La Corte Suprema no parece tener el mismo el apuro que les impuso al Consejo de la Magistratura y a la Procuración (a quienes les dio un plazo de 48 horas) para tomar una decisión sobre la validez de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli, nombrados a dedo por el macrismo en cargos en Comodoro Py. Los supremos tuvieron este martes su reunión de acuerdo por Zoom pero no definieron el esperado fallo que tanto el Gobierno como la oposición aguardan con ansias ante las implicancias políticas que los medios afines a ésta última lograron instalar. Al momento del encuentro remoto ya habían pasado 21 días desde que el tribunal aceptó el per saltum en un plenario extraordinario en el que su presidente, Carlos Rosenkrantz, impuso el tratamiento del tema. Para ese entonces ya había pasado más de un mes desde que el trío BBC hizo su pedido de socorro.

El clima de desconfianza recíproca que reina en la Corte se exacerba cuando las reuniones son por videoconferencia. Nadie sabe a ciencia cierta quién más puede estar escuchando. Los grandes temas se plantean, pero nadie profundiza demasiado. La cuestión de los traslados tuvo un lugar estelar en la agenda --aunque también se habló del pedido de aumento salarial que realizan los judiciales-- pero los integrantes del tribunal no cantaron sus votos en el momento. Habría más de un borrador en proceso de redacción. Igual que en 2018, cuando se planteó la discusión por los nombramientos por el mecanismo de traslado de un cargo a otro de jueces y juezas que implementaba el gobierno de Cambiemos, hay un intercambio más fluido por fuera del plenario oficial entre Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Es el mismo trío al que el exministro Germán Garavano bautizó de manera peyorativa como “mayoría peronista”, porque no le había gustado lo que decía la acordada 4, firmada en aquel entonces: que a los jueces se los elige con las reglas del procedimiento constitucional, que establece la intervención del Consejo de la Magistratura, que sustancia los concursos y vota las ternas, el Poder Ejecutivo, y el Senado, que debe prestar acuerdo.

En ese momento el disparador de la discusión fue que por una ley impulsada por el macrismo se convertían tribunales ordinarios (que juzgan delitos comunes) en federales. Así se intentó armar el Tribunal Oral Federal 9, para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la Corte puso freno y el intento no prosperó. Ahí fue cuando comenzaron otros nombramientos por traslado, en juzgados, cámaras y tribunales orales, entre los cuales figuran los de Bruglia y Bertuzzi, que pasaron a la Cámara Federal desde el Tribunal oral federal 4, y el de Castelli, que pasó de un tribunal en San Martín, al Tribunal Oral Federal 7 en Comodoro Py. Ninguno concursó para esos cargos ni obtuvo acuerdo del Senado. En plena polémica sobre traslado de Bruglia --cuyo decreto Mauricio Macri firmó el 9 de abril de 2018-- la Corte firmó una segunda acordada con los votos del mismo tridente, que decía que cuando el traslado era a un cargo en distinta jurisdicción, competencia o jerarquía, debía haber acuerdo del Senado. Ese pronunciamiento supremo fue dos días después.

Hoy cada quien hace la lectura que mejor le sienta sobre aquellas acordadas, que son eje de deliberación en relación a los traslados. Los medios afines a la oposición anuncian un fallo favorable a los jueces porque interpretan que las acordadas los benefician. El oficialismo hace la lectura contraria. La Corte evalúa matices, según lo poco que hasta ahora deja trascender: tanto en lo que se refiere al alcance del fallo (si será solo para los casos concretos, si será igual para los tres demandantes, si tendrá criterios generales) como a quién podría favorecer. Desde hace tiempo, en los virtuales pasillos tribunalicios circula una opción salomónica, al estilo Lorenzetti, que les permita a los BBC quedarse en los cargos donde fueron trasladados hasta que termine el concurso para esas vacantes, que por cierto estaba en desarrollo, algo que hizo notar oportunamente la Cámara Federal.

Una de las muestras de que el macrismo tenía noción de la discusión y las objeciones en puerta, fue que apenas después de la acordada 4 de la Corte Suprema, que señalaba el proceso complejo y completo de designación, los diputados Pablo Tonelli y Mario Negri presentaron un proyecto de ley para hacer nombramientos de jueces sin pasar por el Senado. No tuvieron éxito, pero avanzaron los traslados igual.

Hay dos datos que sugieren que el fallo supremo no debería demorarse mucho más. Por un lado, las licencias extraordinarias de Bruglia y Bertuzzi vencieron el 18 de octubre y aún no fueron renovadas. Castelli pidió la suya días atrás, y tampoco tuvo respuesta. En los hechos, están en un limbo. Por otro lado, es muy infrecuente que un per saltum demore tanto tiempo. El llamado caso “Rizzo”, que fue el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la reforma judicial que impulsó CFK en 2013, se resolvió en pocos días. Desde que la Corte abrió el recurso del Colegio de Abogados hasta que resolvió el fondo, pasaron cinco días. Todos los supremos menos Raúl Zaffaroni voltearon aquella reforma de un plumazo.

Tanto el Consejo como la Procuración cumplieron con el plazo de 48 horas que impuso la Corte apenas abrió el per saltum de los BBC. El Consejo defendió la resolución en la que cuestionó los traslados de ellos y otros siete jueces. La diferencia fue que éstos últimos aceptaron pasar por el Senado, para conseguir el acuerdo, y ellos faltaron a la audiencia pública, lo que derivó en que una mayoría de 41 senadores votara desechar sus traslados, lo que luego hizo también Poder Ejecutivo, y convalidó la Cámara de Casación. El Procurador interino, Eduardo Casal, al revés, hizo una defensa corporativa de los jueces y sus nombramientos a dedo. Dijo que habían sido “removidos” y que el Consejo no podía actuar de manera retroactiva y revisar lo que el mismo cuerpo había decidido antes, con otra composición, al aprobar los traslados.

La Corte parece encaminada a poner algún plus a su resolución, pero no está claro cuál. Sólo Rosenkrantz expuso públicamente su postura a favor de los jueces atrincherados. El resto es especulación de la alianza político-mediática que encuentra su tercera pata en el sistema judicial.