En un trámite que llevó apenas 48 horas, la justicia rionegrina ordenó y ejecutó, en la tarde de ayer, el desalojo de la Comunidad Gallardo Calfu de las “tierras ancestrales” que intentaban recuperar, desde el 15 de octubre. El predio, ubicado en El Foyel, involucra una superficie de 600 hectáreas. Hubo detenidos de la comunidad y se trasladaron a la zona abogados de organismos de Derechos Humanos y funcionarios, entre ellos la gobernadora Arabela Carrera. En el foco del problema se encuentra la titularización de las tierras, que las organizaciones indígenas designan “de dudosa legitimidad”, a nombre de Miguel Soriani, realizada en 1980. En ese momento surgió el conflicto que se hizo visible esta semana.

“Fue un desalojo exprés, ordenado por la gobernadora y aceptado por la justicia”, señaló Orlando Carriqueo, dirigente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “En 48 horas, en las que no estaban ni formulados los cargos, hicieron todo, y hoy (por este lunes) se produce el desalojo, hay un corte en la ruta 40 a la altura de Mascardi, por donde la gobernadora tuvo que pasar para ir a El Foyel. Y hay detenidos de la comunidad que fueron llevados a El Bolsón”, confirmó Carriqueo a Página/12.

Al intentar atravesar el corte de ruta, el vehículo donde se trasladaba la funcionaria fue apedreado. “Esto es lo que logra la falta de diálogo, porque existe una clara política antimapuche --definió Carriqueo--, pero el conflicto no se soluciona así, porque el tema es histórico, no se resuelve con el desalojo”. El dirigente señaló también “la provocación de querer pasar por la zona del corte, que solo busca romper cualquier tipo de acuerdo, y es lo que busca ahora”.

Desde la comunidad explicaron al ingresar al predio que “las tierras fueron adquiridas de forma fraudulenta”, por un supuesto acuerdo realizado hace 40 años, cuando “nos despojaron del territorio mediante una estafa, por parte de Miguel Arturo Soriani que trabajaba en un aserradero de El Foyel donde conoce a Sixto Gallardo Calfu”. Soriani “se autoproclama encargado y administrador de las tierras --detalla el comunicado de la Lof Gallardo Calfu--, y por medio de engaños logra que Sixto Calfu firme documentación del campo a su favor”. Sixto no sabía leer y el privado, cuentan, “con respaldo del estado provincial, logra la transferencia de las tierras a su nombre, pasando a ser comprador inmediato de gran parte del territorio, a cambio de un terreno en El Bolsón. Permuta que nunca fue comprobada”.

El único integrante de la familia que quedó en el predio fue Elías Gallardo, quien “se niega en 1985 a firmar un deslinde de las tierras y evita el despojo total de la familia. Se encuentra todavía adentro del territorio, arrinconado en una pequeña parcela”, relatan.

Con ese antecedente, la familia Gallardo Calfu decidió ingresar al predio. “Y la familia Soriani se mantuvo en su casa por propia voluntad. Si querían salir lo hubieran hecho, no estaban secuestrados, como dicen, incluso los protegía la policía”, agrega Carriqueo.

Ante la inminencia del procedimiento judicial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche denunció públicamente que la justicia impuso el desalojo sin que medien opciones de diálogo. Se actuó en línea con la gobernadora, señaló la APDH, ya que la funcionaria sostiene que debe ponerse fin “al problema de las tomas”, sin reparar en las causas históricas y jurídicas que devienen en los conflictos presentes sobre muchos territorios de la provincia vinculados a las comunidades indígenas.

“Se ha tomado una inusual postura urgente, no demostrada a través del tiempo en otros casos de violencia institucional”, expresó el comunicado de la APDH. Y agregó que se desconoció el planteo del abogado Manuel Mansilla, representante de la comunidad, por recusar al juez interviniente y a los fiscales, por su postura contraria a la defensa ecuánime de las partes.

Por su parte, el INAI comunicó que “se remitió un escrito al Juzgado Penal interviniente, solicitando una mesa de diálogo”. Además, solicitó “ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Dirección Provincial de Tierras, los antecedentes dominiales, en relación a documentos y títulos sobre el LOTE IX, Parcela 79, Paraje El Foyel”.

La comunidad reclama administrativamente la recuperación de las tierras desde 2013, cuando hizo la denuncia ante la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras, en la Legislatura de Río Negro, explicó Carriqueo, pero no tuvo resolución. Aun así, “se hizo un pedido de relevamiento territorial, a través de la Ley 26.160, y está en el listado de territorios a relevar”.

El dirigente indígena agregó que en el lugar desapareció hace dos años un peón. Se trata de José Luis Alvarado, trabajador de la estancia propiedad de Soriani que desapareció el 23 de febrero de 2018. “Esas son las personas de bien, los buenos vecinos que defiende la gobernadora”, concluyó Carriqueo.