El hallazgo de las 600.000 dosis de la vacuna triple bacteriana acelular que el gobierno de Mauricio Macri dejó vencer sin distribuir pese a que estaban previstas dentro del Plan Nacional de Vacunación, desembocó en una denuncia penal de la Oficina Anticorrupción (OA) el viernes a última hora. El organismo reconstruyó el increíble trayecto de las vacunas, que llegaron a pasar siete meses en la terminal de cargas de la aduana, durante y luego de lo cual nadie chequeó la cadena de frío, y del dinero que se gastó en la compra y luego su almacenamiento. Pero constató, además, que la incidencia de las tres enfermedades a prevenir (tos convulsa, difteria y tétanos) aumentó en 2019 por la falta de inmunización de la población el año anterior. La presentación, que le tocó al juez Sebastián Casanello, compromete a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, así como a Carolina Stanley que también tuvo el tema a su cargo. Los delitos señalados son "propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa" en su variante culposa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

El ministro de salud, Ginés González García, había hecho pública en agosto la aparición de las vacunas en un frigorífico. La denuncia penal, a la que accedió PáginaI12, detalla que las 600.000 dosis de la triple bacteriana acelular del laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A fueron adquiridas por el ex ministros de Salud en los inicios del gobierno de Macri, Lemus. Las vacunas son adquiridas a través de un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, que garantiza un precio y la provisión. En esta ocasión llegaron en un vuelo de Martinair, una línea holandesa. 

La triple bacteriana protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Se aplica a mujeres gestantes y niñes de 11 años, según el calendario nacional de vacunación. La presentación de la OA informa que se pagaron 6.610.306 dólares por todas las dosis que se vencieron. La factura es del 26 de noviembre de 2016, aunque habían sido encargadas en septiembre. Había seis lotes: uno vencía en abril de 2018, tres en junio y dos en agosto de ese mismo año. El embarque llegó a Buenos Aires el 7 diciembre de 2016, y entró a la aduana y quedó en la terminal de cargas (de Aeropuertos Argentina 2000) durante siete meses, hasta el 13 de julio del año siguiente. Ese día las vacunas fueron llevadas al Frigorífico Oneto. En el chequeo inicial, resultó que había frascos rotos y otras averías. Eran 60 dosis inutilizadas. 

Pese al tiempo transcurrido recién en ese momento se hizo una verificación de los sensores de temperatura que venían con la carga para garantizar la cadena de frío. Resultó que los sensores en cuestión habían vencido en diciembre. Las vacunas fueron ingresadas a un sector llamado "cuarentena", hasta que se verificara si estaban en condiciones de ser distribuidas, para lo que hacían falta los termogramas de la terminal de cargas, que ni siquiera fueron reclamados. Ahí quedaron hasta el 16 de julio de 2018, cuando fueron trasladadas al sector "vencidos" del frigorífico contratado, para que después fueran destruidas. Un segundo procedimiento consistió en la contratación del "servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final" de 40 toneladas de residuos peligrosos que estaban en el frigorífico Oneto. Por lo que correspondía a las vacunas se pagaron 4.370.000 pesos. Pero por el total de lo que se almacenó allí se pagaron 205.207 dólares. 

La denuncia explica cómo a lo largo de los cuatro años del gobierno de Macri, la estructura del ministerio de Salud cambió, incluso fue degradado a secretaría, por lo que las estrategias de vacunación y las campañas fueron cambiando de dependencias. Por lo menos hubo modificaciones en seis oportunidades, según la presentación. 

La OA pidió informes al Ministerio de Salud no sólo para reconstruir el trayecto y los controles sobre las vacunas adquiridas, sino el impacto en la salud pública de su falta de distribución. Quedó claro allí la caía en la tasa de vacunación con triple bacteriana en 2018 y el incremento de las enfermedades que debe prevenir. 

* El coqueluche es una patología aguda, altamente contagiosa, de las vías respiratorias y también se la conoce como tos convulsa. Creció en 2019 un 8,33 por ciento. La tasa de letalidad fue de 1,2 por ciento, el doble que el año anterior: murieron 947 personas por esta enfermedad ese año, 47 casos más que en 2018. 

* La difteria, enfermedad infecciosa, que comienza con dolor de garganta y fiebre pero en casos graves puede generar una toxina capaz de bloquear las vías respiratorias. Cuando pasa al torrente sanguíneo puede lesionar le miocardio, afectar el corazón y causar parálisis. Se transmite de persona a persona fácilmente. El último caso de difteria se había registrado en el país en 2006. En 2019 hubo cuatro sospechosos, uno de ellos confirmado. 

* El tétanos es una patología transmisible, tóxico infecciosa, que se caracteriza por espasmos musculares intensos y rigidez generalizadas. Puede ser mortal. Es infrecuente hoy en día por la existencia de la vacuna. En 2019 hubo 7 casos sospechosos de tétanos, seis confirmados, dos de los cuales terminaron en muertes. Los brotes de tétanos están relacionados con la falta de inmunización.  Por estas consecuencias, la OA atribuyó a los ex funcionarios y funcionarias responsables el delito de "propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa", que prevé de seis meses a cinco años de prisión, y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con penas de un mes a dos años de cárcel. La clave es que no se cumplió con la Ley de Vacunación Obligatoria (22909). Esa norma impone a las autoridades sanitarias cumplir y hacer cumplir sus disposiciones, ejecutar los programas de vacunación y asegurar la suficiente cantidad de vacunas, el personal y los elementos para aplicarlas. "la normativa vigente imponía a cada uno de los ministros la obligación de fiscalizar la ejecución relativas a la salud de la población y específicamente la programar y dirigir los programas de vacunación", dice la OA. En cuanto a los montos pagados, el organismo señala que "se habrían abonado en perjuicio del erario público estatal". La OA señala como responsables a los ex ministros Lemus y Rubinsten junto con Stanley, además de quienes estuvieron a cargo de secretarías, subsecretarías y direcciones que debían llevar adelante los planes de vacunación y campañas.