo, los porteños la avenida más ancha, los tucumanos el sanguche de milanesa más largo (cada uno es libre de presumir con lo que quiera) y los militantes de Cambiemos acusan al presidente de imponer la cuarentena más extensa del planeta, que justamente ellos mismos colaboran para estirar ad infinitum organizando marchas mensuales que disparan los casos de contagios.
Pero ahora los salteños pueden arrogarse de tener el aislamiento más abierto del mundo, y hasta podría decirse del universo, ya que desde que el Decreto Nacional decidió mantener dos semanas más a la capital en esa fase, comenzó una carrera por flexibilizar actividades que ni siquiera estaban habilitadas durante el más benigno distanciamiento de meses anteriores.
Comercios abiertos de par en par y a pleno de clientes por el día de la madre (en buena hora para el bolsillo, aunque complicado para la salud), el centro sin vallas de control, gastronomía hasta las 00 con multitud de mesas desplegadas en la calle, Shoppings sin DNI, gimnasios hasta las 22, actividades culturales, tránsito interprovincial, vuelos en unos días.
Para los distintos sectores de la economía este veranito de nueva normalidad con barbijos, distancia social y alcohol en gel, es un oasis en medio del desierto del 2020 y deja en ridículo a los diputados PRO, Virginia Cornejo y Martín Grande, cuando recitan el libreto made in Buenos Aires con el que despotrican contra un encierro eterno inexistente en Salta.
Todo este panorama sería óptimo de no ser por el detalle del pico de contagios y muertes o el rebrote de casos en el Valle de Lerma que vaticina para estos días el presidente del COE, Francisco Aguilar, convertido en una especie de Casandra de Troya al que el resto de los ministros no escuchan, o prefiere no hacerlo.
Esta semana podría ser la última bajo la denominación de aislamiento y ya se encuentran expectantes a la espera de novedades el turismo interno, deportes grupales y casinos (si es que aún queda alguno en pie). El que dio indicios de lo que se viene para los próximos meses fue el titular de Turismo, Mario Peña, que indicó que no se debe pensar en un escenario post pandemia, sino en uno en el que se conviva con el virus, ante la falta de certezas de hasta cuando durará el Covid-19.
Por lo pronto las estadísticas de contagio de ayer pegaron un salto con casi 300 casos en 24 horas luego de una semana con bajos registros. Esto podría ser el comienzo de los malos augurios del titular del COE, que, a diferencia de los de Casandra, se sustentarían en una base científica, no divina.
Taser o no Taser, esa es la cuestión
Dice el dicho que la mejor forma de esconder un elefante es rodeándolo de elefantes, lo que aplicado a la opinión pública sería entretenerla con un simulacro de debate, mientras por atrás pasa algo que realmente valga la pena discutirse.
Desde hace un par de semanas en Salta se está buscando instalar un debate que tuvo sus orígenes en un hecho policial en la ciudad de Buenos Aires, y que tres diputados consideraron como válido aplicarlo en la provincia: armar a la Policía con pistolas eléctricas Taser.
No está claro si se trata de un elefante que esconde a otro, y por lo tanto se va a gastar saliva, tiempo y energía en eso, mientras a hurtadillas se cuela algo más importante e impopular, o si es simplemente producto de un impulso de los diputados salteños luego de un atracón de canales de noticias nacionales.
Lo cierto es que plantear la compra masiva de pistolas valuadas cerca de los mil dólares cada una, más los cartuchos y respectiva capacitación, justo en plena crisis de pandemia, con una coparticipación que cayó en 9 mil millones de pesos, un dólar que escasea y si se consigue es a costa de un riñón, un proceso de restructuración de deuda en marcha con riesgo cierto de default, el dengue tocando la puerta, el coronavirus que amenaza con quedarse en el verano y las paritarias a la vuelta de la esquina, suena cuanto menos a desubicado.
Sobre todo porque a diferencia de Buenos Aires, aquí no existe ningún hecho puntual en el que un policía se haya visto limitado de utilizar su arma y que por lo tanto haya sufrido consecuencias físicas. En todo caso las últimas muertes de los efectivos fue efectivamente por falta de equipamiento, pero para cuidarse del coronavirus.
Por el contrario las denuncias radicadas en la Justicia mayormente dan cuenta de la imaginación que tienen algunos policías para hacer daño con armas “no letales”, como supuestamente lo son las taser.
Balas de goma disparadas desde muy cerca, balines de pinturas apuntados a los ojos, gases lacrimógenos usado como granadas o simples tomas de reducción aplicadas con fuerza desmedida llenan como un catálogo los expedientes que la fiscal de DDHH Verónica Simesen de Bielke estudia en su despacho y por los que se repiten en estas últimas semanas imputaciones a agentes de seguridad.
Dicho accionar de la fiscal le valió el apoyo de la Mesa de Derechos Humanos de Salta que se esperanza con obtener resultados en la Justicia tras años de sistemático cajoneo de las causas.
Con esos antecedentes, habilitar a los policías a electrocutar gente sin un arduo trabajo previo de capacitación y concientización resulta cuanto menos temerario. Además la experiencia de uso en otro países, tal como lo señala el Cels, dejan en evidencia la paradoja de la “no letalidad”, ya que los agentes al considerarlas menos nociva, se ven a incentivados a un uso indiscriminado, “total no mata”.
Y otro dato a tener en cuenta es que la cantidad de muertes que se dieron en Estados Unidos entre 2000 y 2007 por el uso de estas armas llegaron a 334, relativizando el calificativo de no letales, tal como se describe en el informe de Karina Micheletto publicado en Página 12 hace dos semanas.
Mientras el dúo de diputados Ignacio Jarsún y Omar Exeni, autores de la iniciativa, hacen rondas en los medios pidiendo a los policías que no tengan miedo a los periodistas que “los escrachan” por la violencia institucional y que no se inhiban por los comentarios que puedan hacer los organismos de Derechos Humanos cuando se extralimitan en un procedimiento. De esta manera se derrumba el mito de que a la derecha de Alfredo Olmedo solo estaba la pared.
El otro proyecto de ley que anda dando vueltas para habilitar las pistolas eléctricas corre por cuenta de Gustavo Orozco, que capaz no llegue a votarlo en el recinto, porque en breve deberá pedirse licencia para afrontar un juicio por, entre otras cosas, torturas a detenidos durante su época de policía. Y con altas chances de tener un segundo juicio también por acciones violentas en su anterior trabajo, tal como se conoció la semana que pasó.
La ronda de consulta sobre la implementación de las taser sumó votos a favor del ministro de seguridad Juan Pulleiro, la jefa de la Policía Norma Morales y del propio gobernador Gustavo Sáenz. La única objeción llegó de parte del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, que se dio cuenta que el eléctrico antojo de los diputados representa un monto que hoy es imposible de pagar: “hacemos un gran esfuerzo para que los patrulleros tengan nafta”, dijo. Eramos tan pobres, le faltó agregar.