Tras el desastre ambiental que generaron los incendios forestales que ya consumieron 500 mil hectáreas en todo el país, la comisión de Comisión Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados buscará este miércoles dar dictamen al proyecto que pone fin a la especulación inmobiliaria y financiera sobre las tierras arrasadas por el fuego, la mayoría de ellas con intervención del hombre y de forma intencional. El texto de la iniciativa que impulsan el Frente de Todos y los interbloques federales, prohíbe por 60 años los cambios en la utilización del suelo en los bosques nativos, áreas protegidas y humedales incendiados; y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. El proyecto también establece la ampliación del presupuesto del Plan Nacional del Manejo del Fuego para afrontar la emergencia ambiental.

La emergencia no permite más dilaciones. Así lo entienden los promotores del proyecto que buscarán este miércoles darle dictamen a la iniciativa que propone modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y que establece “lapso mínimo de años que garanticen la recuperación de superficies incendiadas”. “Empezamos un debate que consideramos urgente porque vemos continuamente el avance de la especulación inmobiliaria y cómo algunos capitales extienden la frontera sojera a costas de ecosistemas, de flora y fauna irrecuperable”, dijo el presidente de la comisión Leonardo Grosso (FdT) a Página/12.

El texto de la iniciativa prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios y que impliquen cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. “Con esta ley queremos ser claros: la acumulación y la concentración de la riqueza no puede significar la destrucción de nuestra tierra, el suelo de los argentinos no está a merced de los negocios de unos pocos. Puede haber producción y protección del ambiente, no hay contradicción”, insistió Grosso ente este diario.

El proyecto tiene un fuerte respaldo parlamentario. La iniciativa impulsada por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cosechó rápidamente adhesiones de distintas bancadas: Eduardo Bali Bucca (Justicialista) y Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), rubricaron y respaldaron el texto del proyecto.

La única excepción fue el macrismo y sus aliados de Juntos por el Cambio, que se negó a avalar las restricciones al cambio del uso del suelo y van a la comisión con su propio proyecto sobre “presupuesto mínimos de protección ambiental en materia de incendio forestales y rurales”, que propone crear un fondo nacional para el manejo del fuego. Una propuesta que también incluyó el proyecto del FdT en su artículo 4, luego de una reunión con los asesores de la comisión el viernes pasado. Allí se propone la creación de ese Fondo Nacional para ampliar la capacidad presupuestaria de la autoridad de aplicación del Plan del Manejo del Fuego. Que, entre otros aportes, incluye “una contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”. "El Fondo Nacional de Manejo del Fuego podrá ser instrumentado mediante un Fideicomiso para su administración, a ser operado por la banca pública, cuyo objeto será el cumplimiento de las mandas de la Ley 26.815”, sostiene el articulado sobre su asignación específica.

Así las cosas, existe una mayoría legislativa que no tendría inconvenientes para obtener el dictamen del proyecto que pone freno a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras quemadas, para llevarlo lo más rápido posible al recinto de la Cámara baja y darle media sanción. Tampoco existirían dificultades en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia y las provincias comparten su preocupación por los incendios forestales y sus consecuencias ambientales.  

El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales” y “garantizar su restauración”. Es estos casos las prohibición por 60 años incluye “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares y fiscales; y cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Las mismas prohibiciones también se aplicarán y se extenderán por 30 años para "zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.