En medio de incidentes y protestas protagonizadas por empleados judiciales que se oponen al proyecto, la Legislatura porteña dio el primer paso hoy para cumplir los deseos del Ministerio de Justicia de la Nación: completar el traspaso a la Ciudad de las competencias judiciales, la Inspección General de Justicia (IGJ) y del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

El bloque PRO logró sancionar los cuatro puntos del convenio firmado entre Nación y Ciudad: la transferencia del fuero de Relaciones de Consumo (53 votos a favor, 4 en contra), la IGJ (44 afirmativos y 13 negativos), el RPI (46 a favor, 3 negativos y 8 abstenciones) y el fuero penal ordinario (43 positivos, 12 en contra y 2 abstenciones). La sesión se llevó a cabo con la presencia de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) y del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), que se oponen al traspaso que consideran “inconstitucional” y un “avance sobre la independencia del Poder Judicial”.  

De esta manera, a pesar de la resistencia de los trabajadores, que vienen manifestándose en forma activa desde el año pasado, la transferencia comenzó a materializarse con la ratificación del convenio aprobado por el parlamento porteño. Las propuestas prevén que el traspaso se haga de manera gradual y se empezará por los 54 cargos vacantes, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías; de manera tal, que en la primera etapa se traspasarán 490, entre funcionarios y empleados del actual fuero penal Nacional.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Daniel Presti (PRO), aseguró que "la ratificación del convenio conlleva un reforzamiento de la autonomía de la Ciudad". Sobre las críticas, indicó que si bien "todo cambio genera incertidumbre, estos convenios no alteran ni amenazan ninguno de los derechos adquiridos por los trabajadores, no los afectaran de ninguna manera". Y resaltó que “no entendemos por qué los jueces nacionales se encargan de temas que son netamente locales, por eso necesitamos seguir avanzando en nuestra autonomía como Ciudad”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria, en cambio, cuestionaron el "apuro del PRO en el tratamiento del traspaso de la justicia nacional" y "la incertidumbre de los derechos laborales de los trabajadores traspasados y las desprolijidades institucionales en un tema tan sensible para la autonomía de la Ciudad".  "Tenemos que completar autonomía de la Ciudad, pero hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad. En ese proceso no se pueden llevar puestos ni a las instituciones ni a los trabajadores", señaló el jefe de bloque, Carlos Tomada.

Al respecto, el FpV reclamó por la ausencia de una "evaluación presupuestaria", la determinación de "plazos ciertos" para llevar a cabo el traspaso, la confección de una guía y la garantía de que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores. 

En tanto, Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, denunció que “aunque se presenta el traspaso como parcial, está en marcha en el Congreso una reforma de la ley Cafiero que le otorgará un cheque en blanco a los dos gobiernos –el de Nación y el de Ciudad- ´para traspasar a los otros fueros sin pasar por la aprobación legislativa”.  “En consecuencia -continuó Ramal-  el Gobierno aprovechará la existencia de un gran número de juzgados vacantes para nombrar jueces adictos, gracias a su dominio del Consejo de la Magistratura Local”. 

A pesar de estos planteos, entre la dirigencia capitalina no existen tantas divergencias como en el Congreso de la Nación. La mayoría de los dirigentes porteños cree que la transferencia de las competencias judiciales corresponde a un mandato constitucional, que incluye la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Sin embargo, el Ejecutivo la tiene más difícil en las cámaras de Senadores y Diputados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, decidió desdoblar (dos en cada cámara) los cuatro proyectos que aprobó hoy la Legislatura. Con la firma del presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete Marcos Peña, Garavano envió la transferencia del fuero penal y del RPI al Senado y el traspaso de la Justicia de Consumo y de la IGJ a Diputados.

Allí debe enfrentar la oposición no sólo de los empleados judiciales, sino también de los propios magistrados y de los legisladores del interior, que hasta hoy forman parte de la ronda de negociaciones para designar a los jueces y que, de aprobarse este proyecto, dejarán de hacerlo. 

Entre las principales razones por las que los magistrados se oponen al traspaso, hay cuestiones vinculadas a la situación laboral y también simbólica de los jueces. Hoy, los jueces nacionales tienen un mejor salario que los jueces porteños. Además, pretenden mantener la obra social y la caja jubilatoria. Una fuente judicial que pidió anonimato explicó a Página/12, también, que “los jueces federales viven esto como una degradación, una rebaja de su estatus porque  pasan de ser `nacionales` a `municipales`”.