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Cuando el 12 de noviembre Jeanine Áñez asumió la presidencia de facto tras el golpe contra Evo Morales, dijo: “me comprometo a tomar todas las medidas necesarias para pacificar el país”. Días después ocurrían las masacres de Sacaba y Senkata. En once meses de régimen, los bolivianos vieron cómo se cercenaban sus derechos. Opositores asediados, niños y jóvenes sin clases desde agosto y enfermos de Covid-19 sin respiradores adecuados.
El 15 de noviembre en Sacaba y cuatro días después en Senkata militares y policías reprimieron salvajemente las protestas contra el régimen de Áñez. El saldo fue de 21 muertos y cerca de 200 heridos. Los agentes llegaron a arrojar gases lacrimógenos contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto hacia La Paz. Ambos hechos fueron calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Salir y meter bala"
De las penumbras emergió un personaje siniestro: Arturo Murillo, ministro de gobierno. En Bolivia lo comparan con el titular de Interior en 1980, Luis Arce Gómez, quien acuñara la frase “todos los bolivianos deben andar con el testamento bajo el brazo”. Pero Murillo tiene la suya: “Salir y meter bala, eso es lo que sería políticamente correcto”, dijo en clara amenaza a quienes se manifestaban en contra de la postergación de las elecciones.
El acoso a exautoridades y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) fue una constante. Varios exministros debieron refugiarse en la embajada de México en La Paz. El gobierno de facto presentó denuncias contra Evo Morales por terrorismo y sedición. El exmandatario, asilado en Buenos Aries desde diciembre, repudió los montajes judiciales y la falta de garantías necesarias para regresar a Bolivia. Es que el régimen se basó en una grabación donde supuestamente se lo escucha pedir el bloqueo de rutas. Sin embargo, nunca se comprobó la veracidad del mismo. Posteriormente, sería inhabilitada la candidatura de Morales al Senado.
A causa de la pandemia, la realización de los comicios prevista para el 3 de mayo se postergó primero para septiembre y otra vez se aplazó para el 18 de octubre, lo que generó protestas de movimientos sociales y sindicales considerados afines al MAS. Por esas manifestaciones el régimen agregó otra denuncia contra el expresidente.
La estafa con los respiradores
Fueron muchos los cuestionamientos al gobierno de facto por su mala gestión de la pandemia. El politólogo Henry Baldelomar señaló en diálogo con PáginaI12: “No actuaron con la debida prevención, cuando se tuvo el primer contagio el 11 marzo de este año, la persona infectada tuvo que estar recorriendo diversos hospitales para pedir la atención adecuada y ninguno le dio una cobertura”.
En medio de la tragedia ocurrió una estafa escandalosa. Respiradores comprados en España, cuyo precio era 10 mil dólares, fueron vendidos por 27 mil dólares. Y los aparatos no servían para terapia intensiva. El profesor en la Universidad NUR de Santa Cruz agregó: “Prometieron 500 respiradores y de los 179 que llegaron primero prácticamente ninguno pudo funcionar: fueron comprados a sobreprecio que triplicaba el valor del mercado y resultaron ser equipos inadecuados e incompletos. El sistema de salud adoleció por impericia, improvisación y corrupción”.
Los casos de corrupción exceden el ámbito de la salud: al ministro Murillo se lo señala por una compra irregular de gases lacrimógenos.
En este contexto, el gobierno se precipitó a clausurar el año escolar el 3 de agosto, eso provocó que niños y jóvenes se quedaran actividades de formación tan fundamentales, decisión que lamentó Unicef.
El último mes y medio la curva de contagios entró en una meseta, un promedio de 200 personas diarias contagiadas; sin embargo, el porcentaje de muertos es alto (más de 8 mil fallecidos) comparado con la densidad poblacional. Estos datos sitúan ahora al país en una coyuntura mucho mejor que meses atrás, cuando se conocieron imágenes de muertos en plena calle y fosas comunes ante hospitales y cementerios saturados.
Equívocos económicos
A todo esto, la economía boliviana atraviesa una marcada desaceleración en medio de la pandemia. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo urbano alcanzó el 8,4% en el segundo trimestre de 2020, en un país con un alto porcentaje de empleo informal. En tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó a -11,1% en el mismo periodo. Los sectores más golpeados son la minería, la construcción y los servicios de recreación y alimentos.
Para Baldelomar, el régimen incurrió en equívocos al suspender la producción en la planta de urea ubicada en el Chapare supuestamente porque no es rentable. “Se trata de una inversión que se había realizado durante el gobierno de Morales y parte de la producción de urea estaba destinada al mercado interno y otra parte a los mercados brasileño, cubano y argentino. La paralización de la planta es una decisión inapropiada y fundamentada en base a concepciones ideológicas ”.
El litio, como antes los fueron el agua y el gas, forma parte del entramado político. El país andino cuenta con una de las mayores reservas del mundo en el salar de Uyuni, Potosí. Evo Morales exploró, aún con dificultades, la posibilidad de generar valor agregado a la explotación de este metal alcalino en tierras bolivianas. No por nada el exmandatario destacó en más de una oportunidad que "el golpe fue por el litio". El futuro de los recursos naturales de Bolivia es parte de lo que se juega en estas elecciones entre el proyecto del MAS y de la derecha, como quince años atrás.
