El gobierno nacional lanzó un programa para que las fuerzas de seguridad federales reajusten sus pautas de uso de las armas de fuego reglamentarias. La iniciativa readecúa la normativa a los cánones internacionales en materia de derechos humanos y apunta a garantizar la “protección de la integridad psicofísica” de policías, gendarmes y prefectos.

La medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y se enmarca en los procesos de readecuación del uso de la fuerza impulsados por la ministra Sabina Frederic, que van a contramano de la permisividad y discrecionalidad que caracterizó a la gestión anterior de Juntos por el Cambio.

El inicio del "Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego" fue oficializado a través de la Resolución 377/2020 publicada en el Boletín Oficial y establece pautas sobre el tipo de casos en que se deberán utilizar las armas de fuego, y cómo debería ser su uso.

Para esto, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tendrán un plazo de 30 días para readecuar la normativa anterior y ajustar los criterios de organización “a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego”.

“Será objeto del Programa todo hecho en el cual se produzca disparo de armas de fuego y que involucre a personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, haya o no heridos o fallecidos como consecuencia de dicho suceso”, puntualiza la resolución firmada por Sabina Frederic.

Los objetivos del programa

En el texto se destaca la necesidad de respetar los "principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", adoptados por la Naciones Unidas (ONU). La mira estará puesta en “cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego".

Uno de las clave será disminuir "las consecuencias letales y lesivas del empleo de armas de fuego” por parte de las fuerzas de seguridad, así como también la “protección de la integridad psicofísica del personal interviniente”.

Se trata de un programa que pondrá el eje en el “fortalecimiento de la formación profesional, la supervisión de la doctrina y el aseguramiento de condiciones adecuadas de salud y equipamiento".

Para esto se creará un Gabinete de Asesores conformado por especialistas que se encargarán de la instrucción a los policías, gendarmes y prefectos estará a cargo del ministerio y no implicará una erogación extra en los presupuestos de cada una de las fuerzas involucradas.

Lo que la resolución también indica que podrán dar recomendaciones para el diseño de las nuevas políticas sobre uso de armas de fuego los integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, así como también integrantes de organizaciones civiles especializadas en la materia.